La Ley del Juego, la más conflictiva del Botànic 

VALÈNCIA. Tropiezo tras tropiezo. Así podría resumirse el periplo que está viviendo la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana para ser aprobada. Una norma que, a menos de 24 horas de que tenga lugar el pleno del jueves en el que tendría que votarse, todavía se desconoce si será posible hacerlo o no. El grupo parlamentario Vox solicitó este martes en la Junta de Síndics un informe a los servicios jurídicos de la cámara para conocer si el formato de voto telemático con el que sus señorías ejercerán su derecho a sufragio tendría que haberse instaurado con 24 horas de antelación al inicio del pleno. Es decir, el domingo, ya que la primera sesión tuvo lugar el lunes. 

Una duda sobre la que el Reglamento de Les Corts no es clara -no hace mención a los plazos- y ante la que el grupo ultraconservador amenaza con recurrir la votación. Un escenario por el que la líder del PPCV, Isabel Bonig, propuso en la reunión de este lunes posponer la votación de la normativa para hacerlo "en septiembre o en junio con todas las garantías" que fue secundada tanto por Vox como por Ciudadanos. Sin embargo, realizar este cuarto aplazamiento tendría un inconveniente: con ello caducaría la moratoria aprobada por el Botànic II en la Ley de Acompañamiento de 2020 que impide abrir nuevos salones de juego hasta junio. 

La maniobra del partido del que es portavoz Ana Vega amenazaría por segunda vez esta semana la aprobación de la ley, ya que el lunes su formación logró que se aplazase tras recurrir el sistema de voto ponderado que había validado la Junta de Síndics hace dos semanas -en ella, su formación lo secundó- para votar en pleno. Para evitar recursos en los tribunales que pudieran terminar en la suspensión de la ley, el president de Les Corts, Enric Morera, anunció que la votación se trasladaba al jueves y se haría de forma telemática. Un criterio aprobado en la Junta de este martes, pero que, de nuevo, despertó recelos en Vox. 

Más allá del lío de procedimientos sobre el que discuten ahora los partidos, la polvareda que ha levantado esta ley desde que empezó a diseñarse no ha pasado desapercibida. Sin duda, la más conflictiva del Botànic: no solo ha levantado en armas al sector, sino que también es la única que ha generado divisiones manifiestas en el tripartito al inicio de su tramitación -si bien luego terminaron pactando enmiendas conjuntas- y se ha pospuesto en innumerables ocasiones. Este lunes fue la tercera, pero podría haber una cuarta. 

Le Ley del Juego comenzó a elaborarse en 2017 y tres años después, sigue sin ver la luz. Este proyecto de ley cuya intención principal es prevenir el auge de la ludopatía en la Comunitat Valenciana poniendo especial atención en la protección de los menores logró pasar por un pleno del Consell en octubre de 2018. Una vez llegó al Parlamento para que fuera aprobada, los grupos parlamentarios redactaron sus enmiendas. 

Las pretensiones de los partidos entonces para restringir el juego no eran tan ambiciosas como ahora y quizá por este motivo no despertaron las protestas de la patronal como lo han hecho ahora. A modo de ejemplo, los socialistas propusieron en la legislatura pasada que la distancia de los salones de juego a los colegios fuera de 150 metros, mientras ahora han incrementado ese tramo hasta los 850 metros. La posición de Podemos era la de interponer un espacio mínimo de 1 kilómetro a la redonda por cada colegio que los salones no podrían infringir. 

El hecho de que Podemos no formara entonces parte del Gobierno valenciano, también podía ser un factor entonces que tranquilizara -en cierta medida, ya que también hubo protestas- a los representantes del sector del juego, ya que de manera habitual las enmiendas que solían salir adelante en la legislatura pasada eran las pactadas entre Compromís y PSPV; luego Podemos solía sumarse a ellas. Por lo que no percibían una amenaza en el hecho de que los morados hubieran exigido una distancia de 1.000 metros. 

En cualquier caso, y a pesar de que la oposición del sector no fue tan dura como lo es ahora -probablemente por el cambio en las enmiendas-, la ley no logró salir adelante. El adelanto electoral de Ximo Puig para hacer coincidir los comicios autonómicos con los generales enterraron su tramitación, y la de 14 leyes más. Este fue el segundo tropiezo significativo en apenas unos meses; el primero fueron las discrepancias de los partidos en los contenidos de las enmiendas. 

Ahora bien, la serie de controversias de esta ley no había hecho más que empezar. Después de conformarse el segundo Ejecutivo de Botànic, la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler tardó cuatro meses en presentar el mismo proyecto legislativo que en el mandato anterior a pesar de que éste no tenía que volver a pasar por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) ni ningún otro órgano antes de aprobarse en un pleno del Consell. Con todo, la ley se validó en noviembre de 2019 y ahí comenzó de nuevo a tropezar con unos y otros semana tras semana.

Primero, PSPV, Compromís y Unides Podem presentaron enmiendas separadas, lo que despertó un fuerte malestar en Hacienda. Nunca antes un proyecto de ley del Gobierno había acumulado tal aluvión de enmiendas de los propios partidos del Ejecutivo. Y es que, el hecho de que cada uno fuera por su cuenta, no solo demostró que cada partido tenía unas aspiraciones a la hora de regular el juego y luchar contra la ludopatía, también provocó que las modificaciones legales presentadas se triplicaran e incluso superaran a las de la oposición. Un plato de mal gusto para el departamento de Soler, que llamó "al orden" a los diputados de las tres formaciones para instarles a que se reunieran para agrupar las enmiendas y retiraran las registradas individualmente.

El tirón de orejas funcionó, y socialistas,  valencianistas y morados acordaron unos redactados que despertaron una fuerte oposición en la patronal autonómica. Especialmente, por la enmienda que obligaba a que ningún salón de juego ni local con máquinas de apuestas se ubicara a menos de 850 metros de un colegio o centro de salud, de lo contrario, cuando vencieran sus licencias, deberían traspasar el local para adaptarse a la nueva legislación. 

Tras varios encuentros con representantes del sector por el impacto que decían que esto tendría, el Botànic II accedió a rebajar el impacto de esta enmienda y excluir a casinos, bingos y bares de esta exigencia. Por lo que los locales de hostelería con tragaperras no se verían obligados a quitar estas máquinas tipo 'b', a pesar de estar cerca de un colegio o centro de salud. También cambiaron la forma de medición de la distancia: de ser radial, pasaría a ser lineal, con lo que numerosos salones de juego ya no se verían afectados por este artículo. 

Aún así, la crispación entre patronal y Botànic II no se rebajó. Pero desapareció cuando la ley volvió a decaer al cerrar el Parlamento el pasado mes de marzo por el decreto de estado de alarma. Y en cuanto se publicó que el tripartito tenía intención de retomarla hace apenas un par de semanas, la hostilidad volvió a resurgir de las cenizas. Incluso, representantes del sector del juego y trabajadores de este ámbito se manifestaron a las puertas de Les Corts este lunes, que era cuando estaba previsto aprobar la ley. 

Las dudas sembradas ahora por Vox sobre los plazos con los que la Mesa de la cámara debía haber activado el voto telemático vuelven de nuevo a amenazar la ley. Una norma controvertida como no ha habido otra durante el mandato de PSPV, Compromís y ahora Unides Podem, ya sea por contenido o cualquier defecto de trámite como el planteado en la votación. ¿Sufrirá un cuarto aplazamiento? El tripartito lo descartó este martes en la rueda de prensa tras la Junta de Síndics, pero habrá que esperar a ver si optan por seguir adelante con la votación, o prefieren no poner en riesgo la normativa por una mera cuestión de procedimiento que pudiera servir para recurrirla.