VALÈNCIA. El número de contagios y fallecimientos por la covid-19 sigue empeorando con el paso de los días y, como ya se preveía, tras las fiestas no ha hecho más que empeorar. Un escenario preocupante ante el cual los sindicatos CSIF, UGT e Intersindical han pedido a la consellera de Justicia y Adminitración Pública, Gabriela Bravo, que adopte medidas de acuerdo a la situación actual.
En particular, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó este jueves un escrito por registro de entrada en el que exige a Bravo que aumente la ratio permitida "de empleados públicos de la Generalitat que puedan teletrabajar". Un umbral que ahora mismo es del 30% y que el sindicato considera "insuficiente" en estos momentos "para limitar el riesgo de contagio entre los empleados públicos". "Por ello solicitamos expresamente la revisión de la resolución en su día dictada y la adopción de una nueva en la que se aumente ese porcentaje", señala el escrito.
En este sentido, reclama además que a la hora de establecer turnos de teletrabajo se tenga en cuenta los municipios valencianos que actualmente se encuentran cerrados perimetralmente. "No parece razonable que se confine un municipio de la Comunitat y se permita salir del mismo para acudir a su puesto de trabajo, máxime cuando existen mecanismos para desarrollar este trabajo de forma no presencial", exponen.
Dos consideraciones que comparten tanto UGT, como Intersindical. El primero, emitió un comunicado a última hora de la tarde de este jueves en el que también pide ampliar el porcentaje de funcionarios que teletrabajen como mínimo al 50% "en todos los centros de la Comunitat Valenciana". Una cifra que, además, consideran que debería revisarse de manera quincenal atendiendo a la evolución de la pandemia.
El porcentaje, no obstante, aumentaría al 100% en los centros que se sitúen en los municipios confinados, "así como para los empleados públicos que residan en los mismos", reclama el sindicato. E Intersindical, por su parte, exige que se implante el teletrabajo "como mínimo" con el mismo porcentaje que se aplicó en pleno confinamiento.
Con este escenario, los tres sindicatos también piden a la Conselleria de Administración Pública que suspenda las oposiciones que deben realizarse en las próximas semanas.
"Consideramos que ante la gravedad de la situación pandémica la conselleria debe dictar las instrucciones necesarias para aplazar los procesos selectivos que estén convocados para el mes de enero hasta que la situación sanitaria permita su celebración en condiciones de seguridad para los participantes y los organizadores", traslada el escrito de CSIF al departamento de Bravo.
En esta misma línea, UGT demanda a la consellera que suspenda "todas las pruebas selectivas previstas en las próximas semanas, considerando que se trata de eventos con agrupación de personas cuya realización puede retrasarse hasta una mejora de la situación sanitaria". Pero no solo eso. También ruega "conocer la incidencia de los exámenes realizados el 19 y 20 de diciembre donde se concentraron más de 1000 personas en Valencia", y advierte que pedirán responsabilidades "por los informes favorables a su realización, como el aval de la Secretaría Autonómica competente en Salud Pública". "Fue una irresponsabilidad", añaden fuentes sindicales.