La jueza investiga también a una hija de Eduardo Zaplana y su yerno por blanqueo de capitales

VALÈNCIA. (EFE). La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València, que instruye el caso Erial, en el que se encuentra investigado el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha incluido como imputados en la causa a una de las hijas del exjefe del Consell, María, y al marido de esta última, Luis Iglesias, por un presunto delito de blanqueo de capitales que se habría cometido a través de una vivienda alquilada en el centro de la capital valenciana.

Así consta en el sumario, cuyo secreto ha vuelto a levantar la instructora, y en el que la magistrada señala que tras la investigación en relación a la procedencia del dinero con el que se pagaba el alquiler, han surgido indicios de la presenta implicación de la hija de Zaplana y de su marido en los hechos objeto de investigación, y en concreto en el de blanqueo de capitales.

Se trata, según el sumario al que ha tenido acceso Europa Press, de una vivienda situada en la calle Pascual y Genís de València, donde el exjefe del Consell residía en sus visitas a la ciudad por sus revisiones médicas a causa de la leucemia que sufre o por actos en los que participaba.

Esa vivienda era alquilada, de acuerdo con lo que se ha podido descubrir en las diligencias de entrada y registro practicadas, y ese alquiler lo ostentaba un súbdito ruso de nombre Miroslav Schopoff, implicado en una causa en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y fraude fiscal, quien a su vez, y en contra lo de pactado con la propiedad, lo habría subarrendado a la hija de Zaplana, tal y como consta en uno de los autos de la magistrada instructora.

Schopoff es el fundador y consejero delegado de OroDirect, y su nombre se hizo público a raíz de la desarticulación de una presunta trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de oro y otros metales en casas de compraventa, con 164 detenidos en 12 provincias.

El alquiler mensual de la vivienda que usaba Zaplana ascendía a 3.500 euros (42.000 al año), mientras que a la hija se le conocen ingresos brutos en 2015 de 62.338 euros y de 54.532 en 2016, sin declarar ingresos al año siguiente. Los pagos se realizaban desde la cuenta de su marido, desde la que se transfirió 115.000 euros.

Ingreso de 2,2 millones de euros

Según la jueza, consta que el 11 de diciembre de 2015 se recibió un ingreso desde Suiza de 2,2 millones de euros en la cuenta de Luis Iglesias, que se ingresan en aquella desde la que se hacen las transferencias del pago del alquiler "coincidiendo en el tiempo la entrada del dinero con la forma del contrato de alquiler y el primer pago". Además, no constan declaradas las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda.

Además, esa entrada de divisas en la cuenta "es coincidente con la entrada también de divisas desde Suiza en la cuenta de otro de los investigados, en concreto Washington Fernando Belhot" --a quien la UCO de la Guardia Civil considera presunto testaferro o asesor de Zaplana y quien participó junto con el expresidente valenciano y el de la Comunidad de Madrid Ignacio González, (investigado en el caso Lezo) en un negocio de comercialización de un producto de desinfección de aguas que intentaban efectuar-- de un total de 1,8 millones de euros, que a su vez coincidía con el intento de inversión en el Puerto Deportivo de Altea.

En este caso, según la jueza, hay indicios de la presunta relación de Zaplana con esa inversión, que finalmente no se llevó a cabo. Belhot retiró el dinero ingresado en una sucursal de Madrid y dejó únicamente un remanente de 200.000 euros, en la actualidad bloqueados.

La investigación presupone que el dinero de ambas transferencias de divisas guarda relación con el dinero obtenido de las adjudicaciones objeto de investigación, que la UCO cifra en 10.521.351,28 euros por el Plan Eólico Valenciano y de las ITV, que recayeron en sociedades familiares de los Cotino, que "se están blanqueando a lo largo del tiempo".

Ante estas circunstancias, la magistrada acordó el registro domiciliario de la hija de Zaplana y su esposo en Madrid, al considerar que podría haber documentación en distintos soportes que podría guardar relación con el hechos investigados y pudieran guardar allí "por su implicación directa con el retorno del dinero a España".

En este sentido, el fiscal anticorrupción se mostró favorable a ese registro al entender que al matrimonio, y de acuerdo con el atestado policial, se les atribuye la participación en ese delito dado que la entrada de dinero desde Suiza y el resto de circunstancias "evidencian una serie de movimientos económicos que resulta necesario investigar por su indudable influencia en la causa".

Declaración ante la Guardia Civil

Luis Iglesias y María Zaplana declararon como investigados ante la Guardia Civil en noviembre del pasado año por su presunta participación en un blanqueo de capitales en Valencia, Madrid y otros delitos como Suiza, entre 2015 y 2018, en relación con el pago del alquiler de esa vivienda.

Iglesias negó haber mantenido relaciones mercantiles o profesionales con su suegro y justificó que al detectársele la enfermedad a principios de 2015, comenzaron a buscar vivienda en València porque iba a ser intervenido y requerían una con determinadas "condiciones de asepsia". Inicialmente, fue para su suegro aunque con posterioridad también la usaron ellos porque su mujer empezó a trabajar en 2016 en València como asesora de la gestora del PP, con Luis Santamaría.

El matrimonio niega comisiones

El yerno afirmó desconocer las circunstancias de la firma del alquiler y negó que Zaplana le hubiera pagado todas o parte de las rentas del piso, en el que él mismo intervino para realizar el primero de los pagos, por 25.000 euros, que agrupaban mensualidad, fianza y comisión de la agencia y que abonó de sus ingresos profesionales. Asimismo, negó haber recibido ninguna comisión por trabajos relacionados con Zaplana.

Por su parte, María Zaplana declaró que solo había percibido percepciones económicas como asesora de la Secretaría de Estado de Turismo entre 2012 y 2016; que nunca había mantenido relaciones mercantiles con su padre; que conoció a la propietaria y que nunca vio ni coincidió con Miroslav Schopoff, el arrendatario del inmueble. Asimismo, negó que su padre les hubiera aportado fondos para satisfacer el alquiler.

Zaplana y sus dos presuntos testaferros --Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica y ex alto cargo en la época de Zaplana, y Francisco Grau, exsecretario del consejo de administración de la CAM-- quedaron en libertad el pasado 7 de febrero después de que la magistrada bloqueara 6.330.000 euros que considera que tenían en dos cuentas en Suiza, hecho que para la instructora "minimiza" el riesgo de fuga. En la causa también figura como investigada la mujer del exministro, Rosa Barceló.