VALÈNCIA. El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al real decreto de medidas urgentes para tratar de reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Un acuerdo firmado apenas un día antes entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Miquel Iceta y los sindicatos más representativos del sector que no solo no agrada a los propios interinos, sino que también complicará a la Generalitat la gestión de su plantilla durante los próximos años.
El texto aprobado modifica el Estatuto Básico del Empleado Público en dos cuestiones clave. Por una parte, a través de la reforma del artículo 10, se impide que una persona interina esté más de tres años en una plaza pública, periodo que podrá ser ampliable hasta doce meses más. En caso de que la Administración de turno no cumpla con este requisito, esta plaza se amortizará.
Por otra parte, para amortiguar en cierto modo las consecuencias drásticas que puede tener una medida así, el Gobierno autoriza un proceso para la estabilización de empleo temporal en el que se incluirán todas las plazas de naturaleza estructural que hayan estado ocupadas por interinos "al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020" y no fuesen incluidas en los procesos de estabilización previstos en los acuerdos para la mejora del empleo público de los años 2017 y 2018.
Los dos cambios introducidos en el EBEP pretenden reducir la temporalidad en las administraciones a un 8% para cumplir con la sentencia europea de marzo de 2020, pero la Generalitat ya ha advertido que no va a poder cumplir con este objetivo teniendo en cuenta las condiciones que fija el texto definitivo aprobado este martes en el Consejo de Ministros por varios motivos.
De hecho, la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, advirtió la semana pasada que con el proceso extraordinario que planteaba el Ministerio de Iceta para las plazas ocupadas por temporales, en la Comunitat Valenciana tan solo se podría reducir la tasa de interinidad al 20% en el mejor de los casos.
En la Generalitat, cabe apuntar, trabajan actualmente 24.868 interinos, según el último informe de fiscalización de gastos de personal de la Administración de valenciana de diciembre de 2019 de la Sindicatura de Comptes. Una cifra que representa en torno al 32% de su plantilla total. Si se limita únicamente a la Administración de la Generalitat -sin contar Educación y Sanidad- el porcentaje de temporales aumenta hasta el 48%: de 19.000 personas en plantilla, más de 9.000 son interinos.
El documento aprobado, con todo, no genera simpatías ni en el Gobierno ni entre los propios afectados. Respecto al plan de estabilización extraordinario autorizado ahora por Iceta, la Conselleria había reclamado al Ministerio que se aplicase a las plazas estructurales ocupadas de forma interrumpida en los tres años anteriores a 1 de julio de 2021.
Es decir, el departamento de Bravo buscaba poner el "contador a cero" al ampliar el margen temporal para que también comprendiera los últimos seis meses del presente ejercicio. La petición no era baladí porque en el primer semestre de 2021 la Generalitat ha realizado cerca de 1.500 contrataciones temporales.
La demanda, sin embargo, no ha sido atendida por el Gobierno central, como tampoco lo ha sido la solicitud relativa a las indemnizaciones para los temporales. El texto aprobado establece que aquellos interinos que estén en activo y no superen el proceso selectivo de estabilización después de tres años como temporales tendrán derecho a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado al finalizar su relación con la Administración.
Una cláusula que Bravo solicitó en la Sectorial de Función Pública de la semana pasada que no solo se aplicase a los interinos nombrados una vez se aprobase el decreto, sino a todos. Es decir, con efectos retroactivos. De lo contrario, a su juicio, se estaría generando un agravio comparativo respecto a quienes llevasen años en nómina de la Generalitat, dado que el decreto validado por el Gobierno no prevé ninguna indemnización para los temporales contratados antes de la entrada en vigor de la norma que alcancen los tres años en la Administración y no superen un proceso selectivo en dicho periodo.
Con todo, el texto aprobado trastoca en términos generales la gestión de la plantilla de la Generalitat porque no resuelve el problema generado en torno a la figura de los temporales -la Conselleria ya ha advertido que con esta reforma, aún así, no podrá alcanzar el 8% que establece el Gobierno sino que en el mejor de los casos reducirá la temporalidad al 20%- y limita, además, los contratos temporales a tres años a partir de ahora.
Un contexto que puede ser dramático para la Administración valenciana, puesto que en los últimos años el Gobierno valenciano ha recurrido a la contratación de personal interino para contrarrestar las numerosas bajas de efectivos que se están produciendo por jubilación.
No en vano, las ofertas de empleo público para cubrir estas plazas por funcionarios de carrera son procesos que cuestan meses -incluso años- en resolverse, por lo que la Generalitat recurría a la vía exprés de contratar interinos y, ahora, deberán limitar estos fichajes a tres años. A este escenario, además, se suma la famosa tasa de reposición que mantiene el Gobierno central para controlar el gasto pero que por contra impide al Consell ofertar todas las plazas que necesita para cubrir las vacantes que dejan las jubilaciones.
La propuesta tampoco ha agradado a los interinos, pues a los tres años si no superan el proceso selectivo se quedarán en la calle sin indemnización frente a los nuevos temporales. Y aunque en el proceso de estabilización, que se resolverá por concurso-oposición, la fase de concurso les ofrezca cierta ventaja -pues dentro del 40% que puntuará esta parte tendrá un peso significativo la experiencia-, el agravio comparativo respecto a los nuevos temporales si no superan esta prueba será considerable al no tener derecho a la paga de los 20 días por año trabajado.
Las expectativas de este colectivo tampoco se han cumplido con este decreto por otro motivo: para los interinos, una de las soluciones que creían que podía aplicar el Gobierno para cumplir con la sentencia europea que reconocía la desprotección y el abuso que sufren trabajadores interinos del sector público español y convertirse en fijos pasaba por que los procesos de estabilización se restringiera en cierto modo al personal interino. Lo que, en definitiva, permitiría que no compitiesen con gente ajena a la Administración; aspirantes de fuera. Sin embargo, por mucho que la sentencia europea reconociera esta desprotección que han sufrido los temporales durante años en España -que muchos han llevado a los tribunales- e instara a resolver su situación, el EBEP no permite ese acceso diferenciado.