VALÈNCIA. Las cifras de contagios y fallecimientos que dejó la covid-19 la semana pasada en la Comunitat Valenciana alarmaron a los sindicatos mayoritarios de la Función Pública. CSIF, UGT e Intersindical pidieron a la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo que incrementara la ratio permitida de empleados públicos de la Generalitat que puedan teletrabajar, ya que el límite la semana pasada se hallaba en el 30%.
Una petición que también iban a realizarle las consellerias de Compromís este lunes. Sin embargo, antes de que se produjera esta petición, la Conselleria de Bravo convocó la comisión de seguimiento que adopta medidas contra la covid-19 para trasladar a los sindicatos que el departamento aumentaría del 30% al 50% el porcentaje máximo de funcionarios que podrán pasar a teletrabajar.
Una decisión que, si bien celebraron las organizaciones sindicales, también instaban a que no fuera una cifra límite, sino mínima bajo la que las consellerias pudieran organizar a los empleados públicos. De hecho, UGT trasladaba a media tarde que la nueva resolución permitiría aumentar el teletrabajo "hasta un 50% de los efectivos, que se corresponde con el mínimo que habíamos solicitado". Así, el sindicato trasladó en el encuentro que dicho porcentaje no debería "ser un porcentaje limitador" y la Generalitat autorizar el teletrabajo a "tantos empleados públicos cuyas funciones lo permitan".
En esta línea, también CSIF puso sobre la mesa incrementar el porcentaje de personas que pudieran acogerse a esta modalidad de trabajo no presencial "al menos hasta el 50%". Es decir, que la Central Sindical Independiente de Funcionarios también se planteaba esta cifra como mínima y no máxima, tal y como resolvió este lunes la Conselleria de Administración Pública. Incluso, el sindicato plantea la posibilidad de revisar este porcentaje "en función de la evolución de la pandemia".
Ambas organizaciones, como también Intersindical, solicitaron además al departamento de Bravo que el personal que tenga su residencia en las localidades confinadas -actualmente 29 municipios están cerrados perimetralmente- no compute dentro de ese porcentaje del 50%. Una posibilidad que, no obstante, Justicia rechazó.
Por otra parte, los sindicatos -a excepción de CCOO- reclamaron a la Conselleria de Función Pública que cancelara los exámenes de acceso a la Administración previstos para este mes de enero dada la situación actual. Un requerimiento que el departamento de Bravo tampoco estimó al considerar que no se producirán aglomeraciones dado que el número de aspirantes es de 233, 178 de la ciudad de València.