VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 5 de Valencia ha decidido sobreseer provisionalmente la causa sobre los contratos de la visita del Papa Benedicto XVI con motivo del V Encuentro de las Familias de julio de 2006. La investigación se inició en 2016 por los presuntos presuntos delitos de prevaricación y malversación en las contrataciones de la Fundación V Encuentro. En ella se analizaban 11 contratos con empresas para el suministro de servicios como los 7.000 urinarios colocados por toda la ciudad, la publicidad del evento, los alojamientos o el altar. La Generalitat aportó a la entidad dos millones de euros destinados a abonar deudas.
Hasta el momento permanecían imputados, entre otros, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; el exvicepresidente Víctor Campos; el expresidente del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Enrique Pérez Boada; la que fuera secretaria general de la fundación Henar Molinero; o el obispo auxiliar Esteban Escudero.
La juez cree que no existe indicio alguno de que los investigados se "hubieran concertado al inicio para constituir una fundación con el fin de delinquir" ni que tuvieran conocimiento de que ésta "debía someterse a la normativa de la contratación del sector público para suscribir los contratos que suscribió", ya que era de naturaleza privada. Tampoco, por tanto, que se hubieran puesto de acuerdo para "eludir la normativa y contratar con las empresas que desarrollaron los trabajos o prestaron los servicios con la intención de favorecerlas".
Recientemente, la Audiencia Nacional consideró probado en una nueva sentencia sobre Gürtel que la trama se repartió el sobrecoste de 3,2 millones de los contratos del evento.