Durante las últimas semanas la transición energética ha sido actualidad y con toda probabilidad lo será en los próximos meses a propósito de los fondos de reconstrucción, Next Generation EU, que la han situado como la gran meta europea para esta década. Repasar algunas de esas noticias nos puede ayudar a hacer pie en el fondo de un panorama enormemente complejo.
Empezando por el final, la nueva Ley de cambio climático y transición energética está a debate en el Congreso de los Diputados. El proyecto ha sido tachado de poco ambicioso al limitar sus objetivos de reducción de emisiones a los parámetros fijados por la Unión Europea. Sin restarle importancia a esta cuestión hay dos consideraciones que apuntar. La primera es que los objetivos fijados tanto a nivel internacional como europeo raramente se cumplen. Ni en España ni en ningún sitio. Por ese motivo, no se puede desvincular el “hasta dónde” llegamos del “cómo” llegamos, de otro modo, el debate se reduce al plano de lo estético y a una carrera por ver quien es más verde. La segunda consideración es que la aceleración de las inversiones en el despliegue de las renovables y de la electrificación del sistema de movilidad en España, también entraña riesgos. Por un lado, porque quienes pueden abordar grandes inversiones en cortos lapsos de tiempo son fundamentalmente grandes empresas y fondos de inversión. Por otro lado, porque desarrollar la producción de componentes en España a mayor escala puede requerir periodos de maduración más largos y sin disponer de esas capacidades, reforzaremos nuestra dependencia de las grandes corporaciones alemanas, norteamericanas y chinas.
Segundo titular, el alargamiento de la vida de la Central de Cofrentes que acaba de recibir el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear. Aunque el PSOE parece predispuesto a desentenderse de sus compromisos previos, Unidas Podemos se ha posicionado del lado de las organizaciones ecologistas a favor del cierre. Como disuasión se usa el ejemplo alemán en que el cierre de centrales nucleares derivó en la reactivación de centrales térmicas de carbón, muy contaminantes. Este argumento parece no tomar en consideración el contra ejemplo español: en los años 70 el movimiento antinuclear consiguió paralizar los planes para construir un total de 27 centrales por toda España, más las 3 pequeñas centrales ya en funcionamiento. Finalmente se construyeron 7. La paralización no supuso un relanzamiento de las centrales térmicas de carbón que han seguido una senda de decrecimiento sostenido hasta hoy en que el sector se haya prácticamente situación de liquidación. La clave ha sido el desarrollo de otras tecnologías de generación de electricidad que fueron ganando terreno y en el campo de las renovables, especialmente la energía eólica.
Chiva es noticia. Este pequeño municipio se ha movilizado contra una multinacional que pretende instalar 220.000 paneles solares en una extensión equivalente a 588 campos de futbol a los pies del paraje protegido de la sierra. En España la energía fotovoltaica es la única fuente de generación de electricidad con una capacidad instalada importante que todavía no está dominada por el oligopolio eléctrico y que tiene una presencia mayoritaria de pequeños y medianos productores. Se trata de una fuente de energía que favorece un esquema descentralizado tanto por los costes operativos cada vez más bajos como porque acercar el lugar de generación al punto de consumo mejora la eficiencia y reduce las pérdidas de energía. En Balears se aprobó la legislatura pasada la Ley autonómica de cambio climático y transición energética. La Conselleria correspondiente, en manos de Unidas Podemos, está usando este instrumento para favorecer la instalación de placas solares en lugares donde se reduzca su impacto paisajístico como los parkings o los techos de las naves industriales y los estadios.
La captación de fondos europeos también ha traído una retahíla de anuncios institucionales, el último de ellos un proyecto de inversión de 2.000 millones de euros para la fabricación de baterías eléctricas. Las grandes empresas se han apresurado a presentar enormes proyectos de inversión asesorados por las grandes consultoras. Aquí surgen dos dudas, la primera cuales serán (si los habrá) los criterios de selección y de asignación de fondos. La segunda es si la Generalitat se pondrá al timón mediante sus propios proyectos de inversión pública de una envergadura equiparable y favoreciendo la inclusión de las PYME y de la economía social. De momento, el Botànic sigue teniendo entre sus deberes pendientes las propuestas incluidas en el Plan de Energía Sostenible 2020, escasamente desarrollado, y la aprobación de la Ley autonómica de cambio climático y transición energética, en espera desde la legislatura pasada.
Llegamos al primer titular del año, la subida del precio de la electricidad. Dicha subida se ha atribuida a un pico transitorio de la demanda internacional de petróleo y gas, pero el problema de fondo es que tan solo 5 compañías controlan el 70% de la producción, casi el 100% de las redes de suministro y el 90% de las ventas finales. Iberdrola, Endesa y Naturgy forman un tripolio dominante al que se añaden EDP y Repsol. El grado de concentración empresarial no se dispersó con la liberalización del sector y subsiste su capacidad para manipular las tarifas tal como ha sancionado reiteradamente la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Pero lo realmente obsceno son los llamados windfall profits (beneficios caídos del cielo) que benefician a las empresas con cargo a los consumidores y que incluyen tanto indemnizaciones injustificadas, como un mecanismo de formación de precios que remunera el conjunto de la energía generada al precio de la más cara. El IVA es una forma de desviar la atención porque España tiene una de las facturas más caras de Europa y sin embargo la carga fiscal está por debajo de la media. Reducir el IVA al 10% sería razonable bajo dos supuestos: el primero incrementar de manera equivalente otros tributos, como el Impuesto de Sociedades, para que el Estado no perdiera más ingresos, dado que ahora está 70.000 millones de euros por debajo de la media de la eurozona. El segundo sería abordar una reforma de la Ley reguladora del sector eléctrico para evitar que el oligopolio convirtiera la disminución de impuestos en beneficios manteniendo las tarifas tal como están.
Acabo con lo que no es noticia. A principios del siglo XX existían unas 2.000 cooperativas eléctricas por toda España, actualmente quedan 21, de las cuales 16 se ubican en el País Valenciano. Una realidad desconocida. Se trata de empresas locales propiedad de los consumidores, y son las únicas que todavía disponen de sus propias redes de distribución al margen de las grandes empresas. Estas cooperativas generan una gran adhesión porque tienen tarifas más baratas que acomodan en situaciones de crisis, no recurren a los cortes de luz por impago y hacen una obra social muy relevante en sus municipios, ya sea abriendo una biblioteca, patrocinando a los clubes deportivos, dando un cheque para libros de texto por cada niño, colaborando con las fiestas populares o haciendo donativos a las ONG locales. En los últimos años han surgido también otras cooperativas a escala autonómica o estatal, comprometidas con las energías renovables. Atender y fomentar el desarrollo de este tipo de iniciativas es también una responsabilidad de las instituciones que a menudo las han ninguneado y que pueden permitirnos avanzar en la democratización de un sector que, de momento, sigue dominado por los intereses de los cinco gigantes. Sin abordar este problema fundamental, que es la cuestión del dominio y del poder de unos pocos sobre un sector estratégico de nuestra economía, cualquier otra consideración es solo una ilusión.