VALÈNCIA. La moción presentada por el diputado de Compromís, Joan Baldoví, en el Congreso que fue debatida este martes ha quedado notablemente diluida ante la enmienda transaccional propuesta por PSOE y Unidas Podemos y que, finalmente, ha sido aceptada por el parlamentario de la coalición valencianista.
Así, la principal novedad se centra en el primer punto de la enmienda, donde se insta al Gobierno a "presentar antes de final de 2021 la propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica". Un enunciado que, en la práctica, indica que el proceso no se consumará hasta el año siguiente.
De esta manera, se fija un nuevo calendario para que el Gobierno de España lleve al Congreso una primera propuesta inicial para la remodelación de un sistema que perjudica en el reparto a la Comunitat Valenciana y que lleva caducado desde 2014 y vigente desde 2009.
Este acuerdo, celebrado por PSOE y Unidas Podemos y asumido por Baldoví, implica un nuevo retraso de una reforma especialmente reivindicada por su socio en el Gobierno valenciano, Compromís, que la puso como condición innegociable para respaldar la investidura de Pedro Sánchez a principios de la legislatura en enero de 2020.
La moción inicialmente presentada por Compromís, apuntaba de una manera más inmediata además de incluir la petición de un Fondo de Nivelación y el reconocimiento de la deuda histórica. Este texto fue contestado por PSOE y Unidas Podemos a través de una enmienda mucho menos concreta que fue criticada por Baldoví este martes en el debate.
Finalmente, fuentes de la coalición valencianista han señalado que se ha decidido llegar a este consenso con una fecha límite sobre la mesa para no romper la unidad del Botànic, dado que PSOE y Unidas Podemos habían asegurado que votarían en contra de la moción y no saldría adelante.
Además, desde Compromís han subrayado que en la nueva moción también se especifica que mientras esta reforma no se produzca, se continuará garantizando a la Generalitat Valenciana la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado. Es decir, que cualquier nueva transferencia que realice el gobierno central a las comunidades autónomas tendrá como criterio prioritario el peso poblacional del territorio, cómo ya ocurrió tras la rectificación en los criterios de reparto del fondo COVID de 16.000 millones.
-Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la urgente necesidad de reforma del sistema de financiación autonómica, así como el establecimiento de medidas compensatorias como el Fondo de nivelación mientras no se efectúe dicha reforma.
“El Congreso insta al Gobierno a:
1. Presentar antes de final de 2021 la propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica.
2. Que el nuevo sistema de financiación garantice la equidad y la suficiencia financiera para todas las comunidades autónomas. Se debe elaborar y negociar un nuevo sistema que garantice los principios de autonomía, coordinación, solidaridad y corresponsabilidad, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las comunidades autónomas, de manera que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.
3. Que el nuevo sistema de financiación garantice también la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. En la elaboración del nuevo sistema se prestará especial atención a la simplificación del mismo, así como a la transparencia en la asignación y reparto de los fondos públicos, que en última instancia proceden de los impuestos que pagan todos los españoles.
4. Garantizar que los sistemas habilitados para posibilitar la financiación de las comunidades autónomas se ejecutan con parámetros objetivos, con la adecuada diligencia, y permitiendo que las comunidades autónomas atiendan, en el marco de su autonomía política y financiera, el cumplimiento de sus competencias, especialmente las referentes a los servicios públicos fundamentales.
5. Analizar posibles medidas a adoptar para aliviar el elevado nivel de endeudamiento de algunas CCAA.
6. Mientras esta reforma no se produzca, se continuará garantizando a la Generalitat Valenciana la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado.