BRUSELAS. La Nochebuena de 2020 puso punto y final a la relación del Reino Unido como Estado miembro de la Unión Europea (UE), con efectos a partir del 31 de diciembre. Ambas partes llegaron a un Acuerdo de Comercio y Cooperación que se resumen en el tuit publicado en ese momento por el negociador europeo para esta ruptura, Michel Barnier: "El Reino Unido ha optado por abandonar la Unión Europea y el mercado único, renunciar a los derechos y beneficios de un Estado Miembro. Nuestro acuerdo no responde a estos derechos y beneficios, es la base de una nueva asociación que queremos justa y equitativa”.
Al día siguiente, el Primer Ministro británico anunciaba triunfal el acuerdo de divorcio. Con un vídeo en twiter, a Boris Johnson sólo le faltaba el gorro rojo y la carcajada. Más modesta fue la carta que prologaba el resumen del acuerdo alcanzado tras 11 meses de negociación, para sellar una relación que no distorsione las relaciones comerciales entre el Reino Unido y el continente. Este escueto documento de 34 páginas recoge sumariamente el Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA, por sus siglas en inglés), de 1.246 páginas, que deben ahora aprobar los parlamentos respectivos.
Ésta fue la primera mentira post Brexit, porque Boris Johnson habló en su vídeo de un documento de 2.000 páginas. Y ésta fue la mentira menor, Porque lo primero que dice en el prólogo dirigido a los súbditos británicos es que “este ambicioso Acuerdo es el primero que la UE ha alcanzado permitiendo aranceles y cuotas cero”. Obvia decir, primero, que ya hay aranceles y cuotas cero en el Tratado con Canadá y en el de Japón, en determinados productos. Como también obvia decir, en segundo lugar, que los coches, furgones y camiones tendrán un arancel del 10%.
Lo mejor es su anuncio triunfal de que “a las 11 de la noche del 31 de diciembre” -allí es una hora menos-, el Reino Unido “recuperará plenamente su independencia nacional” y, dice, “abandonaremos la unión aduanera y el mercado único”. Esta buena nueva para los británicos significa que, pese a la cuota cero, los bienes no podrán circular libremente entre ambas partes, sino que deberán cumplir con unos requisitos de certificación de los productos de origen y de unas normas fitosanitarias, de protección del consumidor y medioambientales que son las europeas.
Por dos razones. Una, porque la UE no ha renunciado a los estándares europeos en la comercialización de los productos que se importen y aplicará todo tipo de controles para que se cumpla su normativa. Y dos, porque existe una cláusula de no regresión para el Reino Unido, es decir, que la normativa laboral y de beneficios sociales, por ejemplo, siga cumpliéndose como estaba el 31 de diciembre, es decir, bajo normativa europea, evitando así el dumping y la competencia desleal.
A continuación y siguiendo con su relato, Johnson anuncia: “Recuperaremos el control de nuestras aguas”. Éste ha sido el campo de batalla entre británicos y franceses dentro de la negociación del TCA, precisamente porque ambos países comparten poblaciones de especies de peces sometidas a controles. De nuevo, miente relativamente, ya que la recuperación no será total y no ahora. La sostenibilidad de la pesca y del medio marino impone un reparto de cuotas que los británicos querían eludir con un control del 80% sobre las poblaciones de las especies marinas compartidas. Al final se ha rebajado al 25% durante cinco años y medio, si no se llega a un acuerdo antes, para gestionar conjuntamente la pesca en esas aguas. También se respetarán derechos históricos de las flotas pesqueras vecinas. De otra parte, la “recuperación” de la flota pesquera británica, por la que tanto han batallado, es en realidad una quimera si se tiene en cuenta que el 80% está en manos de inversores extranjeros, desde que la vendieron en los años 90.
la “recuperación” de la flota pesquera británica es una quimera porque el 80% está en manos de inversores extranjeros
También anuncia que recuperará “el control de nuestro dinero, poniendo fin a los grandes pagos a la UE". Estos grandes pagos son las contribuciones que realizan todos los Estados miembros, en mayor o menor proporción, y que se devuelven en subvenciones, proyectos y fondos europeos. Por ejemplo, se le va a permitir que entre en algunos productos de investigación y en el programa Horizonte 2020, tras definir cuál será su contribución y bajo las condiciones que establecen los proyectos. Y, por supuesto, se queda fuera del plan de recuperación post-pandemia, de 750.000 millones de euros, Next Generation UE. Queda por delimitar, por ejemplo, qué subsidios recibirán los agricultores y granjeros británicos del Gobierno de Johnson.
“Recuperaremos el control de nuestras fronteras e introduciremos nuestro nuevo sistema de inmigración por puntos a principios del próximo año”. De nuevo, el Primer Ministro británico elude explicar que la política de inmigración es competencia nacional, excepto que nos haya considerado hasta ahora a los europeos de la Unión extranjeros inmigrantes y no amigos vecinos. Ahora podrá elegir “los mejores talentos del mundo”, ha dicho, y los europeos “se pondrán a la cola”. Con reciprocidad, claro. Olvida aquí que la Unión Europea es el espacio geográfico mundial con más alto nivel de cualificación proporcional a su población. Y olvida decir a sus compatriotas que deberán pedir un visado para largas estancias en Europa, que será concedido sólo para estudiar y trabajar con condiciones, y la coordinación de la Seguridad Social y la asistencia sanitaria recíprocas.
En el Acuerdo hay además un apartado para la colaboración en inmigración ilegal y asilo. Ello implica una cooperación policial y judicial, en terrorismo y en crimen organizado transfronterizo, que en ningún caso podrá ser completa porque ya no habrá acceso a las bases de datos. En energía y seguridad nuclear, también se acota la colaboración con unos acuerdos paralelos y protocolos anexos.
Pero, dice, “lo más importante es que el acuerdo prevé que el Reino Unido recupere el control de nuestras leyes, sin permitir que la legislación de la UE desempeñe ningún papel ni que el Tribunal de Justicia Europeo tenga jurisdicción alguna”. Tiene en parte razón, porque han logrado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no sea competente sobre el cumplimiento del acuerdo, sino que estará en manos de un tribunal arbitral formado por expertos. Lo que no dice es que, en caso de incumplimiento, ambas partes pueden solicitar la suspensión de parte del acuerdo e incluso aplicarla según la materia de que se trate. Es más, la UE se ha atribuido la prerrogativa de que si, en 20 días después de su entrada en vigor, considera que le Reino Unido no cumple con su parte, lo cancelará. Ello implica el cumplimiento de la Convención de Derechos Humanos y la reciprocidad en todo lo que implica el Acuerdo.
Por último, Boris Johnson lanza unas soflamas patrióticas en las que se ensalza como el hacedor de la restauración de la “soberanía nacional” y “el comienzo de una nueva era de cambio” que describe como “el siguiente acto en el gran drama de la historia de nuestro país” para restaurar “la fe en nuestra democracia”. Y añade que “el próximo año será nuestra oportunidad de demostrar lo que puede hacer la ‘Global Britain’, reafirmándonos como una nación liberal de libre comercio”.
Esta última frase define el proyecto liberal del gobierno británico, que comenzó hace algunas décadas con las privatizaciones y la desregulación de los mercados, además de importantes sectores productivos, en especial a nivel laboral. Aquí no miente.