La financiación autonómica, un "reto fundamental" para el próximo Gobierno

VALÈNCIA.- La reforma de la financiación autonómica, largamente demandada por las comunidades, y también de la local, reclamada por las autoridades municipales, es uno de los retos que tendrá que afrontar el próximo Gobierno, ya que mientras esté en funciones no puede hacer cambios en los sistemas.

Así lo reconoció en su discurso de investidura el candidato socialista, Pedro Sánchez, quien consideró un "reto fundamental" la reforma del sistema de financiación en esta legislatura. El nuevo método debe "concretar" las necesidades y los recursos que se necesitan para fortalecer dicho sistema y así fortalecer el estado de bienestar, en palabras de Sánchez.

Apuntó que en el último año se han dado "los primeros pasos" para recuperar el "diálogo constante e imprescindible" con las comunidades autónomas. Tangencialmente, la financiación autonómica se "coló" en el debate de investidura y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, condicionó su voto favorable a Sánchez, que, finalmente, fue abstención, a que se comprometiera, con un calendario, a reformar el sistema de financiación.

Precisamente, esta tarde se reunirán en València Sánchez y representantes de Compromís (Baldoví y Mónica Oltra) para intentar que el voto de los valencianistas sea a favor de una nueva investidura del socialista, para lo que reclamarán, entre otros asuntos, un compromiso para mejorar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.

El Ejecutivo no pudo aprobar los Presupuestos para 2019, lo que motivó la convocatoria de elecciones y no pudo actualizar los envíos a cuenta para las autonomías, que supondrían un aumento en sus cuentas de más de 4.700 millones de euros.

Para poderlo hacer, se necesita un Gobierno plenamente operativo y no en funciones, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera que se pueda constituir a finales de verano o antes de que termine el año. Tras ser rechazadas las cuentas, que incluían 6.671 millones adicionales para las comunidades, Montero dijo que estudiaría inyectar esos fondos vía decreto ley, algo que no ha ocurrido todavía.

Las comunidades estimaron unos ingresos de 7.756 millones para 2019 pero recibirán  4.739 menos al estar el gobierno en funciones

Su intención, señaló, pasa por actualizar las entregas a cuenta para que las autonomías que ya han consignado partidas, no hagan ajustes, lo que le parece "de justicia". Las comunidades estimaron en sus presupuestos para 2019 unos ingresos superiores en casi 7.756 millones de euros a los ingresos no financieros de cierre de 2018. Al no haberse aprobado, recibirán 4.739 millones de euros menos de entregas a cuenta y liquidación en 2019 respecto a lo presupuestado.

Aunque este imprevisto no afecta a todas las comunidades por igual, será bastante difícil que cumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria del -0,1% del PIB fijado para este ejercicio, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En su informe señala que, aunque se pudiera pensar que se está cerca del cumplimiento para 2019 porque el cierre del déficit en 2018 (0,23 % del PIB) es cercano al objetivo en 2018 (0,1% del PIB), la congelación de las entregas a cuenta va a provocar que el cumplimiento del déficit sea improbable.

El motivo es que esa congelación supone una merma de ingresos para las regiones del 0,4 % del PIB con respecto a los datos presupuestados. Entre que el Gobierno está en funciones y algunos ejecutivos autonómicos están por constituirse aún, la reforma de la financiación autonómica tardará, aunque sea el deseo de la gran mayoría de las comunidades.

Sí están de acuerdo en volver a la mesa de "diálogo político", interrumpida a finales de año, y que la infrafinanciación sea prioritaria, así como en que el Gobierno haga una mayor aportación en función de las competencias asignadas. 

Modelo caducado

El actual entró en vigor en 2010 por un período de cuatro años, por lo que la reforma lleva cinco años de aplazamiento, aunque en 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy encargó un informe a una comisión de expertos, pero la situación política, entre otras cuestiones, alargaron los plazos e imposibilitaron el acuerdo.

Uno de los puntos que contó con más consenso fue compensar la infrafinanciación, lo que también está en el informe de los expertos, que reclama capacidad de las comunidades para fijar copagos, subir o bajar impuestos, mejorar la fiscalidad y la autonomía tributaria y un gran acuerdo para financiar el Estado del bienestar.

Elevó el porcentaje de cesión del IRPF del 33 al 50 por ciento y el del IVA, del 35 al 50. Aumentó el porcentaje cedido de los impuestos especiales de fabricación sobre la cerveza, el vino y bebidas fermentadas, productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas, hidrocarburos y labores del tabaco, del 40 al 58 por ciento.

En las cuentas pactadas con Unidas Podemos, incluían una senda de estabilidad con 2.500 millones adicionales para las autonomías

Prevé modificar los tributos traspasados a las comunidades, según los diferentes Estatutos de Autonomía, los nuevos porcentajes, el alcance, las condiciones y las competencias normativas. El Ejecutivo cedió la totalidad de los impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como los tributos sobre el juego.

Posibilitó la modificación de los mínimos personales y familiares en el tramo autonómico del IRPF o un mayor margen de maniobra en la aprobación de la escala autonómica y en el establecimiento de deducciones en la cuota del impuesto. Permite la revisión anual de la población y ponderar los criterios de envejecimiento, extensión y dispersión territorial y densidad de población. 

A través de fondos de garantía y de suficiencia global garantiza la igual de financiación de los Servicios Públicos Fundamentales para todos los ciudadanos, independientemente de la autonomía donde residan.

Se crearon dos Fondos de Convergencia autonómica, el de competitividad y el de cooperación, con financiación adicional que aporta el Estado para reducir diferencias en financiación entre las comunidades y conseguir una mayor igualdad.

Esas cuentas, pactadas con Unidas Podemos, incluían una senda de estabilidad con 2.500 millones adicionales para las autonomías, tras aumentar en dos décimas su objetivo de déficit para 2019; entregas a cuenta con una subida del 7,2 por ciento y el compromiso de devolverles 2.000 millones por la liquidación del IVA de 2017.