Los radiólogos de la pública amagan con un plante por el retraso en la reversión de las resonancias

VALÈNCIA. Los jefes de servicio de Radiología de los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana amagan con un plante a la Conselleria de Sanidad por el retraso de la reversión de las resonancias. Los radiólogos de prácticamente todos los hospitales públicos comunicaron por escrito el pasado sábado al departamento de Ana Barceló la intención de no colaborar más con la UTE Erescanner Salud en la prestación del servicio de resonancias magnéticas a partir del 15 de noviembre.

La UTE, controlada por Eresa y participada por Inscanner, Iberdiagnosis, Beanaca y Ribera Salud, finalizó su contrato con la sanidad pública el 31 de octubre pero Sanidad pidió a la UTE que continuara prestando el servicio tres meses más, hasta el 31 de enero de 2019, cobrando mediante expedientes de enriquecimiento injusto. Los motivos, según la Conselleria, son el retraso en la adjudicación del concurso de servicio privado complementario al servicio público, tras varios recursos, y no tener listo el decreto de personal que regulará la integración del personal de Eresa e Inscanner que ahora presta el servicio. Como publicó este periódico, la prolongación del servicio supondrá para la UTE un beneficio de más de 4 millones de euros en tres meses.

La amenaza por escrito de los jefes de Servicio consistía en, a partir del 15 de noviembre, dejar de "aceptar, protocolizar, priorizar, controlar, comentar, consultar, cotejar y firmar cualquier estudio, examen urgente o cargo económico relacionado con las exploraciones de resonancias magnéticas que haya realizado la UTE". Si lo hicieran, la decisión podría provocar situaciones tensas en los departamentos públicos en un servicio clave para la prestación del servicio sanitario.

En el escrito, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, los jefes de servicio afirman que "los profesionales de la Radiología saben que fracturar el proceso diagnóstico con la externalización de pruebas empeora, distorsiona, entorpece y encarece la atención sanitaria a los pacientes". Añaden que "las exploraciones de RM han estado incomprensiblemente externalizadas en la mayor parte de la Comunitat Valenciana desde hace décadas. Desafortunadamente, esta externalización ha impedido no sólo una asistencia adecuada, sino también la docencia y la innovación de calidad en el proceso integrado sanitario público".

Los radiólogos no solo se quejan del alto coste que supone mantener este servicio externalizado, también de la disonancia entre personal público y el de la empresa en su funcionamiento, además de la obsolescencia de las máquinas. Tampoco entienden que, tras tres años desde el anuncio de la reversión, nadie les haya informado con claridad de la situación. "No conocemos con precisión el número ni la cualificación del personal subrogable, el acceso de las nuevas incorporaciones que fueran necesarias, las relaciones contractuales y laborales del personal que fuera subrogado, la figura de la extinción laboral, las solicitudes que hay en lista de espera, el estado real del equipamiento antiguo de la UTE Erescanner ni los planes de reemplazamiento, ni tampoco la organización funcional y estructural final en los Servicios de Radiología de esta prestación radiológica", lamentan.

Reunión con la Conselleria

La respuesta de Sanidad se produjo este lunes en una reunión con todos los responsables de Radiología y gerentes de hospitales celebrada en la Conselleria. Según fuentes del departamento que dirige Ana Barceló -que no estuvo presente en la reunión-, los representantes de la Conselleria pidieron disculpas por la falta de información en tiempo y forma y por que de muchas cosas se hayan enterado por la prensa, y se comprometieron a mantenerlos informados.

Explicaron los motivos del retraso en la reversión, que ya adelantó en su día Valencia Plaza, y admitieron que aún no saben cuánto personal de Eresa e Inscanner va a subrogar la Conselleria ni en qué condiciones, ya que está a la espera de un informe de la Abogacía de la Generalitat que, tras un reciente dictamen del Consell Jurídic Consultiu, nadie se atreve a aventurar qué dirá.

Sí subrayaron que, como Barceló anunciaba el pasado viernes en su comparecencia en Les Corts para explicar el presupuesto de Sanidad, la Conselleria destinará 7,9 millones de euros para crear 219 puestos de trabajo en la Sanidad pública que cubrirán el servicio revertido. Parte de estas plazas las ocuparán los trabajadores de Eresa e Inscanner que tengan derecho y acepten la subrogación. En este sentido, aclararon que la subrogación es un derecho del trabajador y que la Conselleria no puede evitar que las empresas hagan ofertas a los mejores radiólogos, como está ocurriendo, para que dejen el servicio público y se queden en la privada.

Piden avanzar en el modelo C

Para que la asistencia discurra con normalidad, los jefes de servicio exigían también a Sanidad que durante los tres meses de prolongación del servicio se implante el modelo C en todos los hospitales que lo soliciten. Esta fórmula, utilizada por algunos centros durante la vigencia del contrato, implica que los profesionales públicos sean los que tomen las riendas de la actividad mientras que la maquinaria es propiedad de la empresa. Esta petición permitiría que los centros con capacidad para asumir estas pruebas con personal público pudieran tomar el control del servicio. En la reunión celebrada en la Conselleria, los responsables de Sanidad aceptaron estudiar la propuesta.

En esta comunicación, los radiólogos exponen otras peticiones a la Conselleria para que el proceso de internalización se realice de forma eficiente, entre ellas revertir de forma completa la externalización, reemplazar y renovar todos los equipo, garantizar un plantilla de personal completa en condiciones de igualdad y transparencia, además de facilitar la realización de estas exploraciones y sus informes con todas las medidas pertinentes, como el control de la adecuación de pruebas o los autoconciertos.

También critican que, a pesar de que numerosos radiólogos han interpuesto alegaciones al decreto de subrogación, que está en fase de borrador, la Conselleria de Sanidad no ha contestado.