VALÈNCIA. La magistrada de instrucción número 8 de València ha decretado este jueves la puesta en libertad del expresidente de la Generalitat y exministro del PP Eduardo Zaplana. La jueza adopta esta medida porque las investigaciones sobre la salida de dinero están muy avanzadas. Según fuentes judiciales, la magistrada justifica en su auto que se ha recuperado en el extranjero parte del dinero supuestamente evadido por Zaplana.
La jueza adopta esta decisión al considerar que no existe ahora el riesgo de fuga que apreció en otras ocasiones para mantenerlo en prisión preventiva. Eduardo Zaplana se encuentra ingresado desde mediados de diciembre en el Hospital La Fe de València a causa de la leucemia que padece. Precisamente por este motivo, sus abogados habían solicitado en diversas ocasiones su puesta en libertad argumentando que existe un "riesgo vital".
La jueza acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza para Eduardo Zaplana, el pasado mes de mayo, tras ser detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
La jueza que instruye el conocido como caso Erial ha dejado también en libertad provisional a los otros dos detenidos, el abogado Francisco Grau y el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló.
Según han informado fuentes judiciales esta decisión se ha adoptado al haberse observado una considerable reducción del riesgo de fuga, tras haber logrado bloquear más de seis millones de euros supuestamente procedentes del cobro de mordidas.
Zaplana, que se encuentra ingresado en el hospital La Fe, lleva en prisión algo más de ocho meses desde que el 22 de mayo fuera detenido en el marco de la operación Erial. Según los investigadores, habría blanqueado cerca de once millones de euros derivados de dos contratos, las itv y el plan eólico, amañados. Ese dinero, tras el cual va la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaría en paraísos fiscales.
Eduardo Zaplana fue detenido el pasado 24 de mayo. Según el sumario, Zaplana, Barceló y Grau, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y exdirector general de la Policía Juan Cotino; su ex jefe de gabinete Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están imputados en diferente medida por delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
En el caso Erial, el citado juzgado investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastrean el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat. La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por Juzgado de Instrucción número 8 de València y por la Fiscalía Anticorrupción.
Zaplana, enfermo de leucemia y trasplantado de médula en 2015, ha experimentado recientemente un deterioro físico que ha "alarmado" a quienes le atienden. Se trata de un empeoramiento propiciado por la enfermedad conocida como "injerto contra huésped" (EICH), una complicación que se puede producir cuando un sistema inmunitario trasplantado ataca a los órganos y tejidos del paciente que lo recibe (el huésped).
Desde su arresto, la defensa de Zaplana ha presentado varios recursos para pedir su puesta en libertad o el arresto domiciliario, alegando un "deterioro acusado" del estado de salud del exministro, que padece una leucemia desde hace cuatro años. En 2015 se sometió a un trasplante de médula.
Para solicitar la puesta en libertad de Eduardo Zaplana, la defensa argumentaba que la ley no permite mantener en prisión al investigado por más de seis meses fundamentándolo en riesgo de destrucción de pruebas. Además, el riesgo de fuga, único fundamento posible de la prisión preventiva en este momento en el caso de Zaplana, "es inexistente dado su estado de salud, que le obliga, según los expertos que han emitido informes, a estar sujeto a tratamientos en el mismo hospital donde fue trasplantado".
