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Les Corts rechazan la propuesta de Ciudadanos contra la corrupción por "falta de rigor"

Foto: CORTS
31/01/2019 - 

VALÈNCIA (EFE). El pleno de Les Corts ha rechazado este jueves una propuesta de Ciudadanos para exigir la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos al considerar el resto de partidos que la iniciativa era poco rigurosa.

La iniciativa de Ciudadanos, defendida por Toni Subiela, planteaba que el Consell instase al Gobierno de España a desarrollar un cambio normativo que incluyera la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en los casos de corrupción de sus cargos públicos elegidos en sus listas o designados por cargos.

Asimismo, reclamaba un cambio normativo que exigiera a los partidos políticos la creación de un órgano interno anticorrupción, con funciones preventivas y de control.

En su intervención, Subiela ha enumerado decenas de casos de corrupción de los conocidos en los últimos años en toda España y ha asegurado que desde 1978 el país ha sufrido alrededor de 200 tramas corruptas. En la Comunitat Valenciana, según este diputado, los últimos casos de corrupción han supuesto 3.000 euros para cada valenciano, "tenga la edad que tenga".

"¿Qué pide la gente cuando escucha la sentencia contra Bárcenas? ¿El dinero 'pa' cuándo? Ese dinero que cuesta de ganar, que vuela en impuestos y no se dedica a reducir las listas de espera, sino a contratar a amiguetes que no van a trabajar", ha agregado.

Propuesta rechazada

La propuesta ha sido rechazada por el resto de grupos, que han tachado la iniciativa de "falta de rigor jurídico", "populista" o "iniciativa franquicia".

La diputada del PP María José Ferrer ha asegurado que, "con todos los respetos, es un dislate por su falta de solidez jurídica y un torpedo a la función representativa de los partidos".

"Como parece imposible que no hayan reparado en sus inconsistencias, supongo que se plantea por puro oportunismo electoral", ha afirmado esta diputada, quien ha insistido en que muchas de las propuestas lanzadas por Ciudadanos ya están en el Código Penal "gracias a modificaciones realizadas durante el Gobierno del PP".

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha asegurado que el Gobierno del Botànic "no ha sufrido un solo caso de corrupción en cuatro años" y ha ironizado sobre una parte de la propuesta de Ciudadanos en la que se aboga por instaurar una "responsabilidad política que tiene que ser más severa y previa a la responsabilidad judicial".

"¿Hablamos de la lapidación, la gota malaya o los aprietapulgares? Y todo eso sin menoscabar la presunción de inocencia", ha agregado Mata.

"Nosotros hemos presentado querellas, nos hemos gastado dinero y a algunas diputadas las han amenazado. ¿Dónde estaban ustedes?", ha continuado el portavoz socialista.

Asimismo, ha insistido en que los partidos políticos "pueden ser condenados políticamente en España" y que resultaría inconstitucional aplicar sanciones superiores al Código Penal.

"¿Conoce algún caso de corrupción en el que el fiscal y el abogado del Estado no hayan pedido que se devuelva el dinero? Esto es una broma", ha agregado Mata, quien ha acusado a Cs de "liarla ayer con la violencia de género y hoy con la corrupción".

Recae sobre la administración pública

La diputada de Compromís Isaura Navarro ha insistido en que la responsabilidad social recae sobre la administración pública y ha llamado la atención sobre el hecho de que Cs no explica qué normas pretende modificar.

"Los cambios que piden ya están contempladas en el Código Penal. Llevamos toda una legislatura luchando contra la corrupción con más inspectores, una nueva Agencia Antifraude o un código ético de buen gobierno... ¿Dónde estaban ustedes?".

En este mismo sentido, la diputada de Podemos, Fabiola Meco, ha expresado su sorpresa por lo "poco trabajado de la propuesta".

"La primera regla de oro es no sostener a corruptos en las instituciones, y ustedes sostuvieron al Gobierno de Rajoy hasta el último aliento", ha agregado.

"Me sorprende que no esté en su propuesta acabar con los límites de los plazos de instrucción, como reclaman jueces y fiscales. Un cambio cuya tramitación han paralizado ustedes hasta en 58 ocasiones", ha concluido.

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