Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA (EFE/Laura Ramos). Siete meses después de empezar oficialmente la negociación de la ley de vivienda, los socios de gobierno siguen sin llegar a un acuerdo sobre la regulación de los precios de alquiler, lo que mantiene en punto muerto uno de los proyectos legislativos que más desencuentro genera en el ejecutivo de coalición.
La sustitución el pasado mes de julio de José Luis Ábalos por Raquel Sánchez al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) generó alguna expectativa de desbloqueo, ya que los socialistas catalanes están más familiarizados con la regulación de rentas que el PSOE, que por primera vez acaba de incluir las ideas de "congelación de rentas" y "limitación de precios" en la ponencia de su 40 Congreso Federal.
De hecho, Raquel Sánchez se acogió como alcaldesa de Gavá (Barcelona) a la ley catalana de alquileres para que su municipio fuera declarado zona de mercado tensionado y limitar los precios durante cinco años, igual que la docena de alcaldes socialistas del área metropolitana de Barcelona.
Desde que el Parlamento de Cataluña aprobó en septiembre de 2020 su ley de contención de rentas, más de 60 municipios con mercados tensionados, incluido el que dirige Ada Colau, aplican estos límites.
Una ley, la catalana, que el Gobierno de Pedro Sánchez (y también el PP) ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) -aunque sin pedir su suspensión automática-, por entender que una comunidad autónoma no tiene competencias para regular los alquileres, como ya advirtió el propio Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña antes de su aprobación en el Parlament, donde el PSC votó en contra por ese motivo.
Por el momento, ni el Constitucional ha resuelto si la Generalitat tiene competencias para limitar el precio de los alquileres, ni la nueva ministra Raquel Sánchez ha movido ficha, después de que el pasado 28 de julio tuviera su primera toma de contacto con la titular de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
La aspiración, entre otros, de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es que la ley catalana obtenga su "paraguas legal" con la ley estatal por el derecho a la vivienda antes de que se pronuncie el TC.
La última oferta que Ábalos puso sobre la mesa en junio, antes de ser relevado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suponía congelar las rentas durante tres años en las zonas declaradas tensionadas, en caso de renovación de contratos por el mismo inquilino, y limitar al 10 % el incremento del precio del último contrato para los inquilinos nuevos.
Aunque Belarra rechazó la propuesta, la negociación experimentó entonces un punto de inflexión, ya que los socialistas aceptaban que hubiera una regulación del mercado y las posturas se acercaron.
Incluso la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por primera vez avaló públicamente la propuesta de congelación y se abrió a establecer un marco para que las administraciones competentes puedan regular precios en determinadas circunstancias.
Desde el Mitma aseguran que la negociación de la ley está "muy avanzada en lo referente a desahucios, viviendas vacías y grandes tenedores", aunque no dan ningún punto por cerrado, mientras que en el entorno de Belarra insisten en que el tiempo va demostrando que la única forma de cumplir el acuerdo de gobierno y de presupuestos es el "modelo catalán".
Esto supone que la regulación se efectúe, como ya ha hecho Cataluña, a través de los índices de precios de referencia. Cada comunidad podría crear su propio índice y, las que no lo tengan, acogerse al índice estatal que elabora el Mitma.
A partir de la declaración de zona tensionada de un municipio o de parte de él, los precios del alquiler no podrían superar ni los del contrato anterior ni el marcado por el índice de precio de referencia.
Además Podemos quiere que los contratos de alquiler pasen de 5 y 7 años, según si el arrendatario es persona física o jurídica, a 10 y 14 años de duración, respectivamente.
A pesar de la desconfianza que ha reinado durante los siete meses de conversaciones, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la ministra Belarra han ido acercando posturas en otros aspectos del borrador, como la imposición de un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de viviendas que permanezcan vacías durante más de dos años, si el propietario tiene como mínimo cuatro viviendas, con algunas excepciones.
También, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y la obligación de las comunidades autónomas de ofrecer esa alternativa.
Otro punto que no crea fricción es que la ley pueda obligar a que al menos el 50 % de las viviendas protegidas sean de alquiler tanto en nuevas promociones como en actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
Los socialistas además mantienen su idea de modular la actual desgravación del 60 % en el IRPF por rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual como mecanismo para la contención de precios, junto con la congelación.
Una vez incumplido el objetivo que el Gobierno envió a Bruselas de llevar esta ley al Consejo de Ministros en el primer semestre del año, los socios de coalición se aferran ahora al segundo semestre para llegar a un acuerdo.
Si bien no está prevista ninguna reunión de los equipos en agosto, el tiempo apremia porque se va acercando el momento de negociar los Presupuestos Generales de 2022 y ya en los de 2021 Unidas Podemos supeditó su apoyo a establecer "mecanismos de contención o eventualmente de bajada de los precios" a través de esta ley.
