Gabriela Bravo, consellera de Justicia y Administración Pública. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La Generalitat valenciana tendrá que desembolsar hasta 20 millones de euros para pagar la carrera profesional a los interinos. Un complemento retributivo que solo percibían los funcionarios de carrera de la administración y que la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2017, sin embargo, obliga a hacer extensivo también a estos empleados públicos con más de cinco años de antigüedad.
El fallo, que ratificaba un auto previo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), reconocía además el derecho a que este complemento se pagara con efectos retroactivos. Es decir, la administración valenciana tenía la obligación de pagar la carrera profesional a sus interinos desde enero de 2015, que fue cuando se comenzó a pagar este plus que reconoce la experiencia y méritos conseguidos.
Desde entonces, sin embargo, han pasado casi tres años y el Consell no ha resuelto los pagos a pesar de haber reconocido ese derecho posteriormente con el decreto 201/2018 del 23 de noviembre. Un retraso que critican sindicatos como CSIF, que exige el "pago inmediato" de este complemento tras años de espera.
La Conselleria de Función Pública que dirige Gabriela Bravo explica en relación con este atraso que el plazo para resolver este procedimiento finalizaba el 28 de diciembre, pero mediante una resolución se prorrogó el periodo para hacerlo en dos meses más como máximo. Lo que sitúa la línea roja en el próximo 28 de febrero.
Así, Función Pública ha recibido por el momento un total de 6.866 solicitudes de interinos para que se les reconozcan los pagos. La Generalitat debe cotejar qué cantidad pertenece a cada persona en función de la antigüedad y méritos obtenidos a través de cursos de formación puesto que cada caso es particular. Una coyuntura que complica y ralentiza, explican, la resolución y el cálculo de cada caso y su montante total.
Ahora bien, conviene apuntar que entre estas casi 7.000 personas también se encuentran algunos funcionarios de carrera que prestaron previamente servicios como personal interino en su vida laboral, si bien los sindicatos calculan que el número de interinos 'puros' sería de más de 5.000 personas. La Conselleria de Bravo, admite además, que a estas cifras añadirán otras 2.647 resoluciones que se dictarán "de oficio respecto a empleados públicos que no han solicitado nada y les corresponde".
Con la cuenta atrás ya a punto de finalizar, el Consell del Botànic II ha reservado en los Presupuestos de 2020 un total de 80 millones de euros para hacer frente al pago de este complemento para el personal interino, pero también para abonar algunos atrasos de este plus para el personal funcionario. De esta cuantía, la Conselleria calcula que la parte correspondiente a la carrera profesional de los interinos supone entre 18 y 20 millones de euros.
Subrayan, no obstante, que es la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler a quien corresponde el pago de estos complementos una vez terminen de dictarse resoluciones a partir de la finalización del plazo el 28 de febrero. Por el momento, "ya se han preparado en torno al 80%", por lo que estiman que el próximo mes de febrero todas las solicitudes se habrán resuelto.
La Asociación de Interinos de la Generalitat Valenciana (Igeva), actualmente integrada dentro del sindiato UGT, pero antaño constituida de forma independiente, fue la encargada de llevar el complemento de carrera profesional a los tribunales. Lo hizo mediante la interposición un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno popular de Alberto Fabra por su regulación de la carrera de los empleados públicos. Concretamente, el sindicato cargaba contra el Decreto 186/2014 del Consell.
En este decreto se excluía a los interinos del cobro de esta retribución que los funcionarios iban a empezar a percibir en enero de 2015. La idea era que recuperaran de forma gradual la carrera profesional suspendida total o parcialmente, según los casos, por un decreto de enero de 2012 elaborado por el entonces conseller de Hacienda José Manuel Vela con el fin de recortar gastos. Sin embargo, el Ejecutivo de Fabra decidió paralizar dicha recuperación en 2014 con el decreto mencionado.
Cuando llevó el caso a los tribunales, Igeva alegó que la norma vulneraba la Constitución al establecer un "trato discriminatorio" entre el personal funcionario de carrera de la Generalitat y el interino y sostenía que violaba el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Generalitat de Ordenación y Gestión de la Función Pública. El TSJCV también lo entendió de la misma manera y más tarde el Alto Tribunal. El ministerio fiscal concluyó, además, que estos preceptos impugnados vulneraban también la Constitución dado que la temporalidad no podía "ser un factor" para reducir derechos.
Tres años después del fallo del Supremo, los interinos siguen esperando percibir este complemento que la Generalitat deberá abonar con carácter retroactivo y que junto a lo que se adeuda también a los funcionarios de carrera por meses de atrasos supone una cuantía para las arcas públicas nada desdeñable.
