Las causas contra Zaplana y el hermano de Ximo Puig marcan el otoño judicial

VALÈNCIA (EFE). El nuevo curso judicial de la Comunitat Valenciana que se inicia este otoño intentará recuperar el tiempo perdido por la pandemia de coronavirus y acelerar la instrucción en causas mediáticas como la que se sigue contra el expresident Eduardo Zaplana y el hermano de Ximo Puig, y desenquistar otras que se eternizan, como las de los casos Imelsa, Alquería y del IVAM.

En el caso Erial, que dirige el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, tras una primera ronda de declaraciones de los principales procesados -entre ellos Zaplana-, es previsible la citación en calidad de investigado del exconseller Fernando Castelló, imputado en la causa desde julio.

El caso se abrió para investigar el posible cobro de comisiones -alrededor de 11 millones de euros- derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Del aún amplio catálogo de casos de posible corrupción que todavía se tramitan en los juzgados valencianos, se esperan avances en la instrucción del conocido como caso Imelsa, un asunto que en enero cumplirá cinco años y se encuentra desgajado en una decena de piezas.

Algunas de las más relevantes, por su trascendencia mediática, como la que afecta a medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP local de València -por un supuesto delito de blanqueo de capitales-, se encuentran casi concluidas desde hace varios meses en el Juzgado de Instrucción número 18.

También se encuentran en su fase final las dos causas abiertas a la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar por la compra de obras de arte supuestamente falsificadas y por el uso de fondos públicos para la promoción de la carrera artística de su hijo.

Pero el reciente cambio de letrado de uno de los principales acusados en la primera de estas piezas y varias diligencias complementarias solicitadas por Anticorrupción en la segunda complican la posibilidad de que la esposa del exconseller del PP Rafael Blasco vaya a sentarse en el banquillo de los acusados este año.

A la espera de un informe policial

Las partes personadas en la causa contra Francis Puig, hermano del president Ximo Puig, y el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, esperan un informe policial que cuantifique las subvenciones supuestamente irregulares, y que puede resultar determinante a la hora de relacionar -o no- los hechos con la tipología delictiva y establecer posibles responsabilidades penales.

En esta causa, que abrió el Juzgado de Instrucción número 4 tras una querella presentada por el PP, se espera un pronto pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción.

Respecto a otro asunto ya clásico en los juzgados valencianos, la Fórmula 1, únicamente queda viva la pieza relativa a las obras de construcción del circuito urbano de València.

La acusación, que se dirige contra una decena de investigados, entre ellos el ex secretario autonómico de Hacienda José Miguel Escrig y el exdirector de Circuito del Motor Julio García, sería únicamente por prevaricación, es decir, que conllevaría solo penas de inhabilitación, según las fuentes judiciales consultadas por EFE.

Caso Alquería

También son previsibles avances significativos en el conocido como caso Alquería, contra el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez -entre otros- por el supuesto "enchufe" de varios altos cargos en la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa).

Los abogados consultados dan por finiquitada la instrucción y esperan que se concreten las acusaciones antes de la apertura de juicio.

Y en el marco de la causa abierta tras la estafa de cuatro millones de euros que sufrió la EMT de València, que también ve el Juzgado de Instrucción número 18, el proceso ha entrado en una fase de presentación de informes periciales y, como novedad, para el 16 de octubre se esperan las nuevas testificales del director gerente y la directora de Gestión.