Los fondos europeos: interrogantes, riesgos y avances

La expectación que han generado los fondos europeos para la recuperación, Next Generation EU, contrasta con el elevado grado de incertidumbre que genera todo lo relacionado con su gestión. Por debajo de las grandes cifras, de los titulares triunfalistas y de las barrocas puestas en escena lo que hay es una densa niebla a través de la cual avanzamos a tientas.

Empecemos echando un vistazo al camino que ya hemos recorrido. Durante la crisis de 2007 la Unión Europea quiso actuar como la alumna aventajada de las doctrinas neoliberales más ortodoxas. Mientras China y Estados Unidos optaban por flexibilizar la política monetaria y aprobar importantes paquetes de gasto público, Europa optó por una política monetaria restrictiva, por congelar el proceso de integración europea e imponer políticas de austeridad draconianas a sus Estados miembro. El resultado fue lo que Adam Tooze, en su libro Crashed, calificó como el mayor daño económico autoinfligido de la historia. Además de arruinar a grandes segmentos sociales en los países del sur de Europa, también se vulneraron las reglas más básicas de la democracia y del respeto a la soberanía nacional. Se generó un bucle perverso entre la vulnerabilidad de los megabancos europeos y la deuda soberana de los Estados que estuvo cerca de llevarse por delante el euro. Solo cuando la crisis había machacado las economías de Irlanda, Hungría, Grecia, Portugal, Chipre, Italia, España y el riesgo de contagio alcanzaba a Francia, llegó el Whatever it takes de Draghi y la aplicación del programa de expansión cuantitativa del BCE.

En contraste, la gestión de la crisis de la Covid-19 por parte de la Unión Europea ha estado marcada por al menos tres decisiones fundamentales: primero la aprobación por parte del Banco Central Europeo del Pandemic Emergency Purchasing Programme por valor de 1,3 billones de euros, poco después fue la suspensión de las reglas de austeridad inscritas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y finalmente los fondos aprobados para el Next Generation EU. En 2012 cuando le preguntaron a Angela Merkel acerca de la emisión de eurobonos respondió: “¡No mientras yo viva!”. Actualmente las previsiones de la Comisión Europea son que la emisión de deuda conjunta alcance los 900.000 millones de euros en 2026. Algo ha cambiado. 

De los 750.000 millones que suman los fondos del Next Generation EU, a España llegarán en total 140.000 millones en 3 años, algo más de la mitad en transferencias y el resto en créditos. Del total de transferencias que recibirá España, 11.000 millones corresponden al React EU para financiar gastos extraordinarios derivados de la pandemia (sanidad, protección social, prestaciones de desempleo, etc) mientras que 69.000 llegarán a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinados a inversiones para mejorar el rendimiento de la economía en el medio y largo plazo.

Tras la crisis económica y política de 2007-2014, la Unión Europea tenía la necesidad reposicionarse ante los grandes cambios geopolíticos que se están produciendo. Un escenario en el que se mueve entre dos gigantes: China como potencia en auge y Estados Unidos como potencia declinante pero todavía dominante en la esfera militar y financiera (con el dólar como divisa de reserva internacional). En ese sentido, el MRR es un instrumento de la Unión Europea para recuperar terreno perdido en el campo de la digitalización, al que se dedicará al menos el 20% de los fondos, y para liderar a escala global la transición ecológica, a la que se dedicarán al menos el 37% de los mismos.

 Más allá de lo sugerente de las grandes cifras, sería precipitado y erróneo analizar la situación en términos de victoria/derrota en lugar de avances/retrocesos. Lo que se ha logrado es descerrajar algunos candados, de carácter fundamentalmente ideológico, que impedían instrumentar la política monetaria y la política fiscal a escala comunitaria para afrontar periodos de recesión. Tan solo eso o tanto como eso. Lo fundamental es que el escenario sigue abierto. Recordando a Poulantzas, las instituciones no son fortalezas cerradas sobre si mismas sino un campo de fuerzas donde se cruzan, chocan, negocian o se hibridan intereses muy distintos. Lo que vaya a ocurrir con la gestión de los programas europeos de reconstrucción, a quien beneficien y en qué medida será, por tanto, el producto de la influencia, la habilidad y la fuerza de los distintos actores en liza. 

Hay al menos tres grandes focos de incertidumbre en ese sentido. El primero de ellos tiene que ver con la condicionalidad de los fondos, un debate que no llegó a cerrarse con la aprobación del Next Generation EU y que es objeto de interpretaciones muy diferentes según a quien se pregunte. El Gobierno de España negocia con Bruselas su plan para ejecutar los fondos europeos y en ese diálogo se plantean también las (contra)reformas que deberían llevarse a cabo en los próximos tiempos. Dos cuestiones sobresalen sobre el resto: la reforma laboral y el futuro del sistema público de pensiones. Que sea precisamente la Ministra de Economía, Nadia Calviño, quien encabece esa negociación no es precisamente alentador, pero, por otra parte, tampoco es de esperar que el Gobierno de España esté dispuesto a aceptar el suicidio político que supondría aceptar algo así sin más contestación.

Por otra parte, está la gestión del MRR y su armazón jurídico. A finales de año el Gobierno aprobó el Decreto Ley de medidas urgentes para simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la ejecución de los fondos. El Congreso lo convalidó la semana pasada, aunque, detalle importante, también aprobó su tramitación como Proyecto de Ley para que pudiera ser enmendado, en consonancia con el criterio de Unidas Podemos. Al mismo tiempo las grandes empresas han empezado a hacer llegar sus proyectos de inversión sin que existan unos criterios claros de selección, y sirviéndose de las grandes consultoras (Deloitte, PwC, EY y KPMG) que aspiran estar presentes también en las oficinas creadas por los distintos ministerios para seleccionar los proyectos. Esto es algo muy del gusto de la patronal española que ha venido exigiendo su participación en ambos lados: la elaboración de proyectos para captar inversión pública y la selección de esos mismos proyectos. El conflicto de intereses está servido. Sin duda existen graves riesgos de que todo ello derive en un reparto corporativo de la tarta y de que las inversiones ejecutadas acaben teniendo poco o nada que ver con los objetivos previstos inicialmente. La celeridad con que las grandes empresas se han puesto en marcha y pretenden influir en la gestión de los fondos europeos contrasta con las dificultades y la lentitud propias de las Administraciones Públicas para elaborar y ejecutar sus propios proyectos o para facilitar la participación de otros agentes: fundamentalmente las empresas de menor tamaño, pero también las entidades del tercer sector y de la economía social.

Finalmente, el otro gran foco de incertidumbre está relacionado con la duración o la interrupción de los paquetes de estímulos por parte de las instituciones europeas. El plan es que no hay plan. Uno de los grandes riesgos que puede afrontar la economía, tanto a escala estatal como comunitaria, es el impacto que supondría una retirada temprana de los mismos sin que la demanda agregada se haya recuperado, sin que las empresas tengan margen para desapalancarse, sin que los Estados se vean de nuevo abocados a una crisis de deuda y sin que todo ello se retroalimente con un nuevo ciclo de inestabilidad financiera.

En consecuencia, no merece mucho la pena caer en la tentativa de un debate binario y simplón en el que hay que elegir si la nueva orientación de la política económica europea supone la defunción del neoliberalismo o si, por el contrario, poco importa porque todo esto acabará beneficiando finalmente, y como siempre, a algunas grandes corporaciones y fondos de inversión. Ambos extremos son una postura contemplativa mientras los hechos se suceden a nuestro alrededor. En realidad, no hay un resultado cierto que podamos dilucidar a priori, la carga política en cada una de las decisiones que se van tomando día a día es enorme y lo que vaya a ocurrir dependerá también de la determinación, la habilidad y las fuerzas que seamos capaces de desplegar.