FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) Les Corts han convalidado este miércoles el decreto-ley del Consell que modifica la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para acoplarla al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y evitar duplicidades o colisiones entre ambas prestaciones con el respaldo de los partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) y de Ciudadanos y con la abstención del PP y Vox.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado ante el parlamento que las dos normas reconocen y generan derechos y prestaciones en muchos casos "concurrentes y compatibles", lo que justifica la necesidad de un convenio entre administraciones para que el Consell pueda gestionar de manera unificada ambas ayudas y evitar duplicidades.
Así, ha incidido en la necesidad de que el Gobierno central impulse "a la mayor brevedad" un convenio entre el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y la Generalitat para gestionarlas de manera directa y unificada. Oltra ha destacado que el IMV es una prestación económica mientras la RVI ""es mucho más", ya que incluye prestaciones profesionales e itinerarios de inclusión individualizados, donde el los servicios sociales tienen un papel fundamental.
El decreto adapta diversos artículos de la ley y simplifica los dos conceptos normativos para permitir el acoplamiento de las dos prestaciones. La renta será complementaria del IMV hasta el importe del módulo garantizado que corresponda percibir en concepto de RVI.
De este modo, si un beneficiario percibe el Ingreso Mínimo Vital, se le restará de la cuantía a percibir correspondiente a la renta.
En el caso en el que el importe del IMV sea mayor que el de la RVI el importe reconocido será cero, pero se mantendrá a la persona como titular de la ayuda autonómica para que mantenga el derecho a la prestación profesional de los itinerarios de inclusión.
Asimismo, para agilizar todo el proceso de tramitación se prevé la solicitud conjunta de las dos prestaciones, que se podrá regular mediante convenio de la Generalitat con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Añade también este decreto la posibilidad de la solicitud anticipada, de manera que las personas interesadas podrán presentar la solicitud dentro de los seis meses anteriores a la fecha prevista del cumplimiento de los requisitos, así como la regulación del procedimiento de urgencia para agilizar la tramitación en casos especiales como el de la situación de pandemia por Covid-19, en que se reducirán a la mitad los plazos, dando preferencia a estos expedientes.
Se establece un nuevo complemento para las unidades de convivencia conformadas por más de seis personas, teniendo así en consideración las unidades de convivencia amplias o familias numerosas, donde a partir de la séptima persona se percibirá un complemento de 60 euros por cada una.
El diputado de Compromís Carles Esteve ha defendido que este decreto "mejora uno de los mecanismos más potentes en la lucha contra la pobreza y la exclusión" como es la RVI, que "sustituye la caridad por dignidad". Y ha remarcado la necesidad de "romper con los mecanismos perversos que hacen que la pobreza se herede de una generación a la siguiente".
La socialista Rosa Peris también ha puesto en valor la renta valenciana que sustituyó a la "raquítica Renta Garantizada de Ciudadanía del PP" y ha subrayado que "no hay hormigón que compacte más este país que la justicia social".
Desde Unides Podem Pilar Lima ha señalado que esta "paguita que dicen algunos es un dinero que acaba en el país y no en un paraíso fiscal" y ha defendido la necesidad de un convenio con el Gobierno para gestionar ambas prestaciones.
Ha mostrado su preocupación en el procedimiento para pedir las ayudas, que atañe a todas las administraciones implicadas, porque "es muy duro ir a pedir y tener que demostrar su situación de pobreza" en un trámite "en ocasiones humillante".
La 'popular' Elena Bastidas ha advertido que aunque comparten el fondo del decreto, "con apariencia de ser positivo", hay una letra pequeña que esconde "carencias y descoordinación" que hacen dudar de que vaya a ser lo "ágil y eficaz que la urgencia de la situación merece".
Ha criticado que el IMV nació "sin consenso con las autonomías" y ha demostrado "lo que pinta el PNV y no pinta Compromís", ya que el País Vasco sí podrá gestionarlo. Asimismo, ha advertido del "colapso" que se producirá en la tramitación y de las duplicidades, y ha preguntado qué se va a hacer con los 74 millones que el Consell ahorrará con este ingreso mínimo estatal.
Ha admitido que hay que compatibilizar ambas prestaciones, pero ha criticado que se sigue haciendo "con los mismos errores, recortando un 5,5%" al aplicar el Salario Mínimo de 2019. "Es una oportunidad perdida", ha zanjado.
María Quiles (Cs) ha señalado que el IMV es una medida "absolutamente necesaria" pero debía haber ido acompañada de una armonización marco con las rentas autonómicas para no llegar al "caos absoluto" actual.
Ha valorado que Oltra haya pedido hasta en euskera la cogestión del IMV pero ha reiterado que no llegará hasta 2021 y ha advertido del riesgo de colapso de los servicios sociales municipales.
La diputada de Vox Llanos Massó, por su parte, ha cuestionado que se mantenga la Renta Valenciana de Inclusión estando ya en vigor el IMV y ha abogado por mantener solo la prestación social que lleva aparejada la renta autonómica.
Asimismo, ha aludido al efecto llamada a la inmigración y calificado de "inadmisible" que se equipare a un inmigrante en situación ilegal "con una viuda a la que no le llega la pensión o un autónomo que ha tenido que cerrar". "Con sus políticas nos llevarán a todos a esa situación y no habrá RVI ni IMV que consiga sacarnos del hoyo", ha concluido.
