MADRID. (EP) Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea debaten una nueva propuesta para crear un fondo de recuperación post-Covid de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones serían subvenciones a fondo perdido y el resto préstamos.
Así consta en el nuevo borrador que ha enviado el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, a los Veintisiete, una propuesta que, ha afirmado, es el "fruto" de mucho "trabajo colectivo con todos los líderes y sus delegaciones".
"Sé que los últimos pasos son siempre los más difíciles, pero incluso con las dificultades y aunque sea importante seguir trabajando, creo y confío en que es posible" lograr un acuerdo, ha expresado el ex primer ministro belga en una declaración sin preguntas antes de remitir el documento a los Estados miembros.
Las delegaciones nacionales están estudiando ahora el documento de 74 páginas que ha elaborado el equipo del ex primer ministro belga después de todas las consultas que ha organizado a lo largo del día. No se espera que los líderes se reúnan para intercambiar su opinión al respecto antes de las 20.45 horas.
"Sabemos que esta negociación es extremadamente difícil y que el reto de las negociaciones es que estemos unidos para tratar que Europa esté a la altura del desafío al que nos enfrentamos", ha añadido.
El Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) sigue siendo el principal programa del fondo de reconstrucción europeo y se eleva ahora a los 672.500 millones de euros, desde los 560.000 millones que preveía la Comisión Europea. De esta cifra, los Estados miembros obtendrían 312.500 millones en subsidios y 360.000 millones en créditos.
Para recibir estas ayudas, los gobiernos nacionales tendrán que elaborar planes de reformas que serán evaluados por la Comisión Europea en un plazo de dos meses. En su análisis, Bruselas analizará el cumplimiento las recomendaciones económicas anuales de cada país, la creación de empleo o la contribución de las inversiones en las transiciones ecológica y digital.
Posteriormente, y teniendo en cuenta el análisis de la Comisión Europea, los Estados miembros decidirán por mayoría cualificada si aprueban el plan de reformas de cada uno de los socios.
Una vez aprobados los planes con carácter general, los países tendrán que ir cumpliendo una serie de objetivos e hitos preestablecidos. Su cumplimiento será evaluado por los Veintisiete a nivel técnico. En este punto, si uno de los gobierno considera que hay "desviaciones graves" con respecto a los compromisos, pueden elevar el debate a una cumbre de líderes.
En este caso, el Ejecutivo comunitario no podría aprobar el desembolso cuestionado hasta que los jefes de Estado y de Gobierno hayan discutido la cuestión, como muy tarde en un plazo de siete meses.
El resto del dinero hasta completar el fondo (77.500 millones de euros) servirá para reforzar otros programas europeos que, en su mayoría, sufren importantes recortes. Por ejemplo, la dotación extraordinaria de la Política de Cohesión (ReactEU), pasa de 50.000 millones a 47.500 millones en el último borrador.
Uno de los programas más perjudicados es el Fondo para la Transición Justa, pieza clave en el llamado Pacto Verde Europeo puesto que canalizará dinero para regiones muy dependientes del carbón. Su dotación con cargo al fondo de recuperación se reduce a 10.000 millones de euros desde los 30.000 millones previstos inicialmente.
El presupuesto adicional para Desarrollo Rural pierde la mitad de su tamaño original y se reduce hasta 7.500 millones, el programa europeo de I+D (Horizonte Europa) sólo se beneficiaría de 5.000 millones del fondo de recuperación (frente 13.500 millones que pedía Bruselas) y el programa comunitario de inversiones (InvestEU) recibe únicamente 2.100 millones de este plan.
Además, desaparece el fondo para incentivar inversiones privadas en empresas a través del BEI, que contaba con un presupuesto de 26.000 millones y buscaba solventar el escaso margen fiscal de algunos países como España para recapitalizar su tejido productivo.