FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) La Generalitat Valenciana lanza el 'Pla Hábitat 20-30' para duplicar del parque de vivienda con fines sociales durante la próxima década, potenciar la política local de vivienda y desarrollar la ley por la función social de la vivienda.
Esta estrategia, presentada por el vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, llega después de un proceso participativo con los agentes del sector y otras administraciones y colectivos ciudadanos, informa el Consell en un comunicado.
El resultado es que "por primera vez, la Generalitat cuenta con un plan estratégico y una hoja de ruta en vivienda", junto a una estrategia a largo plazo que, desde un análisis objetivo de situación habitacional, fija un horizonte realizable a diez años.
Se trata de un instrumento con el que garantizar la función social de la vivienda y proporcionar un servicio público de calidad homologable a los referentes europeos. "Sellamos públicamente un acuerdo con toda la sociedad valenciana para los próximos diez años, un acuerdo que no es solo político, sino también, y muy especialmente, ético", ha recalcado el vicepresidente, de Podem, para "decir de una vez por todas que el problema de la vivienda en la Comunitat tiene solución".
Busca responder a la situación de emergencia habitacional en la Comunitat derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria, ya que desde 2013 se han acumulado casi 55.000 ejecuciones hipotecarias y cerca de 31.000 lanzamientos por impago del alquiler.
A estas cifras se suma el hecho de que por la crisis inmobiliaria se ha paralizado la construcción de vivienda de protección oficial y de que "entre 10.000 y 15.000 viviendas al año pierden su protección pública, además de verse reducido el parque público".
De hecho, las personas en situación de vulnerabilidad y con necesidad urgente de una vivienda rozan las 25.000 familias, según una encuesta de necesidad de vivienda. El plan es la respuesta frente esta "necesaria reestructuración de la política de vivienda pública".
Dalmau, en esta línea, ha destacado la reciente aprobación del decreto-ley para la ampliación de viviendas públicas por el derecho de tanteo y retracto como herramienta "ágil y eficiente" para aumentar el parque público y proteger el derecho a la vivienda. Otros compromisos son impulsar la transición ecológica y la descarbonización del sector y establecer unos criterios claros y cuantificables.
En el plan se establecen cuatro retos a partir de tres ejes estratégicos y nueve objetivos específicos. Cuenta con 132 actuaciones distribuidas en función de su naturaleza: análisis y diagnosis, planificación, ejecución, coordinación y clarificación, formación y sensibilización y transparencia y participación.
Todas están sujetas a un calendario que consta de tres fases. La primera, denominada de transición, de 2020 a 2022, persigue reconducir la política de vivienda precedente. La segunda, de consolidación hasta 2026, es para profundizar en los cambios introducidos. Y la tercera de expansión, de 2027 a 2029, pretende aprovechar los "cimientos" para conseguir los objetivos.
