VALÈNCIA. El Consell ya tiene listas las nuevas tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que estarán vigentes a la Comunitat a partir del viernes de la semana próxima. En esencia, la revisión periódica se encarece en algo más de 2 euros para los turismos de gasolina, mientras que baja casi 4 euros para los diésel.
El nuevo cuadro tarifario, que entrarán en vigor tras su aprobación en el pleno del Consell del próximo viernes, es el resultado de la adaptación que la Subdirección General de Industria ha tenido que llevar a cabo para ejecutar una sentencia que dio la razón a una de las empresas concesionarias (Applus Iteuve) que recurrió contra el recorte de tarifas que el anterior Consell acordó en marzo de 2014.
De hecho, los cambios que se aprobarán el viernes se limitan a las dos tarifas modificadas entonces: la de emisiones de gases contaminantes y la asociada a la prueba de emisión sonora.
La de emisiones bajó a 5,77 euros para los vehículos de gasolina y ahora costará 8,05 euros, mientras que para los de gasoil el coste de esta prueba será de 11,42 euros, por debajo incluso de los 15,15 euros que costaba hasta ahora y muy lejos de los casi 18 euros que costaba hasta 2014.
La prueba de emisión sonora prácticamente mantiene la rebaja recurrida por las empresas. Hasta el recorte de 2014, este tramo de la revisión costaba 9,29 euros para todos los tipos de vehículo. Desde el próximo viernes costará 2,42 euros, seis céntimos más que ahora.
Según explica Industria en el propio texto del acuerdo al que ha tenido acceso este periódico, esta adecuación de precios es el resultado de varios estudios basados en las indicaciones que la Sindicatura de Comptes reflejó en su auditoría operativa sobre el servicio público de ITV en la Comunitat entre 1997 y 2015.
En ese informe, el ente fiscalizador, señaló que las tarifas vigentes en la Comunitat, fijadas y aprobadas por el Consell, estaban un hasta un 13% por encima del coste medio para los diésel en el resto de comunidades.
Así, las futuras tarifas ajustan los precios al coste real de prestación del servicio y respetan "el equilibrio económico-fnanciero que conlleva implícito este contrato concesional". Para elaborarlas, Industria ha realizado un proceso participativo con las empresas concesionarias.
Sin embargo, hasta que entren en vigor estas tarifas, todos los conductores que pasen la ITV entre este sábado y el próximo viernes tendrán que pagar un poco más: hasta diez euros más en el caso de los diésel y alrededor de siete euros más para los de gasolina.
El motivo es la restitución por unos días de las tarifas recurridas por las empresas, las que estuvieron en vigor hasta 2014, como consecuencia de tener que ejecutar la sentencia que dio la razón a Applus en su recurso contencioso-administrativo contra la rebaja de tarifas aprobada durante la última etapa del PP en el Consell.
La sentencia, que dio la razón a la empresa por la ausencia de un informe económico que justificase ese cambio, estaba pendiente de ejecución desde el 19 de febrero de este año, fecha en la que sección quinta la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunitat dictó una diligencia de ordenación en la que declaraba la firmeza del fallo e instaba a la administración a aplicarlo.
La Conselleria de Economía publicó este viernes la sentencia en el Diari Oficial de la Generalitat, con lo que se hacía efectivo el fallo que obligaba a regresar a las tarifas vigentes hasta marzo de 2014.
Además de tener que cambiar los precios del servicio, la sentencia que dio la razón a una de las concesionarias aún puede ocasionar un importante perjuicio económico a las arcas públicas. La patronal del sector (Aecova) considera las empresas concesionarias tienen derecho a ser compensadas por la merma de ingresos derivada del recorte que los tribunales consideraron ilegal.
Las compañías no han llegado a presentar al Consell una propuesta de indemnización, pero se han mantenido negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes.
Para compensar los ingresos no realizados, las concesionarias plantearon una prórroga de los contratos actuales, una alternativa que la Abogacía de la Generalitat ha frenado al no poder alargar una concesión mediante una fórmula negociada; se tendría que convocar un nuevo concurso.
Aunque algunas fuentes elevan la posible reclamación de las concesionarias a varias decenas de millones de euros, el cálculo que realizan en la Conselleria de Economía está muy lejos de esas cifras, ya que no llega a los 2 millones de euros. La estimación se basa en el criterio aplicado por la Abogacía de la Generalitat, que considera que el cálculo ha de realizarse desde el momento en que la sentencia es firme, no desde el fallo original.
Con todo, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, explicó recientemente en un pleno de Les Corts que la Generalitat ha provisionado ya 46,55 millones por las obligaciones que pudieran derivarse de la sentencia que anuló la revisión a la baja de las pruebas de emisiones contaminantes y comprobación sonora.
