Las otras reformas estructurales: las organizaciones empresariales

En la Comunitat Valenciana se ha puesto en marcha un proceso para la recuperación económica tras la desescalada de la pandemia. Agentes políticos, sociales, económicos y administraciones locales están convocados a formar parte de su gestación y posterior ejecución. Un proceso de colaboración a múltiples bandas, complejo y con el acento propio de la realidad valenciana. Una de las que, por sus características, más experimentará, previsiblemente, el stop del proceso productivo.

Las raíces de esta consecuencia radican en su mayor exposición al comercio de exportación y turismo extranjero, el empleo precario, las barreras de la pequeña y mediana empresa, su especialización sectorial en actividades de baja intensidad innovadora y la infrafinanciación autonómica. De otra parte, el crecimiento experimentado hasta 2019 ha guardado mayor relación con el turismo que en otros lugares de la geografía española, por lo que la generalizada frenada de este sector, intensivo en trabajo, amplifica las consecuencias de la crisis sobre la ocupación. En conjunto, razones más que suficientes para que existan acuerdos de colaboración política, de cooperación interinstitucional y pactos sociales.

Es tiempo, por ello, para acordar la priorización de objetivos, tanto a corto como a medio plazo. Los primeros descansarán en buena medida, como ahora sucede, sobre el esfuerzo financiero del sector público y su capacidad de sostener ERTE, prestaciones por desempleo, gasto sanitario, rentas mínimas, pensiones y el rápido pago a las empresas proveedoras de las administraciones públicas. También se encuentra conectado a las diversas haciendas públicas lo que, probablemente, se activará en los próximos meses: nuevas facilidades financieras a las empresas, inversiones públicas con un elevado contenido de trabajo y de otros inputs próximos, la protección reforzada de la innovación, el apoyo al acceso a los mercados de exportación menos afectados por la pandemia y la promoción turística en el mercado interior y los países que encabecen la apertura de fronteras.

El inmenso aumento del gasto público que se precisa para perseguir los anteriores objetivos merecería encontrar un nuevo compromiso por parte de los agentes económicos. No en vano, los flujos de renta que las administraciones han activado sostienen una proporción nada desdeñable de la actual demanda agregada. Aunque su nivel se haya reducido frente a los niveles pre-pandemia, constituye un valioso oxígeno para las empresas en activo y las que se incorporen en las próximas semanas. Un oxígeno al que se ha añadido la concesión a las empresas de préstamos avalados por el Estado, la demora o paralización de diversas obligaciones y las transferencias de renta, por parte de la Generalitat, a algunos colectivos específicos, como los autónomos.

¿Qué tipo de compromiso pueden asumir los agentes económicos, si no a corto, sí a medio plazo? Sencillamente: ampliar el espectro de sus responsabilidades. Aunque se hayan producido importantes procesos de racionalización, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España existe un exceso de asociaciones empresariales. Pequeños sectores se afanan en el sostenimiento de organizaciones que, por su número de asociados y captación de fondos propios, apenas pueden ejercer funciones distintas a las de representación ante algunas instituciones públicas. Su reducida capacidad de acción contrasta con la de las grandes federaciones empresariales. En éstas, el alcance de su misión se define sobre tres ejes: negociación con los sindicatos, representación ante las instituciones y prestación de servicios a los asociados. Precisamente, es esta última dimensión la que permite una nueva capilaridad público-privada en la persecución de objetivos compartidos.

Dicho con brevedad: los agentes económicos resultan imprescindibles para convencer a los empresarios en muy diversos asuntos. Que alguien de una administración pública exprese en una reunión con empresarios qué es lo que más les conviene constituye la vía más directa para que parte de ellos reaccionen con desconfianza: “¿desde cuándo los políticos y funcionarios conocen, mejor que yo, lo que le interesa a mi empresa?”, se preguntan con escepticismo.

Frente a este tipo de reacción, el diálogo constructivo y fluido se puede trenzar con mayor eficacia si los interlocutores son otros empresarios, carismáticos y de reconocido éxito. Es cierto que algunos suelen plantear, como alternativa al convencimiento, el establecimiento de algún incentivo público que propicie el deslizamiento de la voluntad empresarial hacia el objetivo perseguido; pero se ha de reconocer que, en bastantes ocasiones, el cambio de conducta suele durar el tiempo que existe el incentivo.

Existen grandes materias en las que resulta imprescindible la transferencia de un ánimo de convicción y experiencia positiva procedente de otros empresarios. La formación profesional, las alianzas tecnológicas, logísticas, exportadoras y medioambientales, el tamaño de la empresa, las centrales de compra de bienes y servicios, la formación de asesores empresariales en materias distintas de la laboral y fiscal. O la temprana oferta de nuevos servicios avanzados para las empresas, como los que resulten necesarios en la digitalización, la inteligencia económica y la protección de innovaciones.

Existen, pues, cambios estructurales que no dependen de los diarios oficiales de las administraciones, sino de la institucionalización de las organizaciones empresariales como agentes económicos pro-activamente reformadores. Cambios que no crecen en las ramas del voluntarismo, sino que brotan de la existencia de entidades fuertes en número de asociados, autonomía económica y una misión renovadora que explore otras realidades: aquéllas en las que la rentabilidad de la empresa integra tanto su acción directa como la del entorno empresarial que ha contribuido a crear.