VALÈNCIA. (EP). La diputación permanente de Les Corts ha convalidado este miércoles el decreto-ley para el rescate de municipios valencianos con dificultades financieras graves o en riesgo de despoblación, con un máximo de 240 millones de euros para el periodo 2019-2023 y la posibilidad de que los ayuntamientos puedan traspasar suelo o activos inmovilizados a la Generalitat, así como autorizar nuevo endeudamiento.
La norma ha salido adelante en la última sesión parlamentaria antes del 28A, con los votos a favor del PSPV y Compromís (11 votos) y la abstención de Podem, PP y Ciudadanos (12). La formación morada ha rechazado sumarse al apoyo de los otros dos grupos del Botànic al entender que se trata de un "parche" y que no está justificada su urgencia por ser un plan a cinco años que depende de cada presupuesto anual del Consell.
El síndic de Podem, Antonio Estañ, ha criticado así que el decreto no establece un mínimo, por lo que "no hay compromiso legal y garantiza a día de hoy cero euros a los municipios". Ha denunciado que las medidas pretenden ayudar a ayuntamientos "estrangulados en gran parte por gobiernos del PP y PSOE" y que se trata de "una promesa electoral" a dos días del inicio de la campaña.
Por contra, ha defendido que lo prioritario es descentralizar la administración y abordar el modelo de las diputaciones para que sean útiles, algo que Podem considera que "han ido prometiendo y renunciando y no se han atrevido a hacer". "Se puede hacer más y mejor en la próxima legislatura, esperamos ser más valientes", ha aseverado.
Más crítico ha sido Rubén Ibáñez (PP) --grupo que ha pedido sin éxito que se tramite como proposición de ley--, que ha tachado la norma de "publicidad absolutamente engañosa" y "el gran engaño del PSOE y Compromís con los municipios".
Ha advertido que es necesario leer la letra pequeña, por lo que "pintan como novedad algo que no es cierto: ya incluyeron en 2018 un millón para municipios con dificultades económicas", aunque ha asegurado que finalmente esta línea se "recortó" a 50.000 euros y llegó a no ejecutarse.
El 'popular' ha afirmado que el año pasado "ya dijeron que era algo urgentísimo y no dieron nada a los ayuntamientos" y ha censurado que el decreto fije un máximo de 240 millones cuando en las cuentas de 2019 hay 500.000 euros para municipios "absolutamente agobiados". "¿Qué broma es esta?", se ha preguntado.
Y ha alertado que la norma conlleva dos "obligaciones" para que los ayuntamientos puedan acogerse: "Subir y poner en marcha todos los impuestos voluntarios de la hacienda pública, los del ICIO y plusvalía, cuando más de cien municipios no tiene ninguno de los dos, y enajenar su patrimonio a un precio de tasación o al menos al 50%" para que la Generalitat pueda adquirir activos municipales.
Al igual que Podem, el diputado del PP ha subrayado que se trata de una medida electoralista y ha puesto como ejemplo -fotografía en mano-- la reunión que mantuvo la pasada jornada el director general de Administración Local, Toni Such, con representantes de los ayuntamientos de Altura, Navajas, Lucena, Villores, Palanques y Zorita para explicarles la norma. "Les ha prometido tres millones y medio cuando la ley de presupuestos dice que se da por concurrencia competitiva; menuda concurrencia cuando les van a dar el dinero a dedo", ha atacado.
También de la oposición, la síndica de Cs, Mª Carmen Sánchez, ha coincidido en que es una norma "ad hoc para la campaña" y "un 'decretazo' que no tiene nada de extraordinario". Ha recordado que los ayuntamientos "llevan años en esta lamentable situación, más tiempo que el chasco del Botànic" y ha afeado que salga "cuando están disueltas Les Corts y a dos días de campaña". "Qué vergüenza que jueguen con los intereses para hacer política", ha lamentado, y ha urgido a una "solución nacional" en lugar de una "leve tregua".
Del grupo socialista, Alfred Boix ha defendido que el decreto "cierra un círculo" de apoyo del Consell al municipalismo tras "años de promesas incumplidas", con la intención de que puedan salir "de la situación heredada por la mala cabeza de muchos dirigentes". Ha subrayado el caso de 27 municipios endeudados de la Comunitat y 155 en riesgo de despoblación para negar que sea electoralista o una improvisación.
En la misma línea, Mónica Álvaro (Compromís) ha señalado que la norma es necesaria para dar una salida a "muchos ayuntamientos que necesitan asegurar servicios por la herencia recibida y sobre todo la mala gestión anterior, como Altura o Barracas, o para afrontar el problema flagrante del envejecimiento, como Palanques con 32 habitantes".
Ha llamado a que las tres diputaciones aumenten la cuantía que destinan a las localidades y a que se aborde con la misma intensidad la financiación autonómica que la local. "Tendremos que responder por quien no lo hace al grito del vecino", ha manifestado.
Contra la despoblación
En concreto, el decreto-ley 3/2019 --aprobado el 22 de marzo por el pleno del Consell-- pretende garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos en localidades con dificultades financieras especiales o que forman parte de zonas rurales con "el problema cada vez más amenazador" de la despoblación, como ha expuesto el conseller de Hacienda, Vicent Soler, que ha defendido la "urgencia" de su aprobación para que no se dilate en el tiempo su entrada en vigor.
Algunos objetivos son que los municipios puedan devolver los préstamos contraídos en los últimos años y establecer un marco especial para la transmisión de activos a la Generalitat, de forma voluntaria, "con respeto a la autonomía local" y en paralelo a las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno central. La principal meta es que puedan reducir su nivel de deuda por debajo del 110% de sus ingresos en seis años.
También incluye la financiación de los déficits de explotación y amortización de instalaciones de carácter municipal, supramunicipal o del sector público y de aquellas inmersas en un plan de saneamiento tutelado por el Estado que obligue a su equilibrio o cierre, así como las de los municipios en riesgo de despoblación.
