La jueza concluye después de cuatro años que en el pufo de Valmor no hubo delito

VALÈNCIA. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de València, Beatriz Sobremonte, ha archivado la pieza principal del caso Valmor, en la que investigaba presuntas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 y en la que solo quedaba como imputado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps. 

La jueza archiva la primera de las tres piezas que tiene abiertas en este caso, después de cuatro años, al estimar que la larga "actividad instructora" no permite llegar a la conclusión de que existan "serios indicios de delito de malversación de caudales públicos y de prevaricación". Lo hace en contra de la petición del fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, y de la Abogacía de la Generalitat, de transformar las diligencias en procedimiento abreviado para procesar a Camps.  

La Fiscalía General de Estado informó este jueves de que, pese al revés sufrido, Anticorrupción no recurrirá la decisión de la jueza, como ya hizo cuando en el juicio de los trajes el jurado dio la razón a Camps. En cuanto la Generalitat, la Abogacía está estudiando el auto para tomar una decisión sobre el posible recurso. 

Según se puede leer en el auto judicial al que tuvo acceso Valencia Plaza -que no fue facilitado a la prensa por el TSJCV, a diferencia de los autos anteriores de este mismo caso-, la jueza cree que "no existen indicios suficientes para formular una acusación fundada en derecho". En cuatro folios y medio, la magistrada resume la lista de presuntas ilegalidades descritas por el fiscal y basa su decisión en una sola prueba de descargo: El fiscal acusaba a Camps de haber ordenado que la Generalitat se constituyese en avalista de Valmor en sus obligaciones, sustituyendo en ese papel a Bancaja. Sin embargo, varios correos electrónicos aportados por el letrado de Camps, Pablo Delgado, demostrarían que Bancaja continuó siendo avalista.

Del resto de acusaciones, tanto del fiscal como de la Generalitat, la jueza solo dice que no existen "serios indicios de delito" y apela a la necesidad de evitar que quien goza de presunción de inocencia se vea sometido a proceso penal y a juicio público "con el evidente contenido aflictivo que la 'pena de banquillo' conlleva".

La jueza no deja en buen lugar a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) al afirmar que "la actividad instructora no permite llegar a tal conclusión (existencia de delito) toda vez que los informes emitidos por la UDEF, aunque amplios, no llegan a establecer, al menos con garantías, esa conclusión".

La decisión de la instructora llega seis meses después de que la Fiscalía solicitara el procesamiento de Camps y el archivo para los otros tres imputados en la causa. Eran el empresario y expiloto Jorge Martínez Aspar, socio y directivo de Valmor; la exconsellera de Deportes Lola Johnson; la que era mano derecha de Camps en la F1, Belén Reyero, y el exdirector de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana Nicolás Figueras. A estos tres últimos se les acusaba de haber ejecutado las órdenes del entonces presidente que Anticorrupción consideraba ilegales.

El fiscal vio un caso como el de Matas

En el mismo escrito en el que solicitaba el archivo para estos imputados, que le fue concedido, el fiscal Vicente Torres, que en diciembre de 2104 presentó una querella contra Camps basada en denuncias previas de EUPV y PSPV, hacía una larga exposición de los hecho con muchas presuntas irregularidades sostenidas en declaraciones de testigos y en informes de instituciones como la Intervención de la Generalitat, la Intervención del Estado o la Sindicatura de Comptes.

El fiscal basaba su acusación sobre Camps en la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma que condenó al expresidente balear Jaume Matas porque "llegó a un acuerdo verbal con el arquitecto Santiago Calatrava para la construcción de un edificio destinado a la ópera". La que la Audiencia de Palma afirmaba que "el presidente actuó con un sentido patrimonial del cargo que ocupaba y asumió atribuciones que no le correspondían, por no ser órgano de contratación, prescindiendo totalmente de las normas de contratación administrativa". Esa misma sentencia también dice que "se perseguía con la presentación del mismo un golpe de efecto electoral". La Audiencia de Palma condenó a Matas a 7 años de inhabilitación por prevaricar para encargar a Santiago Calatrava el diseño de un palacio de la ópera y le impuso la devolución de los 1,2 millones de euros públicos que cobró el arquitecto.

Torres explicaba que "resulta indiciariamente acreditado que Camps, en el ejercicio de su cargo como presidente de la Generalitat, llegó a un acuerdo verbal con Bernard Ecclestone en 2006, al margen de cualquier procedimiento administrativo y sin ser el investigado órgano de contratación, para celebrar en València un gran premio de Fórmula 1". Y para ello dice que el acuerdo se firmó pese a que "parte de los terrenos por donde iba a discurrir la prueba eran propiedad de la Autoridad Portuaria y el Consorcio 2007". Apostilla que tras varias reuniones entre el expresidente y el magnate, este último le envió un borrador del contrato a través de Belén Reyero y que Camps "decidió de forma personal que se celebrara en València el evento pensando en el beneficio electoral que le generaría en las elecciones del 2007".

Añadía el fiscal que Camps le pidió al entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas, "que a través de una sociedad organizase el evento garantizándole que la Generalitat asumiría las pérdidas, comprometiendo los fondos públicos al margen de ningún procedimiento administrativo". Un hecho que fue descrito por Reyero en sus fichas personales que redactaba después de cada reunión. La sociedad, bautizada como Valmor Sports, fue creada por Bancaja, Fernando Roig y Jorge Martínez Aspar, quien después compartió su tercio con Vicente Cotino, y presentada en plena campaña electoral de 2007 en la que el Gobierno de Camps afirmó que la F1 no costaría un euro a los valencianos.

El escrito revelaba que no solamente Reyero explicó que Camps dirigió personalmente las negociaciones, sino que varios testigos como el entonces vicepresidente del Consell Vicente Rambla o el propio Olivas afirmaron que "era Camps quien trataba directamente los temas con Ecclestone", algo que el expresidente negó.

Destacaba el fiscal que existe una ficha de Reyero en la que se puede observar como los días 15 y 16 de enero de 2007 Ecclestone le dijo a Camps que el canon que había que pagar era de 26 millones de dólares. Y revela una reunión entre Camps, la entonces alcaldesa de València, Rita Barberá, Rambla y Olivas "donde se acordó la creación de una sociedad donde la Generalitat asumiera las pérdidas". Añadía que "Camps no solo participó en la negociación con Ecclestone, sino que negoció en nombre de Valmor condiciones económicas de la misma". 

Al rescate de una empresa privada

Tal y como Valencia Plaza fue publicando, todos los implicados sabían que la celebración de la F1 era inviable. Todos menos Camps, según declaró él mismo. El fiscal no le creyó, pues en su escrito decía que "tras el gran premio de 2008, los socios de Valmor constataron que el evento era económicamente inviable y que generaba una gran cantidad de pérdidas". Fue entonces cuando acudieron a la Generalitat y se reunieron con Rambla para explicarle que no podían continuar, y fue entonces cuando Rambla, "tras consultar con Camps, les dijo que la Generalitat asumiría en canon de 26 millones de dólares, principal obligación financiera de Valmor", hecho que se consumó el 31 de julio de 2009.

El escrito asevera que "la situación financiera de Valmor era conocida por la administración”, tal y como declararon Reyero, Rambla y hasta el propio Camps. Pero pese a saber todo esto, en junio de 2010 Camps y Ecclestone "llegaron a un acuerdo verbal para prorrogar el contrato 10 años y para que la Generalitat se constituyese como avalista de Valmor en el contrato de derechos comerciales, todo ello al margen de cualquier procedimiento administrativo". Y añadía que "esta negociación la dirigió directamente Camps".

Y todo ello se realizó, según el fiscal, "sabiendo que era inviable económicamente, comprometiendo los fondos públicos autonómicos e incumpliendo los procedimientos administrativos necesarios", obligando, tanto a Belén Reyero como a Lola Johnson, a que "se firmara el contrato diciéndoles que sería ratificado por el Consell, sabiendo que no sería así".

Todos estos hechos son los que la jueza Beatriz Sobremonte considera ahora que bien no quedan acreditados o bien no suponen un delito, razón por la cual archiva la pieza I de caso Valmor.