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ocho desencuentros en tan solo dos semanas

Ley de Acompañamiento: la gran desconocida y origen de los verdaderos problemas del Botànic

25/11/2018 - 

VALÈNCIA. El pasado 30 de octubre Podemos y el Consell firmaron un acuerdo sobre el Presupuesto de 2019 en el que quedaban fijadas las líneas maestras que incluirían las cuentas del próximo ejercicio y cuáles serían las 15 leyes prioritarias en las que tendrían que trabajar los tres grupos parlamentarios que sustentan el Botànic para lograr sacar adelante la mayor parte de ellas antes de que termine la legislatura. 

El pacto sirvió para escenificar una aparente sintonía entre la formación que dirige Antonio Estañ y el Gobierno valenciano que preside Ximo Puig y del que es portavoz Mónica Oltra. Ni rastro del tono beligerante entonado por el partido morado el año pasado, en el que hicieron peligrar la tramitación de las cuentas autonómicas del presente ejercicio y en el que la temperatura alcanzó tantos grados que el Pacto del Botánico dejó de estar durante días "a prueba de bombas". 

El giro de 180º no es casual. Con unas encuestas proporcionando a Podemos una pérdida de escaños respecto a las elecciones de 2015 y su pretensión ahora de entrar a formar parte de un segundo Gobierno del Botánico, el partido decidió no presionar demasiado a sus actuales socios ni estirar en exceso la cuerda por si ésta llegaba a romperse. Más aún teniendo en cuenta que, no alcanzar un acuerdo amistoso este año hubiera puesto en peligro la tramitación de unos Presupuestos que, si finalmente gobiernan alguna conselleria, les complicaría la futura gestión. 

Ximo Puig y Mónica Oltra. Foto: CORTS/INMA CABALLER

Ahora bien, pese a la congratulación por parte de las tres fuerzas políticas por haber sido capaces de alcanzar un acuerdo presupuestario para cerrar la legislatura, los días siguientes han ido demostrando -y reiterando como año tras año- que más allá del Presupuesto, la verdadera punta de lanza que genera fricciones y revela las disputas entre PSPV, Compromís y Podemos es la Ley de Medidas Fiscales; más comúnmente conocida como Ley de Acompañamiento. La norma de todas las normas. En ella, no hay acuerdo previo que valga. 

Este año Podemos ha presentado la mayor parte de sus enmiendas a esta normativa en solitario, pero no solo eso. También ha mostrado su disconformidad a apoyar algunas modificaciones legislativas propuestas por PSPV y Compromís. La decisión, no obstante, es recíproca. Tampoco a los socialistas les agradan los textos propuestos por los morados. La verdadera fiesta parlamentaria, donde se aprecian las discrepancias sin fotos que evidencien lo contrario, se vive con la Ley de Acompañamiento. Estas son las grietas que la susodicha ha generado este año. 

José Manuel Orengo y Ximo Puig. Foto: GERMÁN CABALLERO

-Puerto Dénia. El Consell introdujo -a propuesta de la Conselleria de Vivienda de María José Salvador- en la Ley de Acompañamiento de 2019 una disposición adicional para permitir que un municipio que cuente con un puerto gestionado por la Generalitat pueda solicitar al Consell el traspaso de dicha la gestión a un organismo autónomo. Una posibilidad demandada ya por el recinto portuario de la capital de la Marina Alta que genera una media de 4 millones de euros. Podemos se opone en rotundo a esta maniobra por si esto supone entregar la gestión del citado órgano autónomo al exalcalde de Gandia José Manuel Orengo, que recientemente se incorporó a Baleària -principal naviera en el puerto de Dénia y cuya sede se encuentra también en este recinto- como director de Expansión de la compañía. A Compromís tampoco le agrada este artículo y busca, junto con Ciudadanos, alternativas para no rechazar sin matices la propuesta de su socio en el Ejecutivo valenciano y, por lo tanto, escenificar una ruptura. 

-À Punt y el tercio de personal. PSPV y Compromís llegaron la semana pasada a un acuerdo para dejar en suspensión el artículo de la ley de À Punt que establece que el capítulo de personal de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) no podrá superar nunca un tercio del presupuesto total del ente. La enmienda pactada establece una moratoria a esta restricción presupuestaria para que no sea aplicable hasta que el presupuesto de la nueva radiotelevisión valenciana, este año en 55 millones de euros, pueda incrementarse. Una solución temporal que evitaría que Empar Marco estuviera obligada a reducir el gasto de personal a 18,3 millones de euros, casi cinco menos que en 2018. De momento, Podemos no está dispuesto a apoyarlo. Un posicionamiento que hace peligrar a parte de la plantilla, ya que de no salir adelante esta enmienda, este gasto deberá verse reducido para cumplir la ley. Otra solución sería aumentar el presupuesto hasta los 69 millones de manera que la limitación del tercio se cumpliera, pero solo Compromís es partidario de esta opción

Empar Marco. Foto: KIKE TABERNER

-Reforma de la Ley de Participación Institucional. Los grupos parlamentarios comenzaron a trabajar en esta modificación hace 10 meses cuando el PP pidió cambiar el sistema de reparto de ayudas a los sindicatos para que también los minoritarios pudieran acceder a las subvenciones directas que otorga la Generalitat Valenciana -actualmente sólo las reciben los más representativos-. Sin embargo, hace unas semanas el PSPV -que preside la comisión parlamentaria en la que se está tramitando esta reforma- mostró sus dudas sobre que ésta vaya a salir adelante en esta legislatura. Ante la amenaza de que estos cambios no lleguen a producirse, Podemos introdujo en la Ley de Acompañamiento las enmiendas que ya tenía preparadas para la comisión. Un atajo que no gustó al PSPV, pero tampoco a Compromís, que a pesar de compartir el sentido de las enmiendas registradas, afeó a los morados en un pleno de Les Corts que quisieran reducir el debate de una cuestión "tan importante" a través de una única enmienda. 

-Cambio de la Ley de la Agencia Antifraude. El director de este órgano, Joan Llinares, ha solicitado este año por segunda vez que se modifique la ley que dio vida a la Agencia para evitar intromisiones del Consell que pongan en entredicho la independencia de esta entidad. Entre los cambios demandados se encuentra la consideración del órgano como una institución de manera que deje de ser considerada como una "entidad de derecho público" porque no pertenece al Sector Público de la Generalitat; y estar sujeta a la fiscalización de la Sindicatura de Comptes y no de la Intervención de la Generalitat. Podemos ha acogido las peticiones de Llinares como propias, pero el PSPV no está dispuesto a aceptarlas. Si el PPCV se une a los socialistas en esta cuestión, Llinares continuará otro año más en esta coyuntura.

Joan Llinares. Foto: KIKE TABERNER

-Aumentar los tramos del impuesto a la incineración y vertido de residuos industriales y crear una tasa para los vertederos municipales. El año pasado se creó el primero, y el seguro quedó en el tintero. En julio de 2018, no obstante, cuando el impuesto entró en vigor, los socios del Botànic modificaron el tributo a la baja sustancialmente antes de que las empresas afectadas tuvieran que hacer la primera autoliquidación. PSPV, Compromís y Podemos modificaron la ley de Acompañamiento para rebajar los tramos durante el primer año de vida del impuesto para que su introducción fuese menos agresiva ya que no incluyeron bonificaciones. Ahora, el grupo de Estañ quiere aumentar los tramos e incorporar la segunda parte que en su día se eliminó: los vertederos municipales. Los socialistas no están dispuestos a aprobar ningún tipo de cambio seis meses después: "Acordamos que los tramos actuales tendrían una vigencia de año y medio; de aumentarlos ahora ni hablar", indicaron fuentes del grupo parlamentario del PSPV a Valencia Plaza

-Tasa turística. Aunque con menos ahínco que en años anteriores, Podemos ha vuelto a registrar una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales para implantar un impuesto que grave las actividades turísticas en la Comunitat Valenciana para que lo recaudado se reinvierta en el propio sector. La tasa diseñada contemplaba dos tramos: uno autonómico y otro municipal. El primero sería fijo y oscilaría entre 0,5 y los 2 euros por persona y noche, el segundo -de carácter voluntario si lo aprobaban los plenos de los ayuntamientos- sería variable. Los dos se deberían abonar tan solo durante 10 días y se aplicarían exenciones. La presentación, no obstante, ha sido un mero trámite para no renunciar a una reivindicación que ya es tradicional en Podemos, ya que de antemano sabían que no se aprobará y ni siquiera se está negociando sobre ella. 

Playa. Foto: RAFA MOLINA

-Tasa azúcar. La propuesta original partió de Compromís hace ya más de un año, que registró una PNL para que se introdujera un impuesto a los alimentos azucarados -más tarde limitado solo a las bebidas- para desincentivar su consumo ante los altos porcentajes de obesidad infantil que existen en toda España. La oposición de los productores -y, por tanto, de la patronal CEV-, hizo que los socialistas desestimaran apoyar la iniciativa, que finalmente quedó diluida y reducida a la mera realización de un estudio para sobre la oportunidad de implantar la tasa que, posteriormente, debería valorar la Conselleria de Hacienda ya en la siguiente legislatura. Ante esta situación, Podemos recogió el guante y registró este gravamen que los socialistas rechazarán y que pondrá en un aprieto a Compromís, ya que a la coalición valencianista se le hará complicado oponerse a una iniciativa que en origen lleva su nombre.  

-Publicidad institucional a medios con anuncios de apuestas. PSPV y Compromís registraron una enmienda a la Ley de Acompañamiento para modificar la Ley de Publicidad Institucional de la Generalitat con el fin de excluir anuncios de la Administración autonómica en aquellos medios que publiciten apuestas y que sean "accesibles a menores de edad". Sin embargo existen diferencias respecto al alcance de este veto. Socialistas y valencianistas coinciden en la necesidad de aplicarlo a cadenas de televisión y radio desde las 6 hasta las 22 horas y en programas dirigidos a menores, pero no lo hacen respecto a prensa escrita. Para el grupo que lidera Manolo Mata, la prohibición sólo afectaría a los periódicos dirigidos a menores, mientras que para aquel del que es portavoz Fran Ferri privación es a todo tipo de prensa y en secciones dirigidas a público infantil. Con este, suman ocho los desencuentros este año, que, más allá de ser o no novedosos, ponen de manifiesto el auténtico relieve de esta norma. 

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