El exministro Eduardo Zaplana. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Una de las peticiones que la familia de Eduardo Zaplana ha dirigido al juzgado que instruye el conocido como caso Erial ha sido la de que declare el perito que elaboró el informe que considera justificado su elevado patrimonio en base a las diferentes fuentes de ingresos. Las conclusiones de este documento, encargado en 2018, tratan de contrarrestar las tesis de los investigadores sobre la procedencia ilícita de los fondos con los que adquirieron numerosos bienes.
La causa indaga en el presunto cobro de comisiones ilegales obtenidas a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Unas cantidades que se habrían desviado a diversas sociedades extranjeras para blanquearlas y, posteriormente, repatriarlas a España e invertirlas.
El informe que presentó en su momento Zaplana, de la firma madrileña Ayuso Laínez & Monterrey, revelaba que el patrimonio inmobiliario del exministro y su mujer, Rosa Barceló, "vendría suficientemente justificado por donaciones, plusvalías e ingresos provenientes de la actividad profesional" de ambos durante el periodo analizado de 31 años (de 1987 a 2018).
Los inmuebles propiedad del matrimonio en este tiempo han sido: dos chalets en Benidorm, un terreno en esta misma localidad, un piso en València, un apartamento en València y dos pisos en Madrid. A ello se añade la participación, a través de donaciones o préstamos concedidos a sus dos hijas, en la financiación de inmuebles que fueron o siguen siendo de su propiedad: dos pisos en Madrid, un piso en València y dos pisos en Cartagena.
Todas las compraventas, señalaba el informe pericial, "están adecuadamente documentadas" y el origen de los fondos utilizados "han sido identificados y analizados" en su mayoría. La financiación para estas operaciones, indicaba el perito, provinieron de: un préstamo y una donación de los padres de Rosa Barceló, un préstamo de la CAM e ingresos procedentes de su actividad profesional.
De un lado, las plusvalías brutas por la venta de cuatro de los inmuebles entre 1994 y 2017 se cuantificaban en 2,63 millones de euros. Por otro lado, el documento cifraba las retribuciones de Zaplana entre 2001 y 2017 en sus diferentes cargos políticos y como directivo de Telefónica en 8,2 millones de euros (una medida de unos 482.000 anuales). Las de su mujer se elevan a 1,46 millones (media de 86.000 anuales). Todo ello en base a las declaraciones de IRPF.
Especialmente destacada es su retribución, según el informe, en Telefónica. Durante los once años que permaneció en la compañía desde 2008 habría percibido un total de 6,6 millones de euros.
La defensa de Rosa Barceló ha solicitado la comparecencia del perito, mientras quedan pendientes otras citaciones tras los avances en las investigaciones. Entre ellas, la del exconseller Fernando Castelló.
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