Luces y sombras sobre el Ingreso Mínimo Vital

VALÈNCIA. Este lunes comenzó el plazo para poder solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la nueva prestación aprobada por el Gobierno central para "reducir el nivel de pobreza y exclusión" en España y "cubrir situaciones de vulnerabilidad causadas por la covid-19" en palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Una ayuda celebrada en todos los territorios por su fin en sí mismo, pero cuestionada por la forma en la que será gestionada en todas las autonomías -a excepción de País Vasco y Navarra que tendrán transferida la 'competencia' para tramitarla- por la disfunción en la que puede acabar derivando. 

En la Comunitat Valenciana, de hecho, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra solicitó que esta prestación fuera tramitada por las comunidades autónomas y el Ejecutivo central se limitara a transferir los fondos, como ocurre con la dependencia. Después de que un escenario así fuera descartado por el Ministerio, salvo para las autonomías mencionadas tras la negociación con el PNV, el Consell solicitó "cogestionar" esta ayuda para evitar una descoordinación entre administraciones, dado que en la Comunitat Valenciana ya se encuentra operativa la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) desde la legislatura pasada y el Botànic II no quería que entrara en "colisión" con la nueva ayuda estatal. 

La intención, según explicaron fuentes del departamento de Igualdad en su día, era no generar duplicidades por los mismos conceptos. Por ello, plantearon la suscripción de un convenio con las CCAA para gestionar de manera paralela ambas prestaciones y que éstas pudieran adaptarse a las circunstancias de cada solicitante. De esta manera, la Comunitat Valenciana tendría acceso al listado de personas que reciben el IMV, y con la RVI podría complementar el dinero que éstas percibieran para garantizar unos ingresos mínimos a los receptores. Así también se evitaría un doble pago de dos administraciones por el mismo concepto y, además, la Generalitat Valenciana contaría con más fondos a repartir entre más beneficiarios por una gestión más eficiente. 

Los convenios, sin embargo, no está previsto que se produzcan al menos hasta 2021, según el Ministerio de Inclusión. Y las sombras que genera, por tanto, su diligencia se acumulan en los ayuntamientos, dado que serán los servicios sociales municipales los que se encargarán del procedimiento de adjudicación de prestaciones aunque la competencia sea de la Seguridad Social. 

-Duplicidad de pagos. La Comunitat Valenciana solicitó cogestionar esta ayuda para poder gestionar de una manera más eficiente su Renta Valenciana de Inclusión. El objetivo que se buscaba con esta cogestión era tener acceder al listado de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y complementar con la RVI lo que percibiera un beneficiario de la ayuda estatal. Por ejemplo, en el caso de que una persona tuviera reconocida una de las modalidades que existen de las ayudas autonómicas con un reconocimiento de 800 euros al mes (hay un total de cuatro categorías y la cuantía a percibir varía en función del número de personas que forman la unidad familiar) y por el IMV se considerara que tiene derecho a percibir 600 euros por su situación, la intención de la Conselleria era complementar esos 200 euros de diferencia para que el receptor siguiera cobrando lo mismo y Políticas Inclusivas pudiera gestionar mejor los fondos de su prestación autonómica para llegar a más usuarios. 

Sin embargo, para ello sería necesario firmar un convenio que no se espera hasta 2021. Y, por tanto, sin tener acceso a ese listado el Consell ve complicado el día a día de esta ayuda y teme que se puedan duplicar pagos por el mismo concepto. Si en un futuro, además, se advirtiera este fallo y se quisiera reclamar al receptor la devolución de la cuantía que ha cobrado por duplicado, la tramitación sería compleja porque probablemente el usuario ya no contaría con estos fondos. 

El Gobierno, sin embargo, no considera que pueda producirse esta duplicidad de pagos porque el propio Decreto-Ley contempla en una disposición transitoria que las CCAA podrán enviar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) "en bloque los beneficiarios de sus rentas mínimas y así detectar cuanto antes posibles solapamientos". El artículo 10 de la disposición transitoria primera recoge que el INSS, encargado de los pagos, podrá reconocer hasta el 31 de diciembre de 2020 esta prestación del IVM "a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las comunidades autónomas, cuando estas comuniquen que consideran que podrían acreditar los requisitos para acceder a la prestación". Para ello, la Generalitat Valenciana deberá comunicar al INSS de forma telemática "los datos necesarios para la identificación de las potenciales personas beneficiarias y la verificación de los requisitos de acceso a la prestación". De la misma manera, esta entidad le trasladaría al Gobierno valenciano los "expedientes resueltos". Sin embargo, esta cuestión tropieza con otra duda o sombra que ha generado el trámite de esta ayuda: el colapso de los servicios sociales municipales. 

-La gestión de los ayuntamientos. Actualmente, más de 54.000 personas son beneficiarias ya de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, siguen sin ser todas las que han solicitado esta ayuda y los ayuntamientos, que son los que gestionan esta prestación, acumulan retrasos de más de nueve meses en las tramitaciones. Un contexto que temen que se replique en el IMV o que, en su defecto, termine atascando aún más el sistema, que con los mismos recursos humanos deberá tramitar dos ayudas. 

Además, la solución que plantea el artículo 10 de la disposición transitoria primera para evitar duplicidades -que la CCAA comunique al Ministerio quienes son beneficiarios de la prestación autonómica, en este caso la RVI- trae aparejada una problemática: no se ha contemplado que esa cesión de datos pueda hacerla la autonomía sin el consentimiento previo del interesado amparándose en la normativa europea, por lo que la Ley de Protección de Datos obligaría a Políticas Inclusivas a solicitar previamente por escrito a más de 54.000 personas el permiso para transferir sus datos. Una deficiencia sobre la que alertó la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas el 19 de mayo al Ministerio -en ella recomendó acogerse a la normativa europea para sortear esta cesión previa de datos-, pero la petición no fue atendida por el Gobierno central. Una circunstancia que, a buen seguro, generará atascos burocráticos en los servicios sociales. 

-Escasos recursos humanos y sin compensación. Por el momento, los servicios sociales municipales se niegan a tramitar esta ayuda por la sobrecarga que supondrá esta gestión sin que se haya contemplado una compensación al personal por ello. No sólo deberán gestionar la ayuda autonómica, también la estatal y cargar con los tropiezos burocráticos mencionados. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad consideró hace dos semanas en un pleno del Consell que si el IMV se vehiculaba a través de los ayuntamientos sería necesario "plantear un refuerzo de los servicios administrativos" así como que el Ejecutivo central aumentara la dotación del Plan Concertado que lleva congelado desde 2008 para que las CCAA como la valenciana que se han hecho cargo de políticas sociales no soporten todo el peso sin los fondos suficientes. 

-Falta de planes de inserción. Por último, otra de las cuestiones que solicitaba la Comunitat Valenciana era que la percepción de este ingreso estatal fuera aparejado, de la misma manera que la RVI, a un plan de inserción socio laboral para sus receptores. Una cuestión que el decreto ley no contempla. De hecho, también la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas alertó al Ministerio sobre esta cuestión el 19 de mayo. En aquel comunicado, Oltra trasladó al Gobierno que el IMV era una prestación no condicionada al proceso de inclusión de los beneficiarios y valoraba "únicamente la situación económica de la persona sin tener en consideración su situación social u otros factores de exclusión". En la carta remitida al Ministerio de Escrivá también se trasladaba que la propuesta del Gobierno central era "un híbrido". "Aspira a ser una renta básica universal donde no haya requisitos, pero realmente se centra solo en las familias empobrecidas como se realiza en las rentas mínimas. Sin embargo, se las desvincula de la posibilidad de acompañamiento profesional para romper con la cronicidad y la transmisión intergeneracional de la pobreza", recogía la misiva. 

Escrivá asegura que será una "ventanilla única"

Toda una serie de dudas y sombras que, sin embargo, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, simplificó al asegurar que el Gobierno trabajará con las comunidades autónomas para "ir a un modelo simplificado de ventanilla única" para gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las prestaciones de renta garantizada autonómicas. El ministro defendió en una entrevista en Catalunya Ràdio que el criterio que tiene que prevalecer es el de eficacia y rapidez en el servicio.