VALÈNCIA (AGENCIAS/M.G./X.A). Los grupos parlamentarios de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos alcanzaron este martes un acuerdo en el Congreso de los Diputados para aprobar en diciembre una reforma del Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana que lleva pendiente desde 2011 y cuya modificación se vio retrasada hasta en más de 40 ocasiones.
Al texto propuesto que planteaba adecuar las inversiones del Estado en la autonomía al peso poblacional, no obstante, se suma un nuevo redactado que permitiría a la Generalitat tener más protagonismo en la toma de decisiones respecto al destino del dinero que el Gobierno central establezca. Es decir, mediante un nuevo artículo, se ofrece la posibilidad de que el Gobierno valenciano pueda especificar al Ejecutivo central dónde deberían ir a parar las inversiones en el diseño de unas cuentas para que el reparto no se realice de forma arbitraria sino atendiendo las particularidades de la autonomía y teniendo en cuenta las necesidades del territorio.
En concreto, la nueva cláusula fija que la "Generalitat participará en las decisiones sobre la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana la cual, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será equivalente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución, al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años. Con esta finalidad, se constituirá una Comisión integrada por la administración estatal, autonómica y local". En definitiva, una ampliación de las competencias en materia de participación de la Administración autonómica.
A su vez, a este texto pactado por las cuatro formaciones que modularía la cláusula sobre las inversiones del Estado que fue impulsada en su día por el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, evitaría que la modificación estatutaria tuviera que ser aprobada en un referéndum por los valencianos. Al trasladar esta disposición transitoria a parte del articulado de la reforma, pasaría de ser una obligación a tener carácter potestativo. Esto es, la realización de un referéndum o no, quedaría sujeta a la voluntad política.
Con estos mimbres, los miembros de la Mesa y los portavoces de la Comisión Constitucional acordaron llevar este texto de modificación del Estatut a ponencia el 11 de diciembre para validarlo y, dos días después, llevarlo a la citada comisión que actualmente preside el diputado del PP, Jesús Posada.
La intención es que antes del 20 de diciembre pueda elevarse a un Pleno de la Cámara Baja para que su traslado al Senado sea lo más ágil posible, ya que su paso por la Cámara Alta sería la penúltima fase para que esta reforma viera la luz. El último movimiento correspondería a Les Corts Valencianes que, una vez reciban la modificación de la Carta Magna, deberán ratificar el nuevo texto.
Con este escenario, el anhelo por que el Senado traslade en el menor tiempo posible la reforma al Parlamento valenciano se justifica con que el próximo mes de marzo se disolverá la cámara que preside Enric Morera para preparar las elecciones que se celebrarán el próximo mes de mayo.
La reforma del Estatut de Autonomía vería la luz casi ocho años después de ser aprobada en Les Cortes y de su remisión al Congreso, ya que cabe recordar que aunque la Cámara Baja admitió a trámite la reforma en tres ocasiones desde 2011, las dos primeras no sirvieron de nada porque las cámaras se disolvieron al convocarse elecciones generales, así que la iniciativa tuvo que volver a debatirse y votarse en octubre de 2016, al inicio de la presente legislatura.