La oposición contra la Ley de Función Pública: "impone" el valenciano y "nace muerta" con la covid 

VALÈNCIA (EP). La oposición en bloque de Les Corts (PP, Cs y Vox) ha defendido este miércoles sus enmiendas a la totalidad al proyecto de la nueva Ley de Función Pública, al considerar que "impone" el valenciano y excluye a los funcionarios que solo hablan castellano, que "nace ya muerta" en plena pandemia y que "crea más barreras entre españoles", respectivamente.

A un día de la votación, toda la oposición ha garantizado su apoyo a las tres enmiendas para que el proyecto vuelva a manos de la Generalitat. Por contra, los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) las han rechazado y han defendido que el requisito lingüístico es necesario y está avalado jurídicamente y que la ley es moderna y urgente.

La consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, ha presentado el proyecto ante el hemiciclo justo ocho meses después de su aprobación y ha insistido en que es una necesidad impuesta por las "debilidades y carencias" que ha revelado la pandemia, aunque estaba en marcha desde 2016. Previsiblemente saldrá adelante en la sesión del pleno de este jueves, gracias a la mayoría del Botànic.

Como principal novedad, garantiza que los ciudadanos podrán relacionarse con la administración en el idioma que deseen, estableciendo que el valenciano sea una lengua de obligado conocimiento entre los funcionarios para "compensar el déficit de conocimiento que arrastran" y hacer efectivos los derechos del Estatut d'Autonomia. El grado de conocimiento se establecerá atendiendo a criterios de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones a desarrollar. 

5.000 funcionarios en dos años

Entre los objetivos de la ley destaca la racionalización de las oposiciones, la reducción "drástica" de cuerpos y escalas de 201 a 91, la mejora de la movilidad interna, la bajada de la alta tasa de interinidad, contratar a 5.000 funcionarios para "evitar que la administración colapse", afrontar las 5.000 jubilaciones que se esperan en la próxima década y "cambios profundos en el reclutamiento para hacer más atractivo el empleo público".

El proyecto también contempla el teletrabajo, ayudas para personas sin recursos o con buenos expedientes y avances en igualdad real entre mujeres y hombres, contra el lenguaje sexista, la brecha salarial y la falta de conciliación, junto a la movilidad para víctimas de violencia machista.

Algunos de los requisitos son un un máximo de un año para desarrollar oposiciones, antigüedad mínima de tres años para puestos de libre designación o superar al menos un examen para acceder a bolsas de trabajo, además de una reserva del 50% de plazas para el turno libre. Se creará la escuela valenciana de administración en sustitución del IVAP y nuevos directores de función pública para corregir el desconocimiento de los funcionarios e "incorporar talento".

Otro de los ejes es mejorar la calidad democrática con un refuerzo de las medidas contra la corrupción, como régimen de protección para los funcionarios que denuncien cualquier mala praxis o irregularidad. "Tenemos una gran oportunidad para la transformación de la administración valenciana", ha augurado la titular de Interior, convirtiendo a la Generalitat en "motor para la reconstrucción". 

El PP dice que Pedro Duque no podría ser funcionario

El PP ha reclamado la devolución del proyecto a la Generalitat basándose en su rechazo al requisito lingüístico al considerar que impone el valenciano y excluye a un cuarto de los ciudadanos de la Comunitat, además de echar la culpa a Compromís del retraso de cuatro años en la modificación y a la Generalitat de tenerlo "congelado en los cajones porque han aplazado la batalla".

También cree que la ley es básicamente la misma que la anterior de 2010, con algunas modificaciones, por lo que ha pedido que se mantenga. "Nuestra mano seguirá tendida para que Pedro Duque pueda ser funcionario a pesar de saber siete idiomas", ha ironizado el 'popular' José Antonio Rovira sobre el ministro de Ciencia, afincado en Xàbia.

Como réplica, la socialista Rosa Peris ha arremetido contra el PP por atreverse a criticar cuando la exdirectora de Función Pública de su último gobierno fue procesada por pasar datos a una compañera en unas oposiciones y por su "extrema cobardía" al no presentar enmiendas parciales. El PSPV considera necesaria la nueva ley para solucionar el modelo "antiguo y ridículo" de oposiciones que suponía más interinos y el "alarmante" riesgo de que los funcionarios de carrera sean minoría. 

Cs: "Alimenta la bestia del nacionalismo"

Cs también ha presentado una enmienda a la totalidad contra "el auténtico ladrillo de la 'ley Bravo'", que ve inoportuna y "cutre", y ha exigido a la consellera que se "rebele" contra Compromís y Podem por su "chantaje" para incluir el requisito. "Están alimentando la bestia del nacionalismo", ha alertado Vicente Fernández, además de denunciar que la Generalitat condena a que los funcionarios estén varios años como interinos y a que se tengan que ir a otras comunidades.

Es más, Ciudadanos cree que el proyecto nace "muerto" tras la pandemia cuando debería ser una ley para 20 años y regular tanto el teletrabajo como la administración electrónica. "No han aprendido nada de la pandemia, solo a ocultar muertos", ha atacado el diputado 'naranja'.

De Compromís, Nathalie Torres ha criticado que la oposición se centre en el valenciano cuando "solo es un artículo" de los 191 y es un requisito establecido en todas las autonomías con dos lenguas. También ha vuelto a reclamar al Gobierno la eliminación de la tasa de reposición de funcionarios, "el regalo envenenado que dejó el PP y un drama para las administraciones". "Lecciones las justas", ha recalcado para defender los miles de puestos convocados desde 2015.

Con la última enmienda la totalidad, Vox quiere que el proyecto vuelva al Consell para que corrija su "evidente sesgo ideológico" y deje e imponer "más barreras y más desigualdades entre españoles", ha denunciado José María Llanos. A su juicio, el requisito lingüístico supone desterrar el castellano, convertir la lengua en arma política y perder a grandes profesionales, por lo que cree que debería ser un mérito y no una obligación.

Y por parte de Unides Podem, Estefanía Blanes ha alabado el proyecto por estar "a la vanguardia de la igualdad de género", una necesidad contra "gente" como los de Vox, además de lamentar que "los argumentos de las tres derechas se repiten". Sí ha reconocido que hay aspectos de la ley que se pueden mejorar y que para eso presentaron enmiendas de forma separada a PSPV y Compromís.