José López Jaraba, momentos previos al juicio celebrado el pasado julio. Foto: EFEVALÈNCIA. El que pretendía ser uno de los mayores casos de corrupción de la etapa del PP, la causa de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), se queda prácticamente sin recorrido judicial. El exdirector general del ente José López Jaraba fue absuelto el pasado julio de los delitos de malversación, delito societario, prevaricación y fraude documental por unos contratos vinculados a la productora de José Luis Moreno.
Ante la sentencia dictada por la Audiencia de Valencia cabía recurso de las tres acusaciones que se mantenían: la Abogacía de la Generalitat, Compromís y la Confederación General del Trabajo (CGT). Finalizado el plazo, fuentes judiciales confirman que únicamente lo ha interpuesto el sindicato -quien solicitó ocho años de prisión para Jaraba-, de modo que tanto la Generalitat como el partido -que pidieron siete años de cárcel- desisten definitivamente.
El fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia complicaba que el asunto siguiera adelante. Los magistrados no consideraron probada la existencia de delito una vez valoradas todas las pruebas practicadas. Un criterio que compartía Fiscalía y que se alejaba, una vez más (al igual que en otros casos como Valmor o la Fórmula 1), del de la Generalitat.
La causa que parece que ahora toca a su fin se inició en 2014 a raíz de una denuncia presentada por Compromís por un agujero de 1.300 millones en RTVV. El juzgado imputó a Jaraba y a los exdirectivos Luis Redondo, Nuria Romeral, Lluís Motes y la que fuera consellera y portavoz del Gobierno autonómico Lola Johnson.
Con el avance de las investigaciones, únicamente se mantuvieron las sospechas sobre el primero por supuestas irregularidades en un contrato firmado con una productora de José Luis Moreno, Alba Adriática, para la serie 'Planta 25'. Un informe pericial señaló que se habían producido sobrecostes de alrededor de 1,4 millones en la contratación. Lo cual le llevó a juicio.
Pero tanto la Audiencia como Fiscalía concluyeron que el proceso administrativo fue correcto; que no hubo ningún tipo de acuerdo entre el acusado y el legal representante de la productora para beneficiar a la mercantil; que Jaraba no firmó el contrato para perjudicar a RTVV; y que los derechos de emisión de los capítulos no estuvieron sobrevalorados.
