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VALÈNCIA. (Agencias). El juicio al 'procés' ha comenzado a celebrarse en el Tribunal Supremo, apenas 14 meses después de iniciarse la investigación criminal contra los presuntos responsables de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O y la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de 27 octubre de 2017.
El inicio de las sesiones arranca con una expectación política y mediática sin precedentes pese a que la jornada, dividida en sesiones de y tarde, se dedicará en exclusiva a que las defensas de los doce exmandatarios independentistas puedan exponer sus argumentos para intentar, en última instancia, la nulidad de todo el procedimiento judicial.
El primero en intervenir ha sido el abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, que ha afirmado que esta causa "atenta contra la disidencia política".
"Nos encontramos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales", ha afirmado en el arranque del turno de una hora que le ha concedido el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para exponer su alegato.
"Tengo que hablar de derecho penal democrático, no vamos a hacer una defensa política sino a defender valores y derechos humanos", ha manifestado el abogado, aludiendo a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el opositor pro-kurdo Demirtas que a su juicio" tiene que ver con el silenciamento de la disidencia política y sobre cómo se puede utilizar la prisión provisional para afectar a la agenda política".
El abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, ha sido el primero en intervenir en el juicio por el 'procés' independentista que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo y ha afirmado que esta causa es un "vodevil procesal" que "atenta contra la disidencia política". Tras afirmar que se han vulnerado o restringido todos los derechos constitucionales, ha pedido de nuevo la libertad de los acusados en prisión para "hacer un juicio distinto mañana".
"Nos encontramos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales", ha afirmado en el arranque del turno de una hora que le ha concedido el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para exponer su alegato.
Interviene en el turno de las denominadas cuestiones previas, dirigidas a exponer posibles vulneraciones de derechos fundamentales antes de dar comienzo al juicio en sí con los interrogatorios de los procesados.
"Tengo que hablar de derecho penal democrático, no vamos a hacer una defensa política sino a defender valores y derechos humanos", ha manifestado el abogado, aludiendo a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el opositor pro-kurdo Demirtas que a su juicio "tiene que ver con el silenciamiento de la disidencia política y sobre cómo se puede utilizar la prisión provisional para afectar a la agenda política".
El letrado Jordi Pina que representa al expresidente de la ANC Jordi Sánchez y a los exconsejeros catalanes Jordi Turull y Josep Rull ha pedido a los magistrados del Tribunal Supremo que "hagan de jueces y "no de salvadores de la patria".
El letrado ha comenzado este alegato dudando de la imparcialidad de los magistrados del Supremo, desde el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, hasta el juez instructor de la causa, Pablo Llarena. Pina ha hecho mención de una carta publicada en un medio de comunicación, en la que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aseguraba que el juez de instrucción de Barcelona (fallecido), que investigó los preparativos del referéndum ilegal, Juan Antonio Ramírez-Sunyer, había "cambiado el rumbo" de España y que era un "héroe nacional".
"Son magistrados, no héroes nacionales", ha criticado el letrado, ironizando que esta afirmación hace pensar que los magistrados del alto tribunal están para "mantener la unidad de España". "Hagan de jueces, no de salvadores de la patria", ha pedido.
La abogada Olga Arderiu, que defiende a la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell, ha solicitado durante su intervención la expulsión de su representada del procedimiento porque únicamente se le imputan actuaciones que estaban protegidas por la inviolabilidad parlamentaria.
Durante su turno de defensa de las denominadas cuestiones previas la letrada ha recordado que la inviolavilidad parlamentaria se consagra en el Estatuto de Autonomía de Cataluña para proteger la libertad de expresión y el derecho a la participación política de los integrantes de la Cámara.
En este contexto, Arderiu ha destacado que todos los hechos que se imputan a la expresidenta del Parlament, -permitir la tramitación y aprobación de las denominadas leyes de desconexión y de la convocatoria del referéndum del 1-O- se corresponden con las funciones propias de la actividad parlamentaria y deben estar protegidos por esta inviolavilidad.
El abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha criticado este martes ante los magistrados del Tribunal Supremo que juzgan el 'procés' independentista en Cataluña que la Fiscalía haya utilizado el escrito en el que pide 16 años de cárcel para su defendido por rebelión para "criminalizar" las movilizaciones populares como "medio de presión" para justificar la violencia necesaria para sustentar este delito.
Así lo ha dicho Benet Salellas durante su intervención en la vista oral, que este martes ha comenzado con las cuestiones previas, en la que ha denunciado que la causa general sobre la independencia de Cataluña ha vulnerado derechos fundamentales como el de la libertad de expresión y libertad de reunión. En este sentido, ha lamentado que el escrito de acusación de la Fiscalía dedique "50 páginas única y exclusivamente a hablar de actos de la manifestación pacífica".
El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha exigido este martes "el archivo de la causa" que ha comenzado a juzgarse en el Tribunal Supremo y la libertad inmediata de los 12 líderes independentistas por el denominado 'procés' en Cataluña.
En una comparecencia ante los medios de comunicación en la sede de la Generalitat en Madrid, Torra ha leído un comunicado en el que solicitaba además la colaboración de los observadores internacionales y de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos ante lo que considera un "juicio farsa".
"Hemos asistido a la primera jornada de un juicio que no debería de haberse producido. El hecho de ver a los consejeros y a los líderes sociales sentados en un juzgado penal es un ataque a la Democracia", ha sostenido.
