VALÈNCIA (EFE). La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha decidido archivar las actuaciones llevadas a cabo tras una denuncia anónima contra la exministra de Sanidad Carmen Montón por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación a su título de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.
Poco más de dos meses después de la dimisión de la exministra a raíz de las presuntas irregularidades en el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que cursó en la URJC en 2010-2011, la magistrada da carpetazo a la causa que abrió a raíz de una denuncia anónima.
Lo hace en un auto dictado hoy, que puede ser recurrido ante la propia jueza y ante la Audiencia Provincial de Madrid, en el que atiende el criterio de la acusación particular y de la Fiscalía, que pidieron el archivo de la causa "al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna".
La jueza comenzó a investigar el caso de Carmen Montón apenas 10 días después de que la exministra acabase cediendo a las presiones y anunciase su dimisión.
Y fue precisamente a raíz de una denuncia anónima por los delitos de cohecho impropio y prevaricación - los mismos por los que la jueza pidió al Tribunal Supremo que investigara al presidente del PP, Pablo Casado- cuando la jueza abrió diligencias.
Pero, tras dos meses de investigación, la Fiscalía remitió un escrito -no vinculante- al no apreciar indicios de delito en Montón, que ni siquiera llegó a declarar ante la jueza.
"No hay indicio alguno de inexistencia de actividad académica ni de un concierto previo entre la alumna y Laura Nuño, directora del máster, como tampoco hay pruebas que permitan sostener que las notas que fueron modificadas 'a posteriori', lo fueron en virtud de ese acuerdo previo, o por orden de la investigada", decía la Fiscalía.
Y aun considerando que se hubiese producido un trato de favor, lo que encajaría en el delito de cohecho impropio, éste estaría prescrito por ocurrir los hechos en el curso 2010-2011.
En la denuncia anónima se relataba que la exministra plagió parte de su trabajo de fin de máster (TFM), incluyendo 19 páginas con párrafos enteros de varios autores a los que no citó en la bibliografía; lo que para la Fiscalía "carece de relevancia penal" y que "incluso como delito contra la propiedad intelectual estaría también prescrito".
Otra cosa distinta, matizaba la fiscal, es la
responsabilidad administrativa en la que pudiere incurrir la alumna y el profesorado que aprobó el referido trabajo.
