VALÈNCIA. El pasado viernes, À Punt sufrió un cambio en su organigrama significativo: la hasta entonces representante del Consell del Audiovisual en el Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y vicepresidenta del ente, Mar Iglesias, asumió la Presidencia en funciones de la cadena tras la renuncia de Enrique Soriano al cargo que ocupaba.
Un puesto en el que, como ya informó este diario, por el momento seguirá percibiendo indemnizaciones por cada reunión a la que asista, como ya hacen todos los vocales del Consejo Rector, ya que para cobrar el salario equivalente al de un secretario autonómico como tenía Soriano sería imprescindible que Presidencia de la Generalitat autorizase un contrato de alta dirección.
No obstante, esta es una cuestión que actualmente está en el aire: preguntados al respecto, fuentes del Palau confirman que han elevado una consulta a los servicios jurídicos porque existen dudas legales de que Presidencia pueda realmente validar un contrato de alta dirección en este caso, ya que Iglesias ocupa el cargo actualmente de forma interina y no ha sido elegida por Les Corts Valencianes. "De acometerse, podría generar inseguridad jurídica", explican.
En este sentido, conviene señalar que el expresidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) cobraba un salario equiparable al de un secretario autonómico, pero no contó con contrato de alta dirección -cuestión sobre la que alertó la Sindicatura de Comptes en reiteradas ocasiones durante su mandato-. Sin embargo, a diferencia de Iglesias, éste sí fue elegido por el Parlamento y para un periodo de seis años, no de manera provisional.
El embrollo no es baladí, dado que Iglesias asumió la Presidencia el pasado viernes con la intención de solicitar una excedencia en la Universidad de Alicante -donde actualmente trabaja- para poder dedicarse en exclusiva al puesto que pasa a ocupar. De hecho, fuentes de la CVMC trasladaron a Valencia Plaza que no contemplaba dedicarse a su nueva responsabilidad a tiempo parcial.
En este punto, conviene señalar que el tripartito modificó la ley de À Punt a través de la ley de Acompañamiento de 2021 para que quien ocupase el puesto de Presidencia de la televisión valenciana pudiera no dedicarse en exclusiva al cargo y así poder compatibilizarlo con su profesión. En ese caso, eso sí, no recibiría un salario, sino que únicamente pasaría a cobrar las indemnizaciones por las reuniones a las que asistiera.
En esta tesitura, si Presidencia no pudiera autorizarle finalmente el contrato de alta dirección por tratarse de un puesto ocupado de manera temporal, Iglesias solo tendría opción de percibir dietas en cualquier caso: tanto si se dedicara en exclusiva a su nuevo puesto, como si no. O lo que es lo mismo, sus retribuciones serían iguales ahora como presidenta, que cuando fue vocal en el Consejo Rector.
Una circunstancia por la que no es descartable que finalmente decidiera dedicarse a tiempo parcial para poder, al menos, seguir cobrando el sueldo de la universidad. Sin embargo, fuentes de la CVMC insisten a este diario en que asumió su nueva responsabilidad para "dedicarse por completo a ella y no un par de veces al mes".
El momento más visto fue la bajada de la Senyera con un 20,4% de cuota de pantalla, donde À Punt lideró la audiencia por delante del resto de cadenas.