CASTELLÓ. (EP). La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha mantenido reuniones con representantes municipales y técnicos de varios municipios de la provincia de Castellón para avanzar en la adjudicación de 71 viviendas públicas. La directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, y el director general de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), Alberto Aznar, se han reunido con los ayuntamientos en los que la Generalitat ha adquirido recientemente viviendas para ampliar el parque público.
En un primer encuentro han participado la concejala de Vivienda de Castelló de la Plana, María Jesús Garrido; las concejalas de la Vall d'Uixó de Servicios Sociales, Marta Artero, y la de Vivienda, Carmen García; la concejala de Bienestar Social de Nules, Rosa Ventura; el teniente alcalde de Onda, Óscar Valero; el alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, y la concejala de Servicios Sociales, María Teresa Alemany. En una segunda reunión se han congregado las alcaldesas de Almassora, Mercedes Galí, y Borriana, María José Safont, las concejalas de Servicios Sociales de Borriana, Esther Meneu, y de Vinarós, Berta Domenech, y la coordinadora de los Servicios Sociales de Benicarló, Lucia Nieto.
Pura Peris ha explicado que la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda "ha ampliado su parque público en estos municipios en 45 viviendas, a través de la puesta en marcha de mecanismos como la compra de inmuebles a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el tanteo o retracto o el concurso de compra".
Este aumento de inmuebles -según ha dicho- va a permitir facilitar el acceso a una vivienda digna y en alquiler asequible a muchas familias "que están en las listas de demandantes de vivienda, pero también para atender las emergencias habitacionales que se puedan dar en estos municipios o vecinos".
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, firmó una resolución que eliminaba el requisito de empadronamiento mínimo de un año que era imprescindible para acceder a una vivienda pública en un determinado municipio para aquellas personas que estén en situación de emergencia habitacional o residan en municipios donde no exista parque público.
Peris ha resaltado la importancia de esta medida, ya que -ha apuntado- abre un abanico de posibilidades para las familias que de manera urgente necesitan un lugar digno donde vivir y que antes, el requisito del empadronamiento, limitaba la gestión "enormemente".
Por lo tanto, ahora, la adjudicación de las viviendas públicas en los casos de emergencia habitacional se regula por los criterios de residencia -el solicitante deberá residir y estar empadronado en cualquier municipio de la Comunitat durante el año anterior a la solicitud- y de valoración en la adjudicación. Para ello, EVha valora la emergencia de cada caso propuesto por el ayuntamiento correspondiente, para poder asignar el inmueble disponible que mejor se adecúe a la composición familiar del solicitante.
En las reuniones, los representantes municipales han expuesto su situación concreta respecto a la oferta de vivienda, las solicitudes registradas y las emergencias habitacionales que hay que atender. Precisamente, se ha decidido que varias de estas viviendas sean para víctimas de violencia de género.
