La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda DíazMADRID (EP). La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes que su Ministerio va a seguir trabajando en la derogación de la reforma laboral "cuando sea posible" porque el país ahora está haciendo frente a una pandemia.
Así lo ha señalado en el turno de réplica durante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde ha afirmado que la derogación seguirá su curso y su camino y lo hará con diálogo social como siempre, tras eludir mencionar el acuerdo alcanzado la semana pasada entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar "íntegramente" la reforma laboral, que fue matizado horas después por el PSOE aludiendo sólo a los aspectos más lesivos. Además, dicho acuerdo llevó a la CEOE a dejar en suspenso el diálogo social.
La derogación, según se recogía en el acuerdo programático, y, conforme la ministra ha afirmado en otras ocasiones, se abordaría en dos fases, en una primera donde se tratarían los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP, mientras que en otra posterior se abordaría la creación de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.
"Este país merece un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI y creo que las relaciones laborales no pueden quedar relegadas a un texto que, aunque refundido, bebe de las fuentes del año 1980", ha apostillado, tras dejar claro que "este país se merece tener una norma que esté a la altura de las nuevas relaciones laborales del siglo XXI, ojalá podamos hacerlo y lo hagamos".
La ministra ha apuntado que la precariedad y las cifras "hablan por sí solas" y demuestran que "muy bien las cosas no se han hecho". Así, ha recordado que el propio Banco de España dijo en un informe que la reforma laboral no había servido para crear empleo, sino para devaluar los salarios y "esto es cierto, es lo que se consiguió con esta contrarreforma de este calado".
"La reforma laboral tiene tres señas de identidad: la devaluación salarial, la precariedad laboral y dinamitar la negociación colectiva tal y cómo la conocíamos en España", ha apostillado.
La ministra ha trasladado a la senadora del PP que si por su partido político fuera "ninguna empresa se mantendría y ningún trabajador cobraría esta prestación". "Vuestro voto fue 'no' en el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y también cuando se votó su flexibilización", ha añadido.
"Si por el PP fuera, como ya hicieron cuando gobernaron, su propuesta sería la de los despidos", ha apostillado la ministra. Por otro lado, ha dejado claro que la comisión tripartita para abordar la extensión de los ERTEs sigue vigente y que incluso el pasado miércoles los avances fueron "bastante importantes". "La Comisión seguirá desarrollando sus trabajos", ha remarcado.
Por otro lado, Díaz ha señalado que el mercado laboral ha recuperado más de 100.000 empleos de los perdidos por el coronavirus entre principios de abril y hasta el 12 de mayo. Así, tras la pérdida registrada de 890.653 personas, por la que la afiliación a la Seguridad Social se situó en un poco más de 18,4 millones de personas a finales de abril, la afiliación cuenta con un total de 18.546.658 personas, con datos hasta el 12 de mayo, algo más de 100.000 empleos.
También ha dicho que es necesario que nadie se quede atrás y que se acometan las transformaciones "de fondo" que este país necesita en el ámbito laboral y del trabajo "sin tardanza". "Nuestra respuesta debe ser ambiciosa", ha añadido. Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Senado, donde ha apuntado que es necesario acometer estas transformaciones porque, de no hacerlo, "solo se habrá parado un golpe". "Habremos parado el primer golpe, pero estaremos igualmente expuestos y vulnerables como sociedad, ante futuras amenazas", ha añadido.
Sobre el impacto del Covid en la afiliación por sectores, indicó que entre el 11 de marzo y el 12 de mayo, los sectores más afectados han sido la construcción y los servicios. No obstante, la ministra ha dicho que si hasta la Semana Santa, con el final del confinamiento reforzado, la afiliación cayó en 173.000 trabajadores, desde el 13 de abril se han recuperado más de 78.000, lo que ofrece un balance de 95.601 empleos perdidos en este periodo.
En el caso de los servicios, de los 800.000 empleos perdidos durante este periodo, más de 650.000 son del sector servicios en una proporción algo superior a su peso en el empleo. "Pensemos que, de los 18 millones y medio de afiliados a la seguridad social en este momento, 14 millones pertenecen al sector servicios", ha añadido.
La ministra ha dejado claro que el gran objetivo de este Ministerio es abordar los problemas de fondo por el bien de las personas trabajadoras y de las empresas, y por el bien del país, y ha pedido a los senadores contar con su colaboración.
Para la titular del Ministerio, los desafíos que tiene por delante en materia laboral pasan por dar continuidad a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como mecanismo para la reconstrucción.
"Estamos convencidos de que la flexibilidad interna va a jugar un papel clave en la reconstrucción, hemos llegado a un gran acuerdo con los agentes sociales para dar continuidad a los ERTEs y ahora la negociación debe ser la guía para restaurar esta buena y efectiva herramienta en el nuevo periodo", ha añadido.
Pero también ha afirmado que es importante la lucha contra la precariedad, que está siendo "el gran problema de esta crisis". "Buena parte de la terrible subida del paro en marco procede de ahí", ha dejado claro la ministra.
"La precariedad nos está impidiendo utilizar el recurso de los ERTE, que sí ha permitido contener la caída del empleo entre los contratos indefinidos", ha apostillado, tras resaltar la importancia de crear un gran acuerdo contra la precariedad. "No podemos repetir errores, no podemos levantar la reconstrucción sobre la base del modelo precario que nos hace mucho más vulnerables. El futuro ha de ser el trabajo estable y con derechos", según Díaz.
No obstante, ha dicho no es el único problema, ya que, según la ministra, existe "una inaceptable desprotección a las personas que pierden su empleo". De hecho, ha remarcado que la rotación con contratos de corta duración hace que muchas personas tengan una protección muy débil.
Para la ministra también son problemas la saludad y la seguridad en el trabajo, los bajos salarios y la desigualdad entre mujeres y hombres. En este último caso, dice que la pandemia ha hecho más patente que la crisis vuelve a cargar sobre las mujeres, que al tener un mayor grado de precariedad las hace más vulnerables.
Entre los ejes de actuación del Ministerio, la ministra ha afirmado que todavía existe el compromiso de alcanzar al final de la legislatura el 60% del salario medio como indica la Carta Social Europea y ha apuntado que la política sobre los salarios e ingresos es clave para la reactivación económica, para generar demanda interna y para impulsar un crecimiento basado en los salarios.
Sobre las políticas activas de empleo, ha resaltado que la evaluación externa de estas políticas ya había señalado la necesidad de mejorar su organización y eficacia, pero que ahora "la situación ha cambiado".
"Tenemos como reto inmediato repensar las políticas activas de empleo y definir una nueva estrategia 2021-2023 que sea útil para el escenario de reconstrucción económica y social", ha añadido, tras apuntar que esta cuestión tiene que ser central y que en ella dedicarán sus esfuerzos.
Para la ministra, otro reto que su Ministerio tiene por delante es el de establecer un sistema de protección que dé cobertura efectiva a todas las personas que pierden su trabajo, "sea cual sea su trabajo".
Por otro lado, la titular del Ministerio ha hecho hincapié en la necesidad de desarrollar un programa de acción y afrontar los principales retos del sector del trabajo autónomo. "La irrupción del virus ha precipitado nuestra acción, pero este Gobierno ha establecido una prestación por cese de actividad de los autónomos que protege casi a 1,4 millones de autónomos", ha añadido.
Díaz también ha puesto en valor la importancia del diálogo social y ha apuntado que va "más allá", abarcando todas las acciones del Ministerio, que ya cuenta con el estrecho diálogo de la sociedad civil, "muy especialmente con la mesa de interlocución del trabajo autónomo y la mesa de economía social". "Tanto el trabajo autónomo como la economía social van a ser agentes clave en la recuperación", ha añadido.
En general, ha afirmado que la mesa tripartita del diálogo social va a seguir "trabajando". La semana pasada, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, decidió suspender un encuentro entre el Gobierno, sindicatos y patronal por el pacto entre PSOE, Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral.
Por otro lado, la ministra ha afirmado que los objetivos del Ministerio ante la crisis del coronavirus en materia laboral han pasado por salvaguardar la salud laboral, asegurar el mantenimiento de los empleos y proteger a los trabajadores durante la emergencia.
Sobre los expedientes de regulación temporal de empleo, ha resaltado que no son "un punto final" a partir del 30 de junio, ya que en el diálogo social se está haciendo un despliegue para que haya ERTEs flexibles y parciales para dar continuidad a las medidas, distinguiendo si es preciso entre sectores y acompañando de forma "rigurosa y precisa" la vuelta a la actividad.
"El paquete de medidas para proteger el empleo y las empresas, sobre todo gracias a los ERTEs, hemos sido capaces de contener esa caída y evitar que el paro hubiese sido mucho mayor como nos ha sucedido en anteriores crisis", ha añadido.
La ministra ha apuntado que el confinamiento ha abocado a millones de personas a realizar el trabajo desde casa y que esta situación ha desvelado las "enormes oportunidades de la digitalización para teletrabajar, pero también ha descubierto sus limitaciones e inconvenientes.
"Necesitamos regular un trabajo a distancia con derechos. Sea cual sea el lugar de trabajo, las condiciones, la jornada o la desconexión deben garantizar los derechos laborales", ha subrayado.
El Ejecutivo autonómico llega a un acuerdo con el central por el artículo que todavía permitía los contratos por obra y servicio, que chocaba con la reforma laboral
