Mónica Oltra. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La deuda de la Conselleria de Igualdad con las entidades sin ánimo de lucro que atienden en sus centros a menores tutelados por la Generalitat supera ya los 30 millones de euros. El retraso en el pago de las cantidades pendientes se remonta en algunos casos hasta el pasado mes de diciembre, un hecho que ha situado a algunos centros en una situación límite que, según organizaciones del sector, hará que no puedan aguantar otro cuatrimestre más.
La demora responde al retraso en la aprobación por parte de la Conselleria de Igualdad del concierto de servicios y plazas de centros de menores tutelados en situación de desamparo, un modelo que no se ha puesto en marcha hasta el pasado 1 de junio a pesar de que el objetivo era precisamente evitar los problemas en el pago con el anterior modelo de subvenciones.
Además de tarde, el departamento que dirige Mónica Oltra está pagando a los centros mediante el procedimiento extraordinario de pago por resarcimiento de enriquecimiento injusto, ya que desde finales del año pasado las entidades están prestando el servicio sin contrato. Según la Conselleria de Igualdad, se han pagado 11,7 millones de euros a través de enriquecimientos injustos a las entidades que gestionan las residencias y hogares de acogimiento infantil.
Según la Asociación Profesional de Instituciones de Menores en la Comunitat Valenciana (Apime), que agrupa a cerca del 80% de los centros concertados, a todas se les deben todavía los meses de febrero a mayo. Solo a ellos se les deben 25 millones, a los que habría que sumar otros 3,3 de los centros de día, a los que aún no se les ha pagado nada este año, y los retrasos en los contratos de centros de gestión integral.
La situación, de hecho, provocó que el Síndic de Greuges abriera un expediente de oficio para investigar los impagos. En paralelo, como informó Valencia Plaza, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) –entidad financiera dependiente de la Conselleria de Hacienda, ha salido al rescate de los centros asfixiados por los impagos con una línea de crédito especial, pero por la que cobra un interés del 2% que las entidades consideran fuera de mercado.
Hasta el momento han solicitado estos préstamos siete entidades por un importe global de 8,7 millones de euros sobre el total de los 102 millones de euros que suman los contratos de acción concertada con los centros de atención a menores.
Los créditos cubren hasta el 95% del importe del concierto y obligan a los titulares de los centros a amortizar anticipadamente el préstamo a medida que la Conselleria de Igualdad va liquidando mensualmente el pago del concierto de 2019, que entró en vigor el pasado 1 de junio.
Respecto al pago de la primera mensualidad del concierto social, fuentes de la Conselleria de Igualdad explica que se está "ultimando" la tramitación de todas las facturas para proceder al pago.
La escasa demanda que hasta el momento han recibido estos créditos se debe según Apime a que, mientras persistan los impagos de los meses anteriores, los problemas de liquidez se mantienen. "Simplemente se retrasa unos meses la deuda", denuncia su presidente, Miguel Ángel Segura.
Teniendo en cuenta que el IVF, por el compromiso de amortización obligatoria, se queda con los desembolsos que la Conselleria de Igualdad vaya haciendo en los próximos meses para cumplir el concierto, si los solicitantes han de destinar el dinero a cubrir los impagos del primer semestre apenas, les sobra nada para afrontar el resto del año, aseguran.
Como ejemplo, la asociación explica el caso de un centro de menores de tamaño mediano, con cinco pisos, al que no se le ha pagado desde diciembre. La deuda acumulada de enero a mayo asciende a 900.000 euros, mientras que el importe que le corresponde por el concierto a ingresar en el segundo semestre del año es de 1,4 millones.
Descontados los intereses que cobra el IVF por adelantar el 95% del dinero total del concierto para este año, el crédito máximo concedido a esta entidad sería de 1.351.468 euros. Teniendo en cuenta que la Conselleria de Igualdad aún le debe más de 900.000 euros de la primera mitad de este año, apenas le quedarían 451.000 euros para el resto del año.
Si se consideran las pagas extraordinarias de junio y el dinero que necesitaría en julio, mientras la Conselleria de Igualdad no vaya abonando en pago por resarcimiento la deuda anterior, la entidad ya llegaría al mes de julio con apenas 24.000 euros de liquidez, con el agravante de que, además, habría tenido que hacer frente a los intereses del crédito.
