Foto: ROBER SOLSONA/EPHay semanas en que uno no sabe de qué escribir el domingo, de tantos acontecimientos reseñables. Empieza el lunes convencido que el tema será la enésima traición de Toni Cantó que tanto ha sorprendido a quienes todavía no lo conocían —cuando volvió a València, en Plaza le hicimos una bonita portada con una promesa que sabíamos que no iba a cumplir; fue el único militante de Ciudadanos que no la tuiteó—, pero la rabiosa actualidad le va trastocando a uno el propósito; que si la financiación autonómica, que si el improvisado cierre de Divalterra, justificado con un informe pastiche a tres manos fechado ese mismo día; que si Sanidad vacuna a gente joven antes que a los de más riesgo mientras Puig se queja de que "faltan dosis"...
Hasta que la Audiencia Provincial de Valencia devuelve a la actualidad el sórdido episodio de un caso de abuso sexual del que fue víctima una adolescente de 14 años tutelada por la Generalitat en un centro de menores de gestión privada. La víctima fue la niña, conviene reiterarlo y el autor fue uno de sus monitores, condenado a cinco años de prisión. El condenado, Luis Eduardo Ramírez, era en el momento de los hechos marido de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, responsable por elevación de la tutela de la niña, y la novedad del caso es la dureza con la que los magistrados —dos mujeres y un hombre— censuran en la sentencia la actuación de la Conselleria de Igualdad, que no creyó a la niña ni denunció el caso.
Procede recoger algunas observaciones de la sentencia antes de preguntarnos por qué todavía no han provocado ningún cese en la Conselleria de Igualdad o la dimisión de la máxima responsable, Mónica Oltra.
Según el tribunal, el Centro de Acogida Niño Jesús y la conselleria conocieron a través de una asistente social que la menor no quería volver al centro porque sufría abusos por parte de un monitor pero no lo denunciaron a la Fiscalía. Como la Iglesia con los casos de abusos, entrevistaron dos veces a la entonces presunta víctima sin preguntarle por los abusos y decidieron que no había nada. Eso sí, el centro cambió de puesto al monitor, por si acaso.
Meses después, cuando la Policía informó al centro de que había tenido conocimiento de los presuntos abusos, se elaboró por parte de la conselleria un "informe reservado" del que los magistrados destacan que "parece que se trata de disuadir a los agentes de la Policía Nacional de que pongan en conocimiento de la Fiscalía los abusos que les ha narrado" la joven. La asistente social creyó a la entonces presunta víctima; los agentes de Policía, también; y su novio, la familia de este y una compañera del centro. "Solo las personas ajenas al ámbito de la Conselleria dotan de credibilidad el relato de la menor, en tanto que todas las testificales del personal del Centro de Menores y la Consellería que trataron a Maite se la niegan, apreciándose también aquí un claro sesgo de confirmación en toda la actuación de dicha Conselleria, a partir de la inicial percepción (consigna en realidad) de que Maite es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta", crítica el tribunal.
No acabó ahí la cosa. Cuando la Fiscalía abrió diligencias y pidió información a Igualdad, el departamento de Oltra inició lo que los jueces califican de "instrucción paralela" llevada a cabo por una técnico jurídica de la Conselleria para, según el expediente, "determinar la veracidad de las acusaciones", en la que la menor quedó, una vez más, desacreditada. "No acaba de comprenderse el por qué de dichos informes cuando el asunto está siendo investigado por un Juzgado de Instrucción y cabe la posibilidad de practicar una pericial del IML [Instituto de Medicina Legal], ni tampoco por qué no se acude a Fiscalía de Menores para impetrar la protección de la menor, practicándose, por contra, una 'instrucción' paralela por personal de la Conselleria con toma de declaraciones a testigos e incluso práctica de una pericial no se sabe con qué objeto ni de forma contradictoria".
El colofón de la investigación paralela es el encargo por parte de Igualdad de un informe al Instituto Espill, "extemporáneo" —nueve meses después de los hechos ya judicializados—, según el tribunal, al que llama la atención "el marcado sesgo de que adolece el citado informe, de principio a fin".
Para los magistrados, "el 'informe reservado' y el informe pericial del Centro Espill podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la Conselleria por un educador, habiéndose hecho patente como consecuencia de la prueba esa relación de dependencia entre las autoras del informe y la Administración que les hace la encomienda". No hay que olvidar que tanto el Centro de Acogida Niño Jesús como el Instituto Espill son contratistas de la Conselleria.
Hablamos de una niña de 14 años, la víctima, que era reticente a denunciar porque pensaba que nadie la iba a creer, ya que el presunto abusador "tiene un familiar que es un cargo importante dentro de una Conselleria" y que "sale por la tele".
La reacción a la sentencia por parte de Mónica Oltra no fue depurar responsabilidades en su conselleria ni abrir una investigación interna ni, por descontado dimitir, sino proclamarse víctima del "machismo" que, según ella, le quiere presentar como culpable de los abusos. A la pregunta de por qué en el informe reservado de la conselleria se omitió el nombre del abusador, Oltra respondió: "En muchas crónicas se han omitido los apellidos del acusado, pero el mío no". Falso. La vicepresidenta sabe que tanto los medios de comunicación como la oposición guardaron un respetuoso silencio acerca de su parentesco con el acusado hasta que empezó a haber evidencias de que la actuación de la Conselleria no había sido diligente sino todo lo contrario, como destaca la sentencia al criticar la "hostilidad y absoluta falta de empatía [hacia la víctima] que se trasluce en los informes aportados y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla".
La vicepresidenta dice que no se ha juzgado a la Conselleria, sino a un abusador. Efectivamente, pero lo que ahora se está cuestionando no son los abusos ya juzgados sino la actuación de la Conselleria de Igualdad, y aquí la víctima vuelve a ser la adolescente, no Oltra.
Nada nuevo en la actitud de la vicepresidenta, quien en su ataque a la defensiva del otro día se quejaba de que nadie hablara de la otra sentencia conocida esta semana, la condena por corrupción de menores a un hombre que pagó a cambio de tener relaciones sexuales a varias adolescentes de 15 años, también tuteladas por la Generalitat y residentes en el Centro de Menores de Monteolivete, de titularidad y gestión pública.
Oltra ya desbarró hace cuatro años cuando se destapó este caso —en realidad, dos casos, pues por las mismas fechas se abrió otra causa por prostitución de otras menores del centro de Monteolivete—, lanzando cortinas de humo para desviar la atención sobre la actitud negligente de su conselleria en la protección de los que calificó de "nuestros hijos".
Ya que saca el tema, conviene hacer un relato cronológico de los hechos para apreciar las diferentes varas de medir de la consellera. El 27 febrero de 2017 Oltra se reunió con la fiscal de menores y la directora del centro de Monteolivete para conocer de primera mano los casos denunciados. El 20 de febrero, siete días antes, las responsables del centro Niño Jesús conocieron la denuncia contra su entonces marido y decidieron no darle crédito. También la conoció el abusador, que fue apartado de su puesto. En qué momento lo conoció la vicepresidenta es una de las incógnitas que debería aclarar en su comparecencia en Les Corts.
Meses después, en mayo, cuando tenía que dar cuenta en Les Corts de lo ocurrido en Monteolivete, Oltra lanzó un golpe de efecto al ordenar el cierre del Centro de Acogida Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe, regentado por una orden religiosa, en el que se había producido un presunto caso de acoso sexual de mucha menor gravedad que los anteriormente reseñados. En él, un monitor había acosado a una joven de 17 años para que tuviera relaciones sexuales con él y le había advertido de que si no consentía "iba a chupar muchas pollas". El 'educador' fue despedido y el centro no informó a la Conselleria al considerarlo un asunto resuelto. La víctima no quiso denunciar pero la Generalitat llevó el caso a la Justicia, que absolvió al acusado. La monjas también llevaron el cierre del centro a la Justicia, que anuló la medida decretada por Oltra por saltarse la ley.
El caso de Segorbe evidencia la errática actitud de Oltra ante los casos de abusos, más pendiente del impacto político que de las víctimas. Así, en tribuna parlamentaria criticó a la directora de ese centro de menores por decir que la menor presentaba una "especial tendencia hacia los hombres" para quitar hierro al asunto, pero no parece importarle que desde su conselleria y desde el Instituto Espill se dejase por mentirosa, problemática y violenta a la menor que sufrió los abusos.
En Segorbe, la Conselleria de Iguadad llevó a la Fiscalía el caso que la víctima no quería denunciar mientras en València no se llevó a la Fiscalía la denuncia de la menor. En Segorbe se cerró un centro de acogida —se trasladó a todos los menores a otro centro— y en València no se tomó ninguna medida contra el centro. Tampoco contra el Instituto Espill. En realidad, contra nadie.
Oltra tiene muchas cosas que explicar en su comparecencia en Les Corts. Entre ellas, si la actuación de su conselleria en el caso ahora juzgado era la habitual en 2017, lo que sería terrible, o si fue un hecho aislado, como se desprende de la comparación con lo de Segorbe. Y si el trato que se dio a esta menor fue un hecho aislado, si fue por ese machismo que todos y todas llevamos dentro o tuvo algo que ver que el acusado fuera su exmarido.
Pero, sobre todo, que no olvide quién es la víctima.
