VALÈNCIA. Tras más de un año a vueltas con la instalación de cajeros automáticos en los municipios sin oficina bancaria ni fórmula alternativa financiera, Presidencia de la Generalitat ha decidido dejar sin efecto el proceso en el que estaba inmersa para replantearse la fórmula ante la falta de interés de las entidades bancarias.
Así lo recogía este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), donde se dictaba una resolución por la que deja sin efectos, "por causas sobrevenidas", la convocatoria de las ayudas que buscaba dar una salida a las localidades que, a día de hoy, no cuentan con medios para resolver las necesidades financieras de sus habitantes.
En este sentido, la intención desde Presidencia es rehacer los pliegos para adaptar las condiciones de esas ayudas a la crisis originada por la pandemia por coronavirus. Y es que, a pesar de que la convocatoria se había puesto en marcha el 5 de marzo, ninguna entidad bancaria se ha presentado al concurso por lo que han decidido replantear los pliegos. "Existía un riesgo importante de que la actual convocatoria quedara desierta dado que las condiciones económicas no se ajustan ya a la gravísima crisis generada por la covid", señalan.
Según han explicado desde Presidencia, entre las mejoras que se introducirán, se han flexibilizado condiciones como el modelo de cajero, que será el que tenga homologado e instalado en sus oficinas cada entidad financiera, o el número de horas de atención presencial, que también podrá hacerse de forma telemática. Tampoco se exigirá que los cajeros operen obligatoriamente con libreta.
Evidentemente, estas medidas podrían ser demasiado complejas para los ciudadanos que a día de hoy queda en esas poblaciones, y que suele ser un perfil de gente mayor que no domina las nuevas tecnologías. Mientras, desde la Generalitat aseguran que la intención es poner en marcha, "cuanto antes", una iniciativa que permita resolver el problema de la exclusión financiera.
Según insisten, la convocatoria se había quedado "desfasada" y era necesario rehacer los pliegos para mejorar las condiciones y adaptarlas al contexto actual de crisis, "asegurando la máxima participación de las entidades financieras". "Se trata de que no quede desierto el proceso y haya que volver a empezar de cero", apuntan desde Presidencia.
Jeanette Segarra, Directora General de l’Agenda Valenciana Antidespoblament, AVANT, señala que se trata de un “contratiempo más de los muchos que el Covid nos ha ocasionado en diferentes ámbitos de la sociedad”, pero que “la lucha contra la exclusión financiera sigue siendo una prioridad del Consell”. Sin embargo, insiste en que se cambiarán las bases. " Se trata de un proyecto de justicia social que de ninguna forma se va a paralizar. Todo lo contrario, estamos ya trabajando para que en su nueva formulación recoja esa nueva realidad y el proyecto salga adelante lamentando este retraso de unos meses", señala.
Hay que recordar que el proyecto impulsado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, representaba una inversión de 5,9 millones de euros, en un plan cuatrienal, para dotar del servicio de 135 cajeros automáticos a 124 municipios de la Comunitat Valenciana.
Su nombre está asociado a la banca pública, donde lleva más de veinte años, y, desde hace unos meses, ostenta el cargo de director general del IVF, un puesto que conoce bien y desde el cual defiende las funciones del brazo financiero de la Generalitat