Los estudiantes de las fiestas del Galileo y el colegio se enfrentan a multas de hasta 30.000 euros

VALÈNCIA (EP).Los estudiantes del Galileo Galilei, colegio mayor ubicado en la Universitat Politècnica de València (UPV), que participaron en fiestas que ocasionaron un brote de coronavirus que obligó a cerrar el campus de Vera a la docencia presencial, se enfrentan a multas que van de 601 a 30.000 euros, al igual que la dirección de este centro privado y los trabajadores que no impidieron las celebraciones en la tarde-noche del 26 de septiembre tanto en la azotea como en dos habitaciones.

Así lo ha anunciado la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, en rueda de prensa para presentar las primeras conclusiones del informe policial sobre los hechos. La Policía tiene identificados a 28 participantes en las dos fiestas en las habitaciones: 22 en una y seis en otra y sigue identificando a los alumnos que estuvieron por la tarde en la celebración en la azotea, donde calcula que pudo haber unas 50 personas. Como consecuencia, se registró un foco de coronavirus con 131 positivos relacionados.

Estos casos fueron notificados por la Conselleria de Sanidad el 5 de octubre y provocaron el cierre del campus de Vera de la UPV durante dos semanas, hasta este pasado lunes, y otros grupos de alumnos de otras instituciones como la UV y la CEU UCH. Además de la fiesta ibicencia de la tarde, en la madrugada del domingo 27 de septiembre se produjeron otras dos en habitaciones, estas últimas con sus participantes identificados: una con 22 personas y otra con seis.

De momento, aunque la investigación sigue abierta, estos 28 estudiantes se enfrentan a las multas de hasta 30.000 euros que recoge el decreto sancionador de la Generalitat por incumplimiento de las medidas para frenar la propagación del virus.

También están propuestos para la misma sanción tanto la dirección del Galileo como los trabajadores que no cumplieron con su deber esa noche y los miembros del consejo escolar que convocaron la fiesta en redes. Aunque la consellera de Justicia ha remarcado que "no hay ningún indicio de infracción penal", ha recordado que la normativa contempla la posibilidad de suspensión de la actividad por incumplimiento.