FOTO: INMA CABELLERVALÈNCIA. (EP) El pleno de Les Corts debatirá la próxima semana la nueva ley del Síndic de Greuges tras más de medio año desde que la Generalitat la aprobó en el verano de 2020. Esta norma, pendiente de la pasada legislatura para actualizar la anterior de 1988, requiere de una mayoría de dos tercios para salir adelante; es decir, 66 de 99 diputados.
Entre las novedades, el proyecto admite por primera vez la formulación de quejas verbales en la sede y contempla reducir a tres quintas partes del parlamento la mayoría necesaria para elegir al síndic, que ostenta el socialista Ángel Luna desde noviembre de 2019. También introduce el criterio de paridad y la posibilidad de suspensión temporal o de reelección, mientras el número de síndics adjuntos pasa de dos a tres.
A una semana de la votación, Ciudadanos asegura que hay un "amplio consenso" con los partidos del gobierno a falta de algún fleco para sacar adelante la ley, además de destacar que "no se impondrá un requisito lingüístico" sino que el síndic simplemente conozca el valenciano y el castellano.
"El valenciano no puede limitar y ser una barrera", ha afirmado la diputada 'naranja' Mamen Peris tras la junta de síndics, ya que cree que el requisito es una "obsesión" de PSPV, Compromís y Unides Podem al incluirlo en la Ley de Función Pública.
Cs, en general, aboga por actualizar una normativa que tiene más de 30 años y ya establecer si se le denomina "síndic o síndica", por lo que llama a "llegar a grandes acuerdos" para la aprobación de leyes "que perduren en el tiempo". También rechaza que el Síndic pueda ser "juez y parte" y ejercer como mediador cuando ya hay instituciones especializadas para ello.
Por parte del Botànic, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha remarcado que la ley se debate "conforme viene de Conselleria", un proyecto que estableció que el defensor deberá tener conocimiento de las dos lenguas. "Estamos totalmente de acuerdo, la ley se queda como está", ha recalcado a los periodistas, para añadir que ese conocimiento "se tendrá que avalar de alguna manera" y que podría ser a través de un reglamento posterior.
Al margen de esta votación, el pleno del 10 y 11 de noviembre incluirá la tradicional sesión de control al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y la convalidación de los tres decretos de ayudas pendientes del plan 'Resistir' para sectores afectados por la crisis y las restricciones.
Por otro lado, al final de la sesión del jueves habrá un pleno extraordinario por el recurso de inconstitucionalidad que presentó Vox a la 'Ley Celaá', como es habitual ante este tipo de votaciones, con un receso de una hora para la votación telemática y después la de los diputados que asistan presencialmente. "Una ley abiertamente inconstitucional que limita los derechos de los padres", ha reiterado su síndica, Ana Vega.
Entre las interpelaciones a la Generalitat de la oposición, la síndica del PP, Isabel Bonig, ha avanzado una sobre el "caos" en la gestión de residuos sanitarios, ya que le sorprende el "silencio" sobre su traslado a cementeras cuando es algo que le criticaban a ella cuando era consellera de Infraestructuras.
"Mientras los residuos estaban almacenados en Feria Valencia, los enfermos estaban en unas carpas que se las lleva el viento", ha criticado en relación a los hospitales de campaña, y ha urgido a que el Consell muestre los informes técnicos que descarten las posibles irregularidades que ella transmitió al 'president', Ximo Puig, en enero.
Por eso ha remarcado que pidió a la consellera de Sanidad, la socialista Ana Barceló, que "asuma sus responsabilidades y no las de otros". "Faltan camas UCI, el adjudicatario dice que se le adeudan cantidades y no sabemos los modificados quien los ha decidido* no se están dando explicaciones y tampoco nos dan la documentación. Dicen que hay informes favorables pero no los hemos visto", ha insistido la 'popular'.
Su grupo también preguntará por la situación de Feria Valencia tras el traspaso del Ayuntamiento a la Generalitat, así como por el incremento de víctimas de violencia machista en la Comunitat y las medidas restrictivas en gimnasios y centros deportivos.
Ciudadanos se interesará por el reciclaje de recursos sanitarios, por la situación en las instalaciones deportivas, por la "exclusión" del pequeño comercio en las ayudas del Consell y por la efectividad de las políticas de empleo ante el aumento del paro. Y Vox prevé interpelar al conseller de Educación, Vicent Marzà, por la exención del valenciano en colegios de comarcas como la Vega Baja de Alicante.
Por su parte, Unides Podem garantiza que insistirá en su propuesta de crear una empresa pública comercializadora de electricidad, al margen del próximo pleno y sin fijarse un plazo, después de que el PSPV se abstuviera la semana pasada y Compromís la apoyara. "Necesitamos democratizar la energía", ha reivindicado su portavoz, Pilar Lima, para reconocer que sienten "un poco de decepción" por la postura de los socialistas.
Como portavoz adjunta, Estefania Blanes ha destacado además que la Ley de Función Pública superara este lunes la fase de enmiendas con la inclusión del teletrabajo como proponía UP, "independientemente de su desarrollo reglamentario posterior".
