CASTELLÓ. El director general de Administración Local, Toni Such, se ha reunido este martes con representantes de los ayuntamientos de Altura, Navajas, Lucena, Villores, Palanques y Zorita con el fin de informarles de las medidas contra la despoblación y el rescate de municipios con especiales dificultades financieras previstas en el plan aprobado el pasado 22 de marzo por el Consell.
Este plan, que contempla una dotación de 240 millones de euros hasta 2023, se arbitra a través de un decreto ley cuya convalidación figura en el orden del día de la sesión de la Diputación Permanente de Les Corts que tendrá lugar este miércoles. La iniciativa busca ayudar a los 27 municipios de la Comunitat Valenciana que presentan una situación de riesgo de exclusión financiera.
El director general de Administración Local, Toni Such, y el director territorial de Presidencia en Castellón, Adolf Sanmartín, se ha reunido en primer lugar con el alcalde de Altura, Miguel López, y la concejala de Hacienda de Navajas, María Domínguez. Más tarde se han trasladado a Lucena y, por último, han mantenido una reunión con los alcaldes de Villores, Palanques y Zorita.
Toni Such ha señalado que “se trata de explicar a los ayuntamientos el plan que hemos previsto para cinco años y las ayudas que podrán recibir para rebajar el endeudamiento”. “El objetivo es que dejen de estar intervenidos y puedan tener por fin unos presupuestos viables y disfrutar de unos servicios públicos de calidad”, ha indicado.
El decreto contempla, entre otras medidas, la posibilidad de que estas localidades puedan traspasar suelo o activos inmovilizados a la Generalitat. Además, en el marco de los planes extraordinarios de saneamiento, podrá autorizarse nuevo endeudamiento a estas localidades.
El decreto ley también prevé la financiación del gasto corriente de las entidades locales que tengan especiales dificultades para la prestación de servicios públicos, así como la cofinanciación de la carga financiera de los municipios que tengan un nivel de deuda viva superior al 110% de sus ingresos corrientes liquidados.
Asimismo se incluye la financiación de los déficits de explotación y amortización de instalaciones de carácter municipal, supramunicipal o que pertenezcan al sector público, o que estén inmersas en un plan de saneamiento tutelado por el Estado que obligue a su equilibrio o cierre, o que haya sido reconocida como municipio de la Comunitat Valenciana en riesgo de despoblación.
