La música en directo quiere soluciones

VALÈNCIA. Aunque la música suene desde los balcones o en nuestros dispositivos, todos vamos a echar de menos esos conciertos para los que ya teníamos entradas. En salas, en teatros o en festivales. Porque de los recitales 'Yo me quedo en casa' no viven los centenares de trabajadores y trabajadoras que componen la industria musical, las distintas asociaciones profesionales valencianas vinculadas a la música en directo -entre artistas, promotoras, salas y managers- piden que se materialice un “plan de choque” con el objetivo de paliar los efectos inmediatos que la crisis del coronavirus ha tenido en su sector. De festivales aplazados o conciertos cancelados se nutre la actualidad musical, una complicada realidad frente a la que, demandan, ya hay que ir tomando medidas. Entre las propuestas planteadas por las asociaciones, que integran a más de una treintena de empresas locales, se encuentra la creación de un plan de comunicación y marketing para impulsar al sector una vez finalice la crisis o que se considere la cultura como un bien o servicio de primera necesidad del mismo modo que se ha hecho en Alemania o Francia.

Son, en cualquier caso, el paquete de medidas económicas el grueso del documento presentado por MusicaProCV, Valencian Music Association, la Fira Trovam! y En Viu!, quienes cuantifican las pérdidas en la industria en 8,6 millones de euros hasta finales de mayo, un primer balance obtenido de la consulta de cuarenta empresas que refleja un “daño sin precedentes que ha obligado a cancelar y aplazar numerosos conciertos, giras, festivales y eventos musicales”. De esta forma, los profesionales de la música urgen a la administración a crear un plan de acción e incentivos y un fondo autonómico de 10 millones de euros para las necesidades de financiación inmediata de la industria de la música en directo, con una línea de préstamos que vayan desde microcréditos de 3.000 euros a préstamos de 200.000 (a interés 0 o muy bajo) por parte del Institut Valencià de Finances, incluyendo la posibilidad de un año de carencia y un plazo de devolución de entre 5 y 7 años, “para que las pymes valencianas y los autónomos puedan resistir hasta que se vuelva a activar el sector”.

Con respecto a las ayudas y subvenciones, piden, como ya hicieron hace días desde el sector de las artes escénicas, otro de los grandes afectados en esta crisis, adelantar el pago de forma inmediata de aquellas ayudas pendientes hasta la fecha así como reestructurar el plan de subvenciones actual “diseñando nuevas ayudas para el periodo 2020-2022 en función de las necesidades reales de las empresas que dinamizan el sector y promueven el empleo”.  De igual forma, plantean habilitar de una ayuda específica relacionada con la cancelación de conciertos y apoyo a la partida de gastos para la viabilidad de proyectos musicales ya programados, así la “ampliación, redefinición y mejora” del bono cultural subvencionando parte del importe de las entradas “de manera que los organizadores puedan ofrecer precios de taquilla más asequibles”.

"La situación está afectando a un número muy elevado de personas que ven peligrar sus puestos de trabajo y amenaza la continuidad de un sector que genera más de 3.000 millones de euros de actividad económica al año en la Comunitat Valenciana. Como consecuencia de la paralización total de la venta de entradas a conciertos y, en general, a eventos culturales programados en 2020, se prevé una recesión económica de la que tardaremos mucho tiempo en recuperarnos", advierten desde las distintas asociaciones profesionales. Pero en esta ecuación también tiene mucho que decir la administración pública, no solo como impulsora de ayudas, sino también desde el punto de vista de la programación.

El documento, que ha sido remitido a la conselleria de Cultura y a Turisme Comunitat Valenciana, principales interlocutores por lo que respecta, por ejemplo, a la gestión de festivales de música, también contempla el papel de la administración como exhibidor, por esto piden que se priorice la contratación de empresas valencianas y el pago por adelantado de una parte del importe de las contrataciones públicas, estableciendo dos plazos de pago en los contratos: a la firma del contrato y al finalizar la actividad, así como establecer criterios para adecuar al nuevo contexto la definición de causa de fuerza mayor en la cancelación y aplazamiento de eventos musicales. Otro de los puntos clave es afinar la coordinación del calendario de eventos musicales/culturales para reubicar las actividades canceladas, algo que ya está trayendo dolores de cabeza a los festivales, y generar un plan de comunicación de apoyo al sector post-coronavirus.

Este documento sale a pocos días de que la Federación de Música en España, Es Música, vaya a remitir al Ministerio un comunicado similar con medidas para adoptar a nivel nacional, como la rebaja del IVA cultural al 4% para las entradas y al 10% para los servicios relacionados con la música en vivo, además de numerosas moratorias y aplazamiento de pagos de diferentes tributos al Estado, la agilización de los ERTE o la suspensión de la obligación de pago de las cotizaciones de los trabajadores por parte de las empresas durante el período de inactividad.

El sector lanza esta propuesta de medidas anticipándose a un escenario que, al menos para este año, parece difícilmente salvable. Según datos de la Federación de Música en España, el volumen de la facturación del sector entre el período de marzo a septiembre en 2019 supuso un 58% del total a nivel nacional, y se estiman unas pérdidas de 662,2 millones de euros de marzo a septiembre en toda España. El problema agrava un hecho ya de por sí sangrante: la música, más allá de las grandes ciudades, factura mayormente en época estival a través de pequeños y grandes festivales, más o menos especializados. Esta temporada se suponía que empezaría en abril, pero la gran mayoría de citas hasta finales de mayo ya se han cancelado o aplazado a otoño. El sector teme -además- que, a pesar de que el confinamiento acabe antes de verano, las restricciones a grandes concentraciones de gente se mantengan durante unos meses más. Con todo esto, las promotoras ya esperan que, con el solapamientos de propuestas en septiembre y octubre y la previsible crisis económica, haya caída significativa de público o directamente se cancelen más eventos.

El anuario de las artes escénicas, musicales y audiovisuales de la SGAE de 2019, señalaba que los macrofestivales en la Comunitat Valenciana habían recaudado 54.660.430 euros en 2018. El año anterior, el mismo informe señalaba que los grandes eventos se llevaron el 82 % de la recaudación de la música en vivo en la Comunitat Valenciana en 2017. ¿Todo esto qué significa? Que la fragilidad de estos meses determina la supervivencia del resto del año. En este sentido, las medidas propuestas buscan desestacionalizar el consumo de la música en vivo.  

Y esto es solo referido a la recaudación final de las promotoras o los locales de música. Conforme nos vamos acercando a la realidad de los grupos y los y las profesionales, la realidad se vuelve difícilmente cuantificable, y la fragilidad se vuelve mayor. Ya lo señalaban bandas, grupos de música y charangas con la simple suspensión de las Fallas: la falta de regulación y seguridad jurídica extendida en el sector expone, en primer lugar, a quiénes tocan. En este sentido, el Sindicat de la música valenciana (SIMUV) siempre ha señalado que los pagos en negro y los contratos abusivos comprometían el futuro de la música en vivo. La batería de medidas que se traslada en el documento intenta parchear, ante las urgencias de esta situación, el panorama de siempre.