La consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. Este martes se activaba la segunda fase del plan de desescalada en la Administración de Justicia valenciana. La noche anterior, a la hora de cenar, muchos empleados públicos del departamento de Gabriela Bravo no sabían todavía a qué hora debían entrar a trabajar el día siguiente, ni siquiera si les tocaría un turno de mañana o de tarde. No fue hasta las nueve y media de la noche cuando el departamento que dirigeBravo emitió las instrucciones a aplicar a partir de la mañana siguiente. Algo que ha molestado y mucho a todos los sindicatos, que se han unido para presentar un escrito conjunto criticando las prisas y la precipitación con las que ha actuado la Conselleria.
Así, el escrito suscrito por CSIF, STAJ, CCOO, Intersindical y UGT, al que ha tenido acceso este diario, manifiesta el "malestar" creado entre los empleados públicos debido a "la caótica situación provocada" por la Conselleria. Según los representantes sindicales, no es aceptable que se tomen este tipo de decisiones "con tan pocas horas de antelación", dado que, pese a tratarse de una situación de emergencia, "ya se sabía desde hace semanas que el inicio de la fase dos estaba previsto" para este martes. Por ello, consideran "totalmente inadmisible que todo el personal de Justicia desconociese a la hora de cenar cuál era su turno de trabajo y su horario del día siguiente".
El documento fue presentado por registro de entrada a lo largo de este martes y exige a la Conselleria que en próximas ocasiones "se actúe con un margen mínimo de previsión" con el propósito de "evitar situaciones tan lamentables con la actual". Las cinco organizaciones sindicales admiten que los tiempos son "escasos" pero subrayan que muchas medidas se pueden tomar para evitar "nuevas situaciones de caos jurídico como la actual", y se ofrecen para prestar su colaboración en este sentido. Ahora bien, "con unos límites razonables" para no llegar a lo que ha ocurrido en esta ocasión.
"Si desean que [las resoluciones] puedan ser conocidas por el personal antes de su fecha de entrada en vigor", apunta, "deberán proceder a su publicación en la intranet con suficiente antelación y con la debida concreción". Una consideración que, además, va cargada con duras críticas contra el departamento de Bravo al considerar "inaceptable" que se utilice a los sindicatos "como medio de difusión".
Sin ir más lejos, como demostración de la precipitación con la que se había emitido la resolución en cuestión, entre las fuentes sindicales se comentaba uno de los apartados de la misma, en el que a la Conselleria se le escapó una mención a la Comunidad de Madrid. Según la resolución valenciana, con ella se pretendía activar esta segunda fase "para el personal al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid". Un claro reflejo, en palabras de los sindicatos, de que la Administración valenciana había copiado, al menos una parte, de la resolución emitida por su homóloga madrileña. Lo cierto es que, a la postre, según ha comprobado este diario, ambas resoluciones son idénticas, con algún pequeño matiz.
Para más inri, dicen los sindicatos, además de tarde, la resolución emitida tampoco era lo suficientemente concreta. Señalan, por ejemplo, que se olvida uno de los puntos más importantes: cuáles son los órganos que necesitarán organizar turnos de tarde al no poder cumplir las medidas de seguridad preceptivas.
"En su resolución, ni se mencionan dichos órganos, ni se hace una referencia a los anexos que nos fueron remitidos por whatsapp", denuncian, para apostillar más tarde que esto genera una grave "inseguridad jurídica totalmente inaceptable en una situación como la presente". De ahí que exijan que la Conselleria esclarezca este extremo. Y además, piden que en los supuestos para obtener un permiso por personas a cargo, se incluyan los hijos de hasta 14 años como manda el Ministerio del ramo.
El proceso de desescalada inquieta considerablemente a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que en una entrevista concedida a Castellón Plaza admitió estar preocupada por "el momento en el que se levante la suspensión" de los procedimientos judiciales, dado que, a su juicio, el caos iba a ser "tremendo", y no sólo se iban a necesitar "medidas de agilización procesal, sino un esfuerzo colectivo importantísimo para sacar la Justicia adelante". Por ello, pedía entonces ampliar el número de actuaciones judiciales que son consideradas como servicio esencial.
Vuelta al puesto de trabajo de hasta el 70%
En cuanto al contenido de la propia resolución, ésta fija que durante la segunda fase de desescalada acudirán a su puesto de trabajo de forma presencial entre un 60% y un 70% de la plantilla de órganos y servicios judiciales, fiscales y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, si bien deberán contar con toda la dotación de personal de gestión procesal y administrativa. También en el Registro Civil el personal administrativo deberá acudir en su totalidad cuando el letrado responsable lo considere imprescindible, y en el resto de organismos, para los administrativos, "se atenderá a la naturaleza y necesidades de cada uno de ellos".
No obstante los responsables de cada órgano podrán acordar la presencia de un porcentaje del personal mayor al establecido "cuando se encuentre justificado por necesidades del servicio", y siempre bajo autorización de la Conselleria. La desescalada, eso sí, se hará mediante turnos rotativos entre el personal de cada centro, y en un principio, tras un acuerdo con los empleados de cada instalación. No obstante, si no hay pacto, serán los encargados de cada centro -letrado de la administración, Fiscal jefe, o director del Instituto de Medicina Legal- los que deberán fijar estos horarios.
Habrá turno de mañana, de seis horas diarias, y de tarde, de cuatro horas y media. El primero deberá contar con una dotación superior al de la tarde. Aproximadamente, de todos los que deban acudir al puesto de trabajo, entre el 70 y el 80% deberían hacerlo en horario matutino; y el restante, en horario vespertino. Ir por la tarde, a priori, será voluntario. Si se sobrepasan las peticiones máximas, se cribará según obligaciones familiares y antigüedad.
Las entradas y las salidas se harán de manera escalonada para evitar aglomeraciones y los funcionarios deberán fichar la entrada y la salida en la aplicación informática utilizada para ello. Por su parte, los funcionarios voluntariamente acogidos a la modalidad de teletrabajo participarán en los turnos presenciales cuando sea imprescindible para completar los porcentajes mencionados.
Por su parte, el pleno de la Sala de Gobierno del TSJ de la Comunitat Valenciana dio luz verde este martes a su propio plan para retomar la actividad judicial en el territorio valenciano. En él, solicita medios materiales, telemáticos y personales, ante el riesgo de "posible colapso" de los juzgados en la fase de la desescalada. El órgano de gobierno ha acordado que se utilizará el trabajo a distancia o remoto que facilita el sistema de gestión procesal para todas las actuaciones y trámites que lo permitan.
La Sala de Gobierno, que reconoce el esfuerzo personal de todos los integrantes del poder judicial, señala que existe un "riesgo de posible colapso" de la justicia, y evitarlo "constituye un reto sin precedentes" al que se enfrentan "con firme voluntad de superación". En el caso de la Comunitat Valenciana, admite que sufre una "particular infradotación", que está "suplida por la aportación y el esfuerzo individual de cada juez, lo que ha permitido "la prestación de una justicia de calidad y en particular desde la declaración del estado de alarma".
Sin embargo, añade que, en esta situación, este remedio "no es suficiente" y reclama un refuerzo de la estructura tecnológica "si hay una firme voluntad de luchar contra el colapso". Aunque afirma que los recursos económicos de las administraciones deben administrarse en estos tiempos "con el mayor rigor posible", el valor de los derechos de los ciudadanos "depende de la eficacia de los tribunales". Además, hace hincapié en que la importancia del establecimiento de unos medios tecnológicos adecuados para el desarrollo de la función jurisdiccional "también encuentra base en la tutela del derecho fundamental a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres".
Además, subraya que en este periodo "se han venido sucediendo diferentes incidencias en el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos que están ralentizando la respuesta judicial" mientras que las televistas, si bien son "una herramienta necesaria", su celebración puede generar un problema de garantías procesales en los casos de decaídas o desconexiones de la red, que interrumpen la celebración de un acto procesal.
Asimismo, se insta a la administración a que configure un acceso a una nube informática de datos a los jueces para poder desarrollar el teletrabajo, de forma que así se garantice la confidencialidad y seguridad de los datos; que instale programas de videoconferencia con las adecuadas garantías y medidas de seguridad en las salas de vistas, en las salas multiusos y en los ordenadores de jueces y letrados de la Administración de Justicia y que refuerce el sistema de comunicación telemática para garantizar una respuesta adecuada en el uso intensivo o masivo de videoconferencias.
