La obsesión de Zaplana por el ‘cash’: 937.000 euros de Andorra y 2,3 millones de Uruguay

VALÈNCIA. El levantamiento parcial del secreto de sumario de la operación Erial, que tiene como principal imputado por blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, deja constancia de la obsesión que tenía el Molt Honoratble por el dinero en efectivo. De hecho, según el sumario, se sacaron de las cuentas opacas en Uruguay y Andorra casi 3,3 millones de euros.

Tal como publicaba este miércoles Valencia Plaza tras acceder al sumario del caso Erial, desde el paraíso fiscal uruguayo Eduardo Zaplana recibió presuntamente 2,3 millones de euros en efectivo que llegaron en varios envíos: un primer envío de 615.000 euros, un segundo de 770.000 y un tercero de 1.040.000 euros, lo que hace un total (con la tasa de cambio) de 2.300.000 euros en siete años. Ese dinero se recepcionó a través de su secretaria, también imputada, Mitsouko Henríquez.

Pero, según el sumario no fue suficiente y el expresidente y sus principales testaferros, Francisco Grau y Joaquín Barceló, tiraron presuntamente de otras cuentas opacas en la Banca Privada de Andorra para ‘repatriar’ casi un millón de euros. Un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura que el dinero se sacó "de una cuenta numerada de Joaquín Barceló en diversas retiradas en efectivo un importe aproximado de 937.000 euros".

El ingeniero financiero de Zaplana explicó en su declaración que el expresidente pedía periódicamente dinero en efectivo. De hecho, en los últimos años, entre 2015 y 2018, Zaplana comenzó a pedir cada vez más dinero en metálico por motivos que los investigadores creen que podrían estar relacionados con su estado de salud. 

Sin embargo, el millón de euros andorrano fue el primer dinero B que la trama sacó y movió muy poco tiempo después de haber dado supuestamente a dedo diversos contratos públicos con Zaplana al frente de la Generalitat. Presuntamente, ese dinero negro era procedente de las mordidas pagadas por la familia Cotino, beneficiaria de los contratos de las ITV y el plan eólico.

Pero esos primeros movimientos financieros hechos por Grau y Barceló fueron un fiasco ya que, como cuenta Fernando Belhot -testaferro uruguayo- en su declaración, parte del dinero se perdió al invertirlo en productos de alta volatilidad y en un banco griego que quebró con la crisis financiera. Es más, la poca fiabilidad de Grau y Barceló como ‘ingenieros’ fue lo que llevó a Zaplana a confiar en un tercero. 

Una confianza que ha terminado por hundirle judicialmente hablando, ya que la declaración de Fernando Washington Belhot es la piedra angular de la acusación contra Zaplana y el resto de investigados dentro de la operación Erial y es la que ha permitido inmovilizar los activos en las cuentas opacas.

Por otro lado, las cuentas en la Banca Privada de Andorra son presuntamente el principio del entramado junto con las luxemburguesas de la familia Cotino. En ellas se depositaron 6,4 millones de euros entre los años 2004 y 2007 a nombre de una sociedad llamada Pincak y, desde ella, se hicieron transferencias a la matriz Imison Internacional (1,5 millones) y a Anipa Corporation (1 millón).

'Caso Erial'

El expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están implicados en diferente medida en delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.

En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.