La subrogación de los bomberos genera un nuevo enfrentamiento entre PSPV y Compromís

VALÈNCIA. La convivencia pacífica entre los dos socios del Consell se antoja cada día más complicada. La reunión preparatoria del pleno de este viernes volvió a poner en evidencia la tensión latente entre el PSPV y Compromís, que esta vez se enfrentan por la manera de resolver la crisis que mantiene en pie de guerra a los bomberos forestales.

Según trasladan a este periódico fuentes presentes en ese encuentro, Compromís forzó la paralización de un decreto que Presidencia tenía listo para ser aprobado en el pleno de hoy. La medida, que los socialistas ya habían incluso metido en el orden del día, se cayó ante la disconformidad manifestada por la coalición valencianista, una situación que desembocó en la bronca que parece ser la tónica de las últimas semanas.

En concreto, el decreto que el PSPV tenía previsto ratificar este viernes autorizaba al Consell a crear una sociedad mercantil de carácter público para integrar a los cerca de 700 empleados de las brigadas forestales que ahora dependen de Tragsa, la empresa pública estatal a la que la Generalitat tiene encomendado el servicio.

La propuesta, diseñada por la Conselleria de Hacienda y que contaría ya con todos los informes preceptivos a favor y el respaldo del sindicato UGT, contravendría lo aprobado por Les Corts en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2018, en los que por iniciativa de Podemos se determinó que estos trabajadores pasarían a depender de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Dado que este ente es un organismo autónomo con personal funcionario, los bomberos entrarían como personal 'a extinguir' hasta que ganaran su plaza por concurso. 

Frente a ello, Compromís se descolgó con una propuesta alternativa que consistiría en crear una entidad pública empresarial de carácter no mercantil. La colación, que sostiene que el PSPV maniobró unilateralmente para incluir su decreto en el orden del día de este viernes, prefiere que estos trabajadores se integren de forma transitoria en una entidad de este carácter hasta que puedan pasar definitivamente a la agencia que dirige José María Ángel.

La formación de Oltra, que en su justificación de la propuesta alude a la necesidad de cumplir con lo aprobado en Les Corts, entiende que si para integrar a los trabajadores del Hospital de la Ribera tras la reversión del servicio no se recurrió a la solución de crear una sociedad mercantil, en el caso de los bomberos forestales tampoco debería ser así.

Su planteamiento, que contaría con el apoyo del sindicato CCOO-PV, consistiría en crear una entidad de derecho público a disolver en un máximo de tres meses desde el 1 de diciembre de 2018. Tras ello, el personal sería directamente contratado por la Agencia de Seguridad en calidad de personal laboral 'a extinguir'.

En este punto, cabe recordar que la Abogacía de la Generalitat sostiene que las plazas ocupadas por este personal no podrían salir a concurso, lo que implica que los empleados podrían mantenerlas hasta el final de su vida laboral sin tener que someterse a las pruebas que sí han de superar los empleados públicos.

Los contactos entre PSPV y Compromís siguieron tras la tensa reunión de la mañana. A última hora de la tarde del jueves seguían sin llegar a un punto de entendimiento para desbloquear la crisis. Ante ello, Presidencia podría optar por continuar con sus planes y llevar igualmente el decreto al pleno de hoy, pero es poco probable que lo haga sin llegar antes a un acuerdo con su socio de Gobierno.

La mercantil del PSPV se cerraría a la financiación privada finalmente

El decreto de los socialistas para crear la nueva empresa, Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), modifica algunos puntos previstos en el primer borrador. Por ejemplo, establece que dicha sociedad será "cien por cien" pública, mientras que antes se abría a aportaciones públicas y "de las procedentes de la iniciativa privada".

Por otro lado, de aprobarse ese decreto, la incorporación del personal se produciría, como máximo, el 1 de abril de 2019. Se trataría de un nuevo incumplimiento de lo aprobado por les Corts Valencianes, que fijaron el 30 de noviembre de 2018 como fecha límite para subrogarse a los bomberos forestales. Fuentes sindicales consultadas explican que los plazos que estaban establecidos son ya incumplibles por la demora de las negociaciones.

Pero uno de los puntos que genera mayor recelo en parte del colectivo es el que habla del personal que se va a subrogar. Será el personal con contrato cuando se apruebe el decreto, pero también aquel que, "por resultar necesario para la prestación del servicio, (...) sea contratado por Tragsa" entre la entrada en vigor del decreto y la fecha de la incorporación". Se refiere especialmente a coordinadores y altos cargos dentro del cuerpo.

Este personal adicional entraría en la SGISE siempre que la Agencia de Emergencias de Batalla diera su visto bueno; y la lista completa de personal se publicaría en el Diari Oficial antes de la incorporación para que los sindicatos pudieran fiscalizar qué nuevos altos cargos habría. Pese a estos controles, existe cierto grado de desconfianza en un sector del colectivo, que teme la entrada de personal afín a representantes políticos o sindicales.

De crearse esta nueva mercantil, los trabajadores de Tragsa entrarían bajo las condiciones del convenio colectivo actual. Es el nuevo convenio el que fija el aumento salarial del 30% y la segunda actividad para parte del colectivo. Pero el texto está paralizado definitivamente en el Ministerio de Hacienda, que se niega a aprobarlo, por lo que al entrar a la SGISE, habría que negociar de nuevo el convenio.

Podemos incrementará su presión contra la mercantil

Podemos, el tercer socio del Botànic, tampoco está de acuerdo con la idea de crear una sociedad mercantil. Su posición ha sido clara y explícita desde el principio: los bomberos forestales han de subrogarse directamente a la Agencia de Seguridad.

De ellos vino la enmienda a la Ley de Acompañamiento, y sus representantes han mostrado su apoyo a las reivindicaciones del colectivo tanto por redes sociales como de forma presencial en sus manifestaciones. Es más, lo previsible es que la próxima semana se intensifique la presión de los morados contra la creación de la empresa.