La Guardia Civil sitúa a Aguirre en reuniones en las que se amañaron contratos públicos con la Púnica

VALÈNCIA. (EP). La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a empresas de la trama Púnica que habrían realizado trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007, si bien no concreta la fecha de estos encuentros ni el papel que ella desempeñó.

Así lo concluye la UCO en un informe, adelantado por El País y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que dice que tiene "constancia de la celebración de varias reuniones de trabajo" en las que "se impartieron instrucciones precisas para que se facilitara la contratación" a las empresas Over Marketing, Traci, Abanico y Link y en las que participaron, "entre otros cargos de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre", el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el vicepresidente regional Ignacio González, junto al empresario Daniel Horacio Mercado.

Apuntala su tesis con la declaración que el exconsejero de Sanidad de la comunidad Manuel Lamela prestó en sede policial, donde detalló en calidad de testigo "la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la CAM, la presidenta, la Dirección General de Medios de Comunicación (Isabel Gallego) y Daniel Horacio, "donde se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over Marketing en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación, trasladando esta instrucción de contratar a Over Marketing a su Asesor Técnico, Germán Rasilla".

Según el informe de la UCO, este "supuesto trato de favor" hacia Over Marketing y otras empresas de Daniel Horacio Mercado desde la Comunidad de Madrid tiene su origen en los trabajos que éste realizó para el PP en la campaña de las elecciones autonómicas y locales de 2003 y 2007.

Saldar deudas

Se trataba, según el planteamiento que hace la Guardia Civil, de saldar deudas con esta empresa que había estado realizando trabajos de comunicación para el Partido Popular de Madrid y que "tuvieron un coste de 151.503,35 euros", sin que se haya localizado facturación de estos trabajos ni en la documentación intervenida a Over Marketing ni figure en la Agencia Tributaria actividad entre esta, Traci, Abanico y Link con el PP relacionada con estos servicios.

"De igual forma, analizada la documentación relacionada con la fiscalización efectuada por la Cámara de Cuentas de Madrid sobre las elecciones a la Asamblea Autonómica de la Comunidad de Madrid, no se asigna cantidad alguna como proveedor del Partido Popular a las empresas vinculadas a Daniel Horacio Mercado, por lo que no se declararon como gastos electorales eludiendo así su fiscalización", concluye la UCO.

Así, todos los elementos de prueba que han analizado los investigadores acreditan que el PP de Madrid "no pagó los trabajos realizados en el mes de marzo de 2007, antes del inicio de la campaña electoral, por importe de 151.503,35 euros, y tampoco los trabajos realizados por las empresas de Mercado en el marco de la propia campaña, en mayo de aquel año, por importe de "88.708,68 euros".

"Estos trabajos no fueron facturados por Over Marketing al Partido Popular de Madrid y, a juicio policial, se podrían haber compensado con la elevada concesión de contratos públicos adjudicados a las sociedades de Daniel Horacio Mercado. Según la información facilitada por el director general de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid, sus distintas unidades y organismos autónomos realizaron pagos a las empresas de Mercado por un importe de 7.459.217,62 euros", explica la UCO.

Por otro lado, Mercado involucró directamente en su declaración en sede judicial a Francisco Granados e Ignacio González como las personas que habrían dado instrucciones al entonces gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, para que los trabajos que las empresas hiciesen para la campaña de 2007, se pagaran con dinero en B y mediante la adjudicación de contratos públicos.