Ni la agricultura mediterránea ni la concreta definición de “agricultor genuino” están delimitadas con precisión en la nueva Política Agrícola Común (PAC), cuya revisión acaba de aprobar el Consejo de la Unión Europea, reunido en Luxemburgo, con una nueva legislación que se traduce en tres Reglamentos. El “equilibro entre sostenibilidad ambiental y rentabilidad” fue la clave destacada por el ministro español de agricultura, Luis Planas.
El ministro valenciano, Luis Planas, eludió responder en rueda de prensa a si la nueva PAC incluía la definición y protección de una agricultura de carácter mediterráneo y si, específicamente, delimitaba la superficie suficiente y la partida económica correspondiente para ser considerados objeto de subvención aquellos sectores que hoy no cobran, en concreto las frutas y las hortalizas.
Respecto a la definición de “agricultor genuino”, necesario para ser objeto de ayudas y reivindicado por la Unió de Llauradors i Ramaders, Planas remitió también a próximas reuniones. La agricultura mediterránea es la más castigada históricamente por la PAC, nacida cuando la Unión Europea eran sólo seis Estados, la mayoría de ellos, de agricultura continental, excepto Italia y el sur de Francia.
Una de las prioridades de esta legislatura, “De la granja a la mesa”, y el uso de la agricultura con criterios ecológicos son los que han regido los criterios de la revisión de la PAC, incluida en la lucha por nuevos objetivos climáticos y ambientales. Planas explicó que la nueva PAC tiene en cuenta a la agricultura familiar y profesional, y aboga por el necesario relevo generacional para asegurar una actividad agraria con futuro que haga frente a los nuevos desafíos climáticos, al tiempo que asegura la rentabilidad de las explotaciones”.
No obstante, estas líneas generales chocan con la política comercial de apertura a nuevos mercados, con las firma de Tratados de libre comercio. Ello implica la “importación de productos agrícolas de terceros países similares a los europeos que, sin embargo, compiten de forma desleal al no cumplir los límites de residuos fitosanitarios”, añadió Planas.
En este sentido, aclaró que esta cuestión, que tiene que ver con la competencia, no está incluida en los nuevos reglamentos y que “debería ser objeto de una nueva regulación”. Las restricciones o condicionalidad a los productos que se importan. Es un punto bueno se ha abordado, pese a lea importancia que respondan “a los estándares de la UE. No es de recibo que se importen productos que ya tenemos en Europa, pero cultivados con plaguicidas prohibidos aquí”, declaró Planas.
El ministro español reconoció que ha habido diferencias en las últimas semanas y por eso no hubo acuerdo en el mes de mayo para aprobar la PAC, tras año y medio de negociaciones “entre 27 ministros de 27 países con realidades agrícolas muy dispares”. En concreto, fue el “alineamiento con el Pacto Verde, el motivo por el que no se llegó antes a un acuerdo en Bruselas”, explicó Planas concretando que “había enmiendas en el Parlamento porque quería evaluar los planes nacionales para incluir el objetivo ‘De la granja a la mesa’”.
Luis Planas calificó la nueva PAC como “un buen acuerdo para España, para el periodo 2023-2027”. Y añadió que la principal reforma consiste en “tres Reglamentos con muchísimos puntos de interés”, en cuanto a la división de fondos en tres pilares y la posibilidad de pasarlos de un pilar a otro si no se han agotado en el capítulo correspondiente.
Subvenciones de hasta 100.000 euros para jóvenes agricultores, ayudas para transformación a regadío y modernización son algunos de los capítulos que pueden entrar en los fondos NextGeneration EU, post-pandemia. Además del 5% de los fondos del programa LIDER para el segundo pilar. Respecto a la financiación de la reserva de crisis, explicó Planas que se ha logrado que "no sea sobre las espaldas de los agricultores, sino que se utilicen los márgenes presupuestarios no utilizados”.
El Reglamento sobre mercados agrarios ha logrado que se detenga la desregulación de la cadena agroalimentaria, indispensable “para la autonomía alimentaria de la UE y su autosuficiencia”, añadió el ministro. Y comentó que, “en función de los objetivos ‘De la granja a la mesa’, si les ponemos condiciones suplementarias de producción, significa un aumento de costes”. Este punto no está articulado en el Reglamento, sino que se recoge en tres Declaraciones del Parlamento y/o del Consejo, respecto a las condiciones de producción y el límite de residuos de los productos fitosanitarios utilizados por países terceros.
La referencia especial a la dimensión social, es decir a trabajadores del campo con contrato y condiciones laborales dignas, Planas destacó que se ha adoptado un “acuerdo razonable”, para que no sea una carga administrativa y para “ evitar la competencia desleal”, teniendo en cuenta los 695.000 perceptores de 2020.
La nueva PAC es la “modificación de la política agraria europea más importante en los últimos 30 años”, señaló Planas. Ello obliga a redefinir la agricultura española, con “un repaso desde cero del conjunto del sector primario, algo que no se ha hecho en los últimos 50 años en España: saber quién necesita ayuda y cómo la va a recibir”, añadió. Para ello, hay que seguir las 17 recomendaciones de la UE para la renovación del sector estratégico para España, reduciendo el número de regiones agroeconómicas, en primer lugar.
España podrá disponer de un presupuesto para ayudas a agricultores y ganaderos de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27, cifra similar a la del periodo anterior, en un contexto de descenso del 15% del presupuesto comunitario por la salida del Reino Unido de la UE.
“Estamos ante una PAC que va en línea con las nuevas demandas del siglo XXI. No sólo es más social y medioambiental, sino también más igualitaria. España ha sido el país que ha conseguido incluir el enfoque de género en la política agraria, además de apostar por el necesario relevo generacional para asegurar también el futuro del mundo rural”, añade el ministro.
En la nueva PAC se mantienen los programas sectoriales ya existentes como los del sector del vino, apicultura –con un importante incremento de la dotación presupuestaria- y frutas y hortalizas; así como los planes escolares para el fomento del consumo de fruta y leche. Se podrán realizar programas de apoyo sectoriales a los que se podrán destinar hasta el 3 % de los pagos directos, a través de organizaciones de productores que podrán recibir un apoyo de hasta el 6 % del valor de la producción comercializada. El MAPA propondrá un plan para el sector del olivar, de acuerdo con las propuestas contenidas en la Hoja de Ruta del sector acordada el año pasado.