Vicent Soler. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Consell aprobó este viernes el Plan Normativo Anual de 2020, donde se fija el objetivo de sacar adelante un total de 29 proyectos legislativos y 189 decretos. Entre ellos aparece la Ley de Sector Público Instrumental de la Generalitat, una norma que el Consell lleva prometiendo desde la pasada legislatura ante la necesidad de poner orden en el caótico panorama de empresas, fundaciones y consorcios de la Generalitat. No obstante, a día de hoy, continúa siendo una asignatura pendiente.
Sin embargo, con la pretensión del Gobierno valenciano de crear al menos seis nuevas entidades públicas de diferente naturaleza, este viejo objetivo vuelve a cobrar especial relevancia.
La ley incluida en los compromisos del primer seminari del Consell celebrado en Morella fue anunciada en enero de 2016 por primera vez, apenas seis meses después de que Ximo Puig alcanzara la Presidencia de la Generalitat después de 20 años de gobiernos del PPCV. En una sesión de control a raíz de una pregunta de Compromís, el jefe del Ejecutivo aseguró que el Gobierno valenciano aprobaría una ley de Sector Público para "garantizar su decencia", controlar los contratos de servicios y personal, y evitar facturas en los cajones. En definitiva, racionalizar la estructura y evitar los excesos del pasado.
Para ello, uno de los ejes básicos de esta norma que Puig calificó como "una moción de censura en diferido a un gobierno que ya no está" sería la introducción de mecanismos de transparencia y control público para las empresas que se acordara mantener. Desde la Conselleria de Hacienda sostuvieron entonces sólo permanecerían las que resultaran "absolutamente necesarias" y, por tanto, al menos ocho de las empresas como Ciegsa o Sociedad Proyectos Temáticos y funciones que sobrevivieron a la reestructuración que realizó el anterior Consell caerían en la futura ronda de ajustes. Cuatro años después, estas entidades aún siguen operativas.
Apenas tres meses después del anuncio, en marzo de 2016, el jefe del Consell y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, revelaron que la Generalitat Valenciana aplicaría una "normativa de transición" hasta que se validara la Ley del Sector Público en la que trabajaba el Gobierno. Ambos confiaron entonces en que la normativa estaría lista antes de finalizar el año para que finalizara su tramitación en 2017 en Les Corts. Esta solución provisional introduciría mejoras en los procesos de contratación.
En junio de 2016, antes de iniciar las vacaciones estivales y a raíz de una pregunta de Compromís en una sesión de nuevo sobre los planes del Consell para regular las fundaciones públicas de la Generalitat, el president Puig volvió a hacer referencia a la ley al asegurar que se equiparían los mecanismos de control de las fundaciones al resto de entidades que integran el sector público valenciano. Asimismo, garantizó que cuando se aprobara la ley la creación de una fundación exigiría la presentación de un estudio económico financiero y se crearía una comisión que elaboraría una propuesta sobre la negociación colectiva: "Se han acabado los chiringuitos donde cada uno se ponía el sueldo que quería", manifestó en aquel momento.
En septiembre de 2016, de nuevo volvió a anunciarse la creación de esta ley. Pero esta vez en Alicante. Desde entonces no volvieron a hacerse más proclamas hasta julio de 2018, cuando el exdirector general de Sector Público Juan Ángel Poyatos explicó en una entrevista en Valencia Plaza que el Consell quería tener el borrador de la normativa antes de finalizar el verano. Es decir, dos años y medio después de plasmarse como uno de los compromisos del Gobierno del Botánico en un seminario todavía no estaba cerrado el borrador, la primera base de cualquier ley antes siquiera de validarse el anteproyecto.
Finalmente, terminó la legislatura el 5 de marzo de 2019 sin que ningún texto legal pasara por un pleno del Consell. El departamento gestionado por Vicent Soler tan solo tramitó en el mandato anterior fuera de las leyes de Presupuestos y Acompañamiento, la ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, ésta decayó y no llegó a validarse en el Parlamento valenciano por el adelanto electoral.
Ahora, la Conselleria de Hacienda fija entre sus objetivos para este primer año natural de la nueva legislatura la Ley del Sector Público Instrumental de la Generalitat Valenciana. Una norma que lleva más de cuatro años para tramitarse, un plazo tan solo equiparable a la Ley de Función Pública que comenzó a elaborarse en 2016 y que el Ejecutivo aprobó hace tres semanas.
Con estos mimbres, conviene apuntar que el departamento que debía impulsar esta norma cambió hasta tres veces de manos en la legislatura pasada. La primera directora general del ramo, Ángeles Cuenca, abandonó el cargo para ocupar la Secretaría Autonómica de Sector Público para sustituir a Julián López.
Tras su marcha, Empar Martínez ocupó este puesto, pero poco después puso rumbo a la Dirección General de Industria. Juan Ángel Poyatos asumió entonces las responsabilidades de Sector Público, pero apenas seis meses después el Consell realizó un intercambio de altos cargos entre la Conselleria de Sanidad y la de Hacienda para reforzar el final de la legislatura.
Así, la entonces Subsecretaria de Sanidad y Salud Pública, Isabel Castelló, abandonó este puesto para situarse al frente de la Dirección General de Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio y Poyatos fue reubicado en el puesto vacante de Sanidad.
Ahora, Castelló tiene el reto de dar salida a la ley. No en vano, esta norma afectará a la empresa pública que pretende crear Economía para rescatar la gestión de las ITV, la entidad pública para revertir las concesiones sanitarias, la Agencia de Cambio Climático o la empresa pública derivada de la reestructuración de Feria Valencia que avanzó el conseller de Economía, Rafael Climent.
