La Generalitat recupera siete millones de euros de las causas de corrupción desde 2016

VALÈNCIA. El retorno a las arcas públicas del dinero sustraído en las causas de corrupción es uno de los trabajos más complicados cuando ya existe sentencia firme en los tribunales. Tanto la propia Justicia como la Administración trabajan en ello a lo largo de años, en unas ocasiones con más éxito que en otras y con dificultades para que las cantidades en las que se cuantifica el perjuicio económico vuelvan en su totalidad. La venta de patrimonio embargado a los condenados y la voluntad de colaboración de algunos ante la posibilidad de obtención de beneficios penitenciarios ha ayudado en varios de los casos más recientes de ejecuciones de sentencia. Entre 2016 y la actualidad, la Generalitat ha logrado recuperar un total de 7 millones de euros de la corrupción. Tarea de la que se encarga el director general de Relaciones con Les Corts, Antonio Torres. 

Las cantidades ingresadas más recientes corresponden a 192.000 euros del exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo, que desde el pasado noviembre se encuentra en prisión para cumplir la condena de 10 años que le fue impuesta por el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público de Emarsa, la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo. De esta causa con más de 20 condenados por los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad se han conseguido retornar a las arcas públicas un total de 1,13 millones –la mayoría pagados por los empresarios–, según los datos ofrecidos por la Generalitat. 

Aun así, todavía queda por comprobar qué ocurrirá con las cantidades que figuran en la responsabilidad civil de otras piezas en las que se dividió, como la de fraude con el IVA o la de blanqueo de las mordidas de Emarsa. Precisamente en esta última es altamente improbable que el dinero sea recuperado. Hace pocas semanas, el Tribunal Supremo absolvió al empresario Vicente Gil y a sus hijos Vicente y Yolanda, revocando la sentencia de la Audiencia Nacional de 2019. En la resolución, únicamente confirmó la condena para el considerado como cerebro de la trama, Jorge Ignacio Roca Samper (también actualmente en la cárcel). 

Por vía de responsabilidad civil, la primera sentencia estableció que los cuatro debían indemnizar con 913.568,50 euros a la Epsar, que es de la Generalitat, y la Emshi, heredera de la antigua Emarsa. Esa cantidad era solidaria, por lo que ahora mismo sólo recae en Roca Samper. Sin embargo, sus bienes se encuentran embargados, al igual que sus cuentas, y resultará complicado que todo ello alcance para cumplir con esta nueva indemnización. 

Uno de los casos en los que más dinero se ha logrado reintegrar es en Terra Mítica, la estafa cometida en los años 2000 y 2001 durante la construcción del parque de atracciones ubicado en Benidorm. La cuantía asciende a los 3,27 millones de euros. Todos ellos corresponden a las deudas del pago del canon por derecho de superficie de siete empresas, que han acabado liquidando las cantidades. Éstas tenían una concesión para usar el suelo, pero parte de esos cánones los abonaban en especie –por ejemplo noches de hotel, entradas o partidos de golf– a la Sociedad Proyectos Temáticos (dependiente de la Conselleria de Hacienda). 

Subastas pendientes en Cooperación

Del caso Cooperación –el desvío de fondos al Tercer Mundo– han regresado a las arcas públicas 2,05 millones de euros tanto en metálico como en venta de inmuebles. El último ingreso fueron 609.000 euros correspondientes al importe de adjudicación de la finca de la que el exconseller Rafael Blasco es propietario en Alzira tras una subasta pública. 

Pero a ellos se tendrán que sumar más. De un lado, tres inmuebles (dos viviendas y un chalet en Les Rotes en Dénia) pertenecientes a tres funcionarios condenados. Éstos se encuentran en trámite en el Tribunal de Cuentas, que ya ha encargado la subasta pública al Consejo General de Procuradores de España (mismo procedimiento seguido con la propiedad de Blasco) y está pendiente de salir. De otro lado, hay tres apartamentos y un yate que el empresario Augusto César Tauroni tiene en Miami y cuya tramitación gestiona un tribunal de allí.

Del caso Fitur, el amaño de contratos del pabellón de la Comunitat Valenciana que se investigó dentro del caso Gürtel, se han recuperado unos 300.000 euros y se encuentra prácticamente liquidado, informan desde la Generalitat. 

El Gobierno autonómico también ha reintegrado las deudas del PP y de Bancaja relacionadas con el Palau de Les Arts (más de 58.000 euros), mientras que el partido habrá de empezar a abonar en breve las de Feria Alicante –ha pedido hacerlo por plazos–. 

Por último, se encuentran los abonos realizados por diversas empresas: Hupa Comunicación por la Fórmula 1 (casi 19.000 euros), Impursa por Terra Mítica (casi 17.000) y la Volvo (262.000). A lo que se suman algunas pequeñas cantidades de costas judiciales, como las de la exdirectora del Ivam Consuelo Císcar.