CASTELLÓ. (EP). La Inspección de Trabajo ha detectado "fraude de ley y abuso de derecho" en la situación de 28 becarios de Presidencia de la Generalitat Valenciana y ha resuelto que estas personas deban cotizar a la Seguridad Social como "trabajadores y trabajadoras" de la Administración, con posterior derecho a prestaciones por desempleo, la posibilidad de reclamar diferencias salariales e incluso demandas por despido cuando les comuniquen la finalización de la beca
La base reguladora por la que deberán cotizar se corresponde con un salario bruto mensual de 2.700 euros, equiparándose a los trabajadores públicos del mismo departamento (la situación anterior era sobre un salario bruto de 1.069). La Generalitat tendrá que hacer efectiva la cotización por la totalidad del periodo de la beca. Además, la experiencia laboral de estas personas en la Administración se podrá tener en cuenta para posteriores procesos selectivos en la Administración.
Así lo ha dado a conocer este lunes CCOO PV, sindicato que interpuso la denuncia, a raíz de la cual la Inspección de Trabajo ha realizado diversas visitas a los departamentos e la Generalitat para constatar la situación de estos jóvenes.
En este caso, la Inspección ha resuelto la situación de 28 personas becadas en los departamentos de Publicidad e Imagen Institucional, Planificación y Análisis Informativo, Gabinete de Prensa, Redes y Audiovisuales, dependientes de Presidencia, pero además, está pendiente de resolver otras 20 becas más de Generalitat, repartidas entre las Conselleries de Sanidad Universal, Hacienda, Igualdad y Políticas Inclusivas, Justicia y Economía Sostenible.
"Se trata de jóvenes profesiones muy cualificados, muchos de ellos al frente de departamentos enteros, realizando tardes, fines de semana, guardias y festivos. Han tenido muchas obligaciones y ningún derecho laboral", ha explicado la secretaria de Empleo y Formación de CCOO PV, Ana García.
Hasta la fecha, Inspección de Trabajo ha resuelto también en el mismo sentido las situaciones de "fraude" en una beca del Archivo del Reino de Valencia (Conselleria de Educación) y ocho becas de la Diputación de Valencia. En el primer caso, la joven acabó dejando la beca en el Archivo, mientras en la Diputación --que no ha querido reconocer su condición de trabajadores--, a cuatro de las personas se les ha comunicado el "fin" de su beca y están en el proceso de realizar demandas para reclamar por las diferencias salariales, otra ha finalizado su beca y a otras tres les concluye la beca a principios de año.
En todo caso, desde CCOO PV se han puesto a su servicio para "atender" a todas aquellas personas que acudan al sindicato a exponer su situación.
De hecho, la resolución es todavía muy reciente y no se sabe qué hará la Generalitat las 28 personas sobre las que Inspección ha resuelto en su última acta pero ha recordado que tienen derecho a reclamar por importe de hasta un año antes, algo que si hicieran estos 28 y los 20 pendientes de resolver podría suponer un desembolso a las cotizaciones a la Seguridad Social de cerca de 84.000 euros.
"Somos conscientes de la falta de personal de la Generalitat pero no debe ser una excusa para precarizar a nuestra juventud. Se deben buscar opciones para la creación de empleo público", ha señalado Soledad Fernández, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV.
Esta actuación se desarrolla en el marco de la campaña de CCOO PV '¿Becas o trabajas?', que pretende denunciar los abusos que se produzcan en las becas y explica los requisitos que deben cumplir: la presencia de un tutor o tutora, la existencia de un plan formativo, un seguimiento y una evaluación del trabajo realizado.
En este punto, Fernández ha querido lanzar un "aviso" a la Generalitat para que "no culpabilice" al personal trabajador del entorno de estas becas de que no se cumplan los requisitos que deben tener las becas, ya que nadie les ha dado instrucciones al respecto.
"No estamos en contra de las becas, pero sí de las falsas becas y de su utilización fraudulenta", ha querido dejar claro Ana García, al tiempo que ha señalado que en algunos casos ha habido "encadenamiento de becas en las que se realizan las mismas funciones y el mismo trabajo" y "no podemos permitir que se precarice a nuestra juventud".
Así, ha emplazado a Generalitat a revisar los procesos y a mejorarlos para que las becas se realicen correctamente, "dignificarlas" con una formación adecuada y adquiriendo la práctica necesaria. A través del diálogo social, CCOO PV apuesta por establecer un marco normativo que regule la utilización de estas becas, que se iniciaron en 2009 con el Gobierno del PP en la Generalitat y se han perpetuado del mismo modo hasta la actualidad.
El sindicato reclama también el desarrollo en el ámbito estatal del 'Estatuto de las prácticas no laborales', paralizado ante la ausencia de Gobierno.
